El gobierno de Chile confirmó hoy que el Banco Mundial acusó al consorcio Endesa de incumplimiento de compromisos ambientales y sociales en la construcción de dos grandes centrales hidroeléctricas en el río Bío-bío, al sur del país.
El ministro de Hacienda, Eduardo Aninat, aclaró sin embargo que el gobierno no intervendrá en el conflicto entre Endesa y la Corporación Financiera Internacional (CFI) del Banco Mundial, involucrada en el financiamiento de las centrales Pangue y Ralco.
Dos diarios divulgaron este jueves una carta que el presidente del Banco Mundial y de la CFI, James D. Wolfensohn, envió hace dos semanas a Aninat acerca de las controvertidas centrales que se construyen en el alto Bío-bío, unos 500 kilómetros al sur de Santiago.
La carta es un virtual respaldo al rechazo de grupos ecologistas e indígenas a ambas centrales por su negativo impacto sobre el ecosistema del río y unas 200 familias de la etnia pehuenche que habitan ancestralmente en el lugar y serán desplazadas por la construcción de las represas.
La CFI concedió en 1993 un crédito de 170 millones de dólares a Endesa para Pangue, que será inaugurada en marzo de este año, y el consorcio aspira a un nuevo financiamiento para Ralco, que entraría en funciones el año 2002.
Aninat confirmó igualmente que dos enviados de la corporación, su vicepresidenta y abogada jefe, Carol Lee, y el vicepresidente de administración de cartera, Assad Jabre, estuvieron en Santiago la semana pasada para entrevistarse con funcionarios del gobierno y ejecutivos de Endesa.
El ministro confió en una pronta solución del conflicto, que calificó como "un problema entre privados", aunque aseguró que el gobierno del presidente Eduardo Frei "no es indiferente al tema ambiental".
Endesa, un consorcio surgido de la privatización de la antigua Empresa Nacional de Electricidad bajo la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-90), es hoy una de las mayores empresas chilenas con grandes inversiones en Argentina, Perú y Brasil.
El Grupo de Acción por el Bío-bío (GAB), formado por ecologistas, indígenas y otras organizaciones sociales, acusa a Frei de favorecer los proyectos de Endesa en el río, el más importante de Chile.
El GAB plantea que si se materializa el proyecto de construir seis centrales en cadena en el curso alto del Bío-bío no sólo se cometerá un etnocidio contra los pehuenches, sino que se destruirá igualmente un ecosistema fluvial único en el mundo.
El proyecto de Pangue fue aprobado antes de la expedición en 1993 de la ley marco del Medio Ambiente y por tanto no se exigió a Endesa la presentación de un estudio de impacto ambiental de la obra.
No obstante, el consorcio debió adoptar una serie de compromisos ambientales y sociales ante el Banco Mundial para acceder al crédito de la CFI, los cuales ha cumplido en sólo una quinta parte, según la carta de Wolfensohn.
El Banco Mundial podría declarar a la compañía en mora en el cumplimiento de sus obligaciones y bloquear la posibilidad de que Endesa consiga nuevos créditos multilaterales para la construcción de Ralco.
Portavoces de Endesa afirmaron que el consorcio cumplió con sus compromisos ambientales y sociales en Pangue y sugirieron que la evaluación de la CFI fue hecha por un consultor identificado con las críticas del GAB.
La evaluación de la CFI destacó que en Pangue no se cumplieron medidas de resguardo social y cultural de las familias pehuenches y que la situación de pobreza se agravó en el área de construcción de la central.
El estudio de impacto ambiental de la central Ralco fue a su vez rechazado en 1996 por la gubernamental Comisión Nacional del Medio Ambiente, que pidió al consorcio un nuevo estudio sobre los efectos ecológicos y étnicos del proyecto.
No obstante, Endesa sigue adelante con el proyecto, con el implícito respaldo de la Comisión Nacional de Energía y del propio presidente Frei. (FIN/IPS/ggr/ag/en-if/97
