La perseverante lucha de cinco años del Grupo de Acción por el Biobío (GAB), una red de organizaciones ecologistas, está detrás del conflicto de Endesa, la mayor empresa eléctrica de Chile, con el Banco Mundial.
Juan Pablo Orrego, un ecólogo doctorado en Canadá, y Cristián Opazo, un periodista que vivió exiliado en Estados Unidos, dirigentes del GAB, lograron que el Banco Mundial pusiera en tela de juicio a un consorcio que simboliza la expansión del empresariado chileno.
El Banco Mundial sostiene que Endesa no cumplió compromisos ambientales y sociales en la construcción de Pangue, una megacentral hidroeléctrica que forma parte de una red de cinco plantas que la empresa proyecta construir en el alto Biobío, unos 500 kilómetros al sur de Santiago.
Las principales víctimas del incumplimiento de Endesa son unas 200 familias de indígenas pehuenches cuyas tierras serán inundadas por las represas de Pangue y de Ralco, la segunda de las centrales proyectadas por el consorcio en el Biobío, el río más importante de Chile.
James D. Wolfensohn, presidente del Banco Mundial, advirtió en una carta al ministro de Hacienda de Chile, Eduardo Aninat, que el organismo multilateral puede declarar a Endesa como un acreedor en mora.
La Corporación Financiera Internacional (CFI), brazo financiero del Banco Mundial para préstamos a privados, otorgó un crédito directo de 70 millones para Pangue y avaló otro crédito por 100 millones de un consorcio de bancos.
Endesa, el consorcio surgido de la privatización de la antigua Empresa Nacional de Electricidad en las postrimerías de la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-90), rechaza los cargos de incumplimiento y sostiene que el Banco Mundial actúa bajo "presiones ambientalistas".
Endesa es la empresa chilena de mayor expansión internacional, con inversiones durante la presente década en Argentina, Perú y Brasil, y planes para instalarse en Colombia, donde se iniciará el proceso de privatización del sector eléctrico.
Los ejecutivos de Endesa sostienen que si no llegan a un acuerdo con el Banco Mundial podrían anticipar la amortización del crédito que les otorgó la CFI y aseguran que no necesitan de préstamos de esta institución para construir Ralco.
Es un hecho, sin embargo, que si el consorcio no soluciona su conflicto con el Banco Mundial verá seriamente dañada su imagen ante la banca internacional y ante gobiernos cada vez más sensibles a los aspectos ambientalistas.
Pangue, con una potencia de 450.000 kilowatios, cuenta con un embalse de 175 millones de metros cúbicos de agua, y su inauguración está anunciada para marzo próximo, en tanto Ralco sería puesta en servicio en el año 2002.
Esta última, ubicada 30 kilómetros más arriba de Pangue en el alto Biobío, tendrá un embalse siete veces más grande, para 1,22 millones de metros cúbicos de agua, y una potencia instalada de 570.000 kilowatios.
El presidente de Chile, Eduardo Frei, quien abiertamente se puso de lado de Endesa ante las críticas del GAB a las dos centrales, debe inaugurar personalmente Pangue, pero este acto protocolar le resultará incómodo si continúa el conflicto con el Banco Mundial.
Orrego y Opazo impugnaron la posición oficial de considerar la pugna entre Endesa y la CFI como "un problema entre privados" y sostuvieron que también está en juego el prestigio del gobierno de Chile y su capacidad para controlar que una empresa cumpla con las normas ambientales.
Este aspecto podría a su vez incidir en las exigencias que planteen legisladores estadounidenses si autorizan al presidente Bill Clinton la "vía rápida" para la adhesión de Chile al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC).
La luz de alarma sobre la actitud de Endesa en Pangue fue encendida en octubre de 1995 por Orrego y Opazo, quienes presentaron en Washington una queja formal contra el consorcio ante el Panel de Inspección del Banco Mundial.
La queja fue apoyada por importantes grupos ambientalistas de Estados Unidos y como consecuencia de ello el banco instruyó a la CFI para que hiciera sendas evaluaciones de la marcha de Pangue a cargo de expertos independientes.
Jay Hair, un ambientalista de la National Wild Life Federation, y el antropólogo Theodore Downing, investigador en desarrollo social de la Universidad de Arizona, viajaron cada uno por separado por lo menos dos veces a Chile durante 1996.
Sus informes fueron altamente críticos para Endesa y su filial Pangue, así como para la Fundación Pehuén, creada por el consorcio para atender la situación de las familias indígenas desplazadas por los embalses.
Downing comprobó que las tierras ofrecidas en canje a los pehuenches no eran aptas para que preservaran sus hábitos y formas de vida ancestrales, y que sólo uno por ciento de los indígenas mejoró sus condiciones de vida con la llegada de Endesa.
Más de 90 por ciento de los pehuenches de las tierras invadidas por el consorcio viven hoy en condiciones de indigencia, debido al impacto cultural y a la deforestación de sus tierras, que los privan de los medios esenciales para su sustento, añaden los informes encargado por la CFI.
La Comisión Nacional de Desarrollo Indígena, organismo asesor del gobierno, se opone a los proyectos de Endesa en el alto Biobío porque involucran no sólo la destrucción de un ecosistema fluvial único en el mundo sino también un etnocidio cultural.
La Comisión Nacional del Medio Ambiente también ha hecho objeciones al proyecto de Ralco, rechazando el estudio de impacto ambiental presentado por Endesa, en tanto la Comisión Nacional de Energía apoya la construcción de la central.
En el alto Biobío se advierten las contradicciones no resueltas entre la normativa ambiental, las leyes de protección a los pueblos indígenas y los ambiciosos planes de desarrollo del sector energético.
Hasta el momento el presidente Frei, un ingeniero civil especializado en hidraúlica, apuesta por el desarrollo energético en perjuicio del ambiente y los indígenas, pero tal vez se vea forzado a cambiar de opinión o por lo menos a matizar sus posiciones. (FIN/IPS/ggr/ag/en/97
