La compañía petrolera estadounidense Unocal anunció la ampliación de sus operaciones en Birmania, pese a las críticas de Washington al régimen militar impuesto en esa nación del sudeste de Asia.
Unocal, de California, se propone explorar y explotar yacimientos de gas natural en la plataforma marítima de Birmania, donde ya era el mayor inversionista estadounidense. Mientras, otras empresas de Estados Unidos, como Pepsi, comunicaron su retiro de ese país.
El gobernante Consejo de Restauración de la Ley y el Orden ha sido denunciado internacionalmente por la represión del movimiento democrático y por supuestamente emplear mano de obra forzada y participar en el tráfico de drogas.
El Departamento de Estado de Estados Unidos aseguró que la violación de derechos humanos aumentó el año último en Birmania. En tanto, el grupo Human Rights Watch/Asia acusó a la junta militar de usar mano de obra esclava para obras de infraestrucutura destinadas a atraer la inversión extranjera.
Quince representantes de la etnia birmana karen iniciaron en octubre una acción judicial contra Unocal. Según los demandantes, la compañía petrolera comparte de modo indirecto la responsabilidad por los atropellos denunciados, e incluso por el sometimiento a trabajo forzado a 500.000 birmanos.
Unocal replicó que su relación con el Consejo de Restauración no lo compromete con los hechos que se atribuyen al Consejo de Restauración.
David Garcia, representante de relaciones públicas de la compañía, afirmó a IPS que el principal proyecto de Unocal, un gasoducto a construirse en Yadana en acuerdo con el gobierno birmano y la empresa francesa Total, es "honesto".
"No hay violación de derechos humanos en el proyecto" Yadana. La información está distorsionada", dijo García.
Agregó que Unocal facilitó a la prensa internacional el ingreso al área de las obras, para demostrar la ausencia de trabajo forzado y de otras irregularidades. La empresa invoca también en su apoyo las condiciones laborales en las otras zonas en que realiza operaciones.
Pero según Mike Jendrzejczyk, director en Washington de Human Rights Watch/Asia, "toda inversión extranjera en Birmania se beneficiará de la infraestructura creada con mano de obra forzada, como hoteles y carreteras".
Human Rights Watch/Asia solicitó a todos los inversionistas ignorar Birmania mientras persista allí la violación de los derechos humanos.
Mientras, Washington mantiene sus críticas a la junta militar, pero no ha pedido la retirada de las empresas estadounidenses de Birmania.
"No desalentamos activamente a ninguna firma estadounidense que pretenda invertir (en Birmania), pero tampoco la alentamos. Unocal es dueña de decidir si quiere o no" realizar negocios en ese país, explicó Nicholas Burns, portavoz del Departamento de Estado.
Unocal "resolvió tomar el riesgo", observó Jendrzejczyk. Agregó que para muchas empresas, la represión política en Birmania representa un dilema.
En efecto, los inversionistas extranjeros deben afrontar invertidumbres políticas y su presencia en ese país ensombrece su imagen pública.
Pero permanecer al margen significaría para las compañías estadounidenses dejar contratos potencialmente lucrativos a disposición de empresarios japonesese y de otra procedencia.
Las autoridades municipales de Madison, en el estado de Wisconsin, y de Berkeley, California, prohibieron a los residentes en esas ciudades firmar contratos con el régimen militar de Rangún, y grupos estudiantiles lanzaron una campaña por el retiro de las inversiones de Birmania.
Esa presión determinó a PepsiCo a unirse a las firmas Levi- Strauss, Reebok y Macy's, que ya habían abandonado Birmania.
"PepsiCo cuida su imagen pública. Orienta su publicidad a la juventud, y si los jóvenes participan en un boicot, los sigue", indicó Sein Win, dirigente en el exilio de la Liga Nacional por la Democracia, de la Premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi.
Todavía permanecen en Birmania algunas empresas petroleras, como la francesa Total, Unocal y las también estadounidenses Texaco y Atlantic-Richfield Company (ARCO), que pagan el precio de una ola de críticas.
Los activistas acusan a esas compañías de ayudar indirectamente al régimen militar a contener el creciente clamor por la democracia.
"El gasoducuto (de Yadana) será la principal fuente de divisas del Consejo de Restauración. Nada afectaría más al régimen militar que la retirada del proyecto de las compañías petroleras de Estados Unidos y Europa. Esas empresas cargan una pesada responsabilidad", afirmó el financista estadounidense George Soros.
Suu Kyi, triunfante en las anuladas elecciones de 1990, también volcó su presión moral sobre las petroleras extranjeras.
Los beneficios de la explotación y transporte de gas natural "sólo servirán para enriquecer a una pequeña y privilegiada elite", advirtió Suu Kyi en una declaración grabada en su residencia en Rangún.
"La presencia de Unocal, ARCO y Texaco prolonga la agonía de mi país, ya que alienta al régimen militar a mantener su intransigencia", agregó. (FIN/IPS/tra-en/fah/yjc/ff/hd if/97
