El argumento podría devenir en un éxito de taquilla si fuera una película de terror, pero es real. Los argentinos se sienten inseguros porque cada vez que un delito muy grave sacude a la sociedad, las sospechas recaen sobre bandas criminales de policías que actúan con creciente impunidad.
Según una encuesta realizada por el Centro de Estudios de Opinión Pública, 85,3 por ciento de la población no se siente protegida, y una de las principales causas de esa inseguridad es la desconfianza respecto de la policía.
Un caso paradigmático de esta situación es el crimen del reportero gráfico José Luis Cabezas, que tiene a unos policías en la mira de otros policías. El cuerpo del fotógrafo apareció en enero calcinado dentro de su automóvil, con las manos esposadas y un disparo en la cabeza. Ningún rastro de los autores.
Dirigentes oficialistas y opositores se lanzaron enseguida a una discusión semántica sobre si se trata o no de "mafias", "bandas armadas", "organizaciones criminales" o si se asiste a una "colombianización" de la sociedad, en alusión a la violencia generalizada que reina en ese país.
La antropóloga Sofia Tiscornia, experta en violencia institucional y seguridad ciudadana, dijo a IPS que no se trata de mafias al estilo de las de Italia o Estados Unidos, que son organizaciones privadas que eventualmente sobornan a los agentes estatales como un recurso que les allana el camino.
"En Argentina el fenómeno es diferente porque no es un poder que se apoya en la policía sino que es la propia policía la que promueve, organiza y comete el delito para su beneficio", señaló la experta, y alertó sobre el peligro de quitar responsabilidad a los funcionarios al sugerir que actúan para terceros.
A casi dos semanas de iniciadas las investigaciones del caso Cabezas, varios jefes policiales fueron apartados de la causa por cometer errores "insalvables" de procedimiento que podrían ser producto de la negligencia, o de la complicidad, y también el comisario que desoyó un alerta previo al asesinato.
El crimen de Cabezas fue el más grave de los más de 700 casos de agresión a periodistas cometidos en los últimos años. Por las características del siniestro, los asesinos habrían actuado con premeditación, celeridad, organización y conocimiento del oficio, dicen los investigadores.
En esta línea, el antecedente más serio del caso Cabezas es el atentado en 1994 contra la Asociación Mutual Israelita Argentina, perpetrado, con un saldo de 86 muertos. En esa causa, también son policías los acusados de entregar el vehículo utilizado como coche- bomba.
El ex comisario inspector de la polica Edgardo Mastandrea, advirtió en diálogo con IPS que la fuerza policial "está en la crisis más profunda de su historia".
Los militares argentinos, tan temidos en los años 70, protagonizaron un repliegue mucho mayor que el de la policía, que al contrario, aumentó su poderío.
La policía de la provincia de Buenos Aires no recibe subsidios oficiales porque se considera erróneamente que puede mantenerse con el aporte voluntario de la población. Pero dado el magro presupuesto que ingresa por esa vía, la institución se corrompió, afirmó Mastandrea.
"Una vez que usted comienza a robar para sus superiores, el paso a robar para uno mismo está muy cerca, y así se alimenta el círculo de la corrupcin policial", añadió.
Mastandrea, separado del cuerpo por sus críticas a la política de seguridad de la provincia de Buenos Aires, recordó que en 1983, con el advenimiento de la democracia, las autoridades achacaban la corrupción policial a la herencia de la dictadura.
Sin embargo, la mayoría de los agentes en actividad tienen menos años de servicio que la democracia y ya se incorporaron a algunos de los mecanismos delictivos del sistema.
"Es un problema de falta de voluntad política, porque, ¿cómo es posible que los sucesivos gobiernos de la provincia más populosa del país no hayan podido encauzar a 47.000 agentes?", se interrogó Mastandrea.
Según investigaciones realizadas por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), existen organizaciones de policías dedicadas a recaudar dinero de la prostitución y el narcotráfico.
Hay agentes que integran bandas que asaltan camiones con electrodomsticos, revenden la mercadería y luego denuncian a los que la adquirieron de modo ilegal.
También hay policías que recaudan dinero del juego clandestino, reciben comisiones por derivar a damnificados en accidentes de tránsito a ciertos estudios de abogados o reciben dinero por hacer desaparecer pruebas en casos de evasión fiscal.
En 1996, dos periodistas que investigaban a la División de Narcotráfico de la policía de la provincia de Buenos Aires descubrieron que los agentes recibían dinero de los traficantes. Los policías fueron procesados y luego separados del cuerpo.
Poco después, en otra investigación periodística fueron descubiertos agentes de la División de Defraudaciones y Estafas cuando intentaban extorsionar a empresarios para ocultar documentos de prueba en causas por evasión impositiva.
El crimen de Cabezas volvió a señalar a la policía. Los principales sospechosos son funcionarios policiales o vigilantes privados que integraron alguna vez fuerzas de seguridad y hoy actúan con la complicidad de sus antiguos compañeros.
Por eso ahora, cuando hay un crimen en Argentina, el primer sospechoso es el que fue designado para evitarlo. Y, como asegura Mastandrea con conocimiento de causa, "la paranoia está plenamente justificada". (FIN/IPS/mv/ag/ip/97
