Una residencia de casi medio millón de dólares, un refugio privado con lago artificial, un helipuerto, un zoológico particular y un aeropuerto forman parte del suntuario complejo que espera al presidente de Argentina, Carlos Menem, para cuando abandonde su segundo mandato en 1999.
Pero para poder gozar de su pequeño paraíso, en su pueblo natal de Anillaco, en la provincia de La Rioja, el presidente deberá eludir la ira de la oposición, que este viernes oscilaba entre pedirle explicaciones por los bienes adquiridos o recibidos como regalo, o directamente reclamar su juicio político.
El escándalo se desató esta semana luego que se suspendiera la emisión de un programa de televisión que prometía un informe sobre las obras que se realizaban para usufructo exclusivo del mandatario en Anillaco, un caserío pobre de 800 habitantes.
La polémica que desató la censura de la emisora, que según los periodistas del programa actuó por presiones gubernamentales, obligó a la empresa a pasar el informe un día después, pero con mayor amplificación debido a la expectativa y a la polémica precedente.
El video muestra la residencia particular del presidente, de 750 metros cuadrados, el lago artificial que se construyó dinamitando un cerro, el zoológico con especies exóticas al que sólo se llega por helicóptero o vehículos de tipo cuatro por cuatro.
También se observa allí el aeropuerto de Anillaco, de las mismas dimensiones del de Buenos Aires, donde se reportan unos 400 vuelos diarios, construido en medio de la desértica Anillaco sólo para Menem y sus visitantes a un costo de cuatro millones de dólares.
La empresa que terminó la vivienda, la constructora Río Manso, asegura que se trató de una donación. Pero la misma compañía, que pertenece al intendente de la capital de La Rioja, está construyendo una universidad en esa provincia que cuesta 66 millones de dólares.
Según el Código Penal, los funcionarios que reciban dádivas o regalos pueden ser penados con prisión.
El proyecto de código de ética que impulsa el oficialismo agrega que un funcionario sólo puede recibir obsequios de hasta 50 dólares. Los que superen ese valor deben ser puestos a disposición del Estado.
Esto implicaría que, en caso de probarse que son donaciones, los bienes que se están construyendo para el presidente deberían ser "devueltos" en el mismo momento en que está previsto que comience a gozarlos, en 1999, cuando termina su segundo período de gobierno.
Menem se apresuró a aclarar que la casa de Anillaco está siendo construída con recursos genuinos de su familia. Sin embargo, no dio explicaciones respecto del aeropuerto, construido por la empresa Maquivial, que reclama su pago, pese a que el gobierno provincial asegura que se trata de otra donación.
En 1995, Menem dijo que el aeropuerto se estaba realizando con aportes de "grandes empresas constructuras". Pero no aclaró cuál era el objetivo de un aeropuerto levantado a 100 kilómetros del provincial, que tiene una frecuencia promedio de 1,5 vuelos diarios para toda La Rioja y la vecina Catamarca.
Maquivial es la misma empresa que ganó varias licitaciones en la capital argentina para la repavimentación de calles durante las gestiones de intendentes del gobernante Partido Justicialista (peronista).
Ahora, los pagos pendientes están bajo la lupa de la nueva autoridad comunal -de la opositora Unión Cívica Radical- por sospechas de sobreprecios.
El informe periodístico también revela que en Anillaco se está terminando un centro de investigaciones científicas y técnicas a un costo de seis millones de dólares, que el presidente había dicho que no se haría, y se está finalizando la construcción una represa.
La senadora Graciela Fernández Meijide, del opositor Frente País Solidario (Frepaso), advirtió que esa fuerza convocará al parlamento a ministros y funcionarios, y si es necesario pedirá el juicio político del presidente.
El presidente de la Unión Cívica Radical, Rodolfo Terragno, fue más cauto, al advertir que para un enjuiciamiento la oposición deberá tener mayoría.
No obstante, anticipó que discutirá con dirigentes de su partido la posibilidad de pedir explicaciones al presidente, o reclamar acciones penales en su contra. (FIN/IPS/mv/ag/ip/97
