Los usuarios de teléfonos en Argentina, cautivos desde la privatización de la companía estatal en 1990, ganaron hoy una batalla judicial para detener un ajuste de tarifas considerado perjudicial para el ciudadano común.
Tres días antes del "apagón telefónico" convocado por la oposición para protestar contra un ajuste tarifario, la justicia ordenó este viernes suspender los aumentos que regían desde el día 1, a solicitud del defensor del pueblo.
La presidenta de la Asociación de Defensa del Consumidor, Ana María Luro, dijo a IPS que el decreto presidencial que avalaba los aumentos era abusivo y consideró que el fallo "es una buena noticia" para los consumidores.
El mercado argentino de las telecomunicaciones está dividido en dos, la mitad norte del país y de la ciudad de Buenos Aires es controlada por la francesa Telecom y el sur del país y de la capital por la española Telefónica.
Los usuarios no tendrán posibilidad de elegir la compañia de teléfonos al menos hasta 1999, año en que vence el período de vigencia del monopolio comprometido por el Estado argentino en el momento de la privatización de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones.
Las tarifas telefónicas internacionales en Argentina están entre las más caras del mundo.
Los empresarios consideran que este fenómeno representa un costo que desalienta inversiones externas. Por eso, las empresas buscan desde 1994 rebajar el precio de las llamadas al exterior, pero su propuesta fue balancear esa baja con el aumento de las tarifas urbanas residenciales.
El beneficio sería así para quienes hacen numerosas llamadas de larga distancia, principalmente empresas, a expensas de los particulares.
Desde ese momento, hubo una serie de audiencias públicas en distintos puntos del país, en las que participaron representantes del Estado, las empresas, los organismos de consumidores y los usuarios. Esas asambleas frenaron los aumentos hasta fines de 1996.
Entonces, el presidente Carlos Menem emitió un decreto aprobando un incremento del pagó básico por tener conectado el servicio de 41 por ciento en la capital y 66 por ciento en el interior del país.
También eliminó el beneficio de pulsos libres, que permitía a los usuarios hacer un mínimo de llamadas por el precio del abono básico.
Al mismo tiempo, se aumentó 33 por ciento el costo de las llamadas entre las 10 y las 13 horas, para compensar la rebaja en el precio de las llamadas al interior del país y las internacionales de entre 54 y 70 por ciento.
Pero según Luro, las llamadas internacionales sólo se bajaron para un puñado de países, entre ellos los vecinos del Mercosur (Brasil, Paraguay y Uruguay), y aún así siguen siendo más caras que en otros países.
Desde 1990, el año de la privatización, las empresas de teléfonos facturaron en conjunto más de 3.000 millones de dólares. Los usuarios reconocen que el servicio mejoró sustancialmente desde el traspaso, pero rechazan el monopolio.
Los partidos de oposición y las asociaciones de consumidores convocaron esta semana a una protesta, que se realizará el lunes próximo entre las 12.45 y las 13.00 horas, consistente en abstenerse de utilizar el servicio durante esos minutos.
Al mismo tiempo, convocaron a los ciudadanos a golpear cacerolas y tocar la bocina de los automóviles. El lema de la protesta es "enmudezca su teléfono, pero haga mucho ruido",
En forma paralela, la justicia hizo lugar este viernes al pedido del defensor del pueblo, Jorge Maiorano, quien había solicitado una medida cautelar para frenar el efecto de los aumentos avalados en el decreto presidencial.
Maiorano consideró que el fallo "beneficia al ciudadano común", aunque advirtió que las rebajas que se otorgaron para las llamadas de larga distancia, nacionales e internacionales, deben mantenerse, ya que están más cerca del nivel mundial.
Ahora, el defensor del pueblo presentará un recurso de amparo para anular los aumentos, una instancia para la que ya se están presentando numerosos particulares damnificados.
"Hay que detener la arbitrariedad de las empresas", afirmó Maiorano. (FIN/IPS/mv/ag/ip-if/97
