Más de 3.000 reclusos de siete penales de Bolivia llevan a cabo una huelga de hambre para protestar contra la retardación de justicia.
Los restantes 3.300 presos de los otros 25 centros penitenciarios del país podrían sumarse próximamente a la medida.
Una comisión tripartita (gobierno-parlamento-Poder Judicial) fue constituida para la búsqueda de soluciones al creciente conflicto, con el respaldo del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y bajo la dirección del vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas.
El ayuno voluntario fue iniciado el martes y rápidamente se fue extendiendo.
Los detenidos en huelga de hambre corresponden a los penales de San Pedro, Chonchocoro, Centro de Orientación Femenina de La Paz, San Pedro de Oruro, San Sebastián y San Antonio de Cochabamba, y Morros Blancos de Tarija.
Los reclusos reclaman la aplicación la ley de Fianza Juratoria, promulgada por el gobierno de Sánchez de Lozada en febrero de 1996.
Esa ley permite a los presos acogerse al beneficio de libertad provisional con la sola promesa jurada del encausado de cumplir condiciones sencillas como comparecer ante las autoridades cada vez que sean requeridos, o no cambiar de domicilio ni ausentarse del país sin autorización del juez de la causa.
La legislación beneficia principalmente a las personas de escasos recursos que no están en condiciones de ofrecer fianza real o personal.
El ordenamiento legal, conocido popularmente como "ley Blattmann", por haber sido su impulsor el ministro de Justicia René Blattman, es también uno de los principales recursos para combatir la retardación de justicia.
Así, ordena la libertar provisional del imputado si trascurriesen 160 días de su detención sin haberse dictado auto final de instrucción o si la sentencia no es pronunciada en 18 meses.
Sin embargo, hay personas presas sin sentencia durante más tiempo del que pudiera establecer la más dura de las condenas para el caso del delito.
Preocupado por la efectividad de su ley, el ministro de Justicia señaló que la huelga de hambre puede haberse debido a errores de interpretación entre los reclusos que creen calificar para el beneficio de libertad provisional o a la falta de una respuesta efectiva a los plazos procesales por los jueces.
"Bolivia era un país que sufría de una crónica retardación de justicia. Con la ley se redujo este índice de 91 al 59 por ciento, logrando el segundo lugar de incidencia más baja en América Latina", aseguró.
Blattmann afirmó que en su primer año de vigencia la ley se aplicó en 1.576 casos, 27 por ciento de la población penitenciaria de Bolivia.
"Hay retardación de justicia, pero eso no se debe a que los jueces no hayan hecho justicia prontamente. Cada juzgado tiene aproximadamente un millar de sumarios que se tramitan en forma permanente y paulatinamente se van sumando nuevos casos", dijo el juez Alberto Costa, de La Paz.
La masiva huelga de reclusos ha sido observada con simpatía por sectores sindicales, pero también por las propias autoridades de gobierno.
Algunos ministros de Estado manifestaron públicamente su solidaridad con los ayunadores, porque admiten que el problema de la retardación de justicia es real.
Incluso el subsecretario de Régimen Penitenciario, José Luis Harb, dijo que si aplicara en estos días la Ley de Fianza Juratoria unos 700 presos de todo el país podrían obtener la libertad condicional.
"Una sociedad que se precia de ser democrática debe tener una institucionalidad en el ambiente jurídico y la administración de justicia, que permita un sano equilibrio y reproduzca las condiciones objetivas para el efecto", afirmó Harb.
Según el subsecretario, los reclusos que cuentan con sentencias ejecutoriadas no alcanza el 30 por ciento del total. El resto permanecen detenidos sin procesos concluidos, y en muchos casos ni siquiera iniciados. (FIN/IPS/jcr/dg/ip-hd/97
