Los procesos de integración en marcha en América Latina han puesto excesivamente el acento en los aspectos comerciales, afirma "Control Ciudadano", una organización no gubernamental (ONG) creada para controlar el cumplimiento de las metas de las "cumbres sociales" de la ONU.
Según el informe anual de esta asociación, editado en Montevideo, en América Latina la aplicación de una "política social regional podría fortalecer el logro de la equidad y de una mayor participación en el desarrollo social".
Así lo recomendaron tanto la Cumbre de Desarrollo Social de Copenhague como la Conferencia Internacional sobre la Mujer de Beijing, ambas efectuadas en 1995 y tras las cuales fue constituido "Control Ciudadano".
Pero en los distintos procesos de integración que se vienen desarrollando en América Latina "se escucha a menudo hablar de mercado común, de unión aduanera, de arancel cero, de las barreras arancelarias, pero muy poco del impacto social que los propios modelos integracionistas aplican", dice el documento.
Ello es válido tanto para el Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay), como para la Comunidad Andina (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela) y el Mercado Común Centroamericano (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua).
Los encuentros de Copenhague y Beijing, cuyas recomendaciones fueron suscritas por los distintos países del área, anuncian medidas contra la exclusión social y para mejorar la calidad de vida y la participación social.
"¿Hasta qué punto, y tal como están concebidos, los procesos integracionistas coadyuvan a estos fines? ¿Hasta qué punto afectan el logro de un desarrollo económico sustentable, de base amplia y equitativa?", se pregunta "Control Ciudadano".
El informe de la ONG, al que IPS tuvo acceso en exclusiva, se detiene particularmente en el caso del Mercosur, el esfuerzo integrador más consolidado de América Latina, según señala.
El documento de balance admite que el Mercosur "podría llevar a atenuar la vulnerabilidad de las estructuras democráticas e incluso contribuir a su fortalecimiento", pero constata no obstante tres "grandes déficit" de ese proceso integrador.
En primer lugar destaca la prioridad dada a la integración comercial por sobre la social en las estructuras del modelo.
Las instituciones de mayor peso en ese marco continúan siendo las de carácter económico-comercial, "pese a que en la cumbre del grupo de Ouro Preto, en 1994, el Mercosur adquirió mayor complejidad".
La creación de una Comisión Parlamentaria Conjunta y de un Foro Consultivo Económico-Social (FCES), donde deberían estar representados los diversos sectores sociales, no cambia sustancialmente el orden de prioridades, observa "Control Ciudadano".
Las estructuras de la integración adolecen igualmente de un "déficit social".
Los sectores de interés tienen una muy escasa participación en el FCES, limitada a los sindictados de trabajadores y a las centrales patronales.
Sólo en Argentina y Brasil se ha comprobado la intervención de organizaciones de consumidores, pero los textos oficiales promueven también laa participación de "universidades, institutos de tecnología, grupos de mujeres y de jóvenes", cosa que no se ha logrado en ninguno de los cuatro países.
"Control Ciudadano" subraya la responsabilidad oficial en la carencia de una política de promoción de la participación ciudadana, pero también se pregunta si las ONG no deberían ser más activas en ese plano.
El Mercosur presenta igualmente, según la asociación internacional, un "déficit democrático", en cuanto "ha estado hasta ahora en manos de las élites de los países, sin movilizar a las estructuras políticas y sociales".
"Ha sido un proceso en las superestructuras", insiste, apuntando que "las estructuras existentes se han preocupado mucho de la sistematización de los documentos oficiales pero ese lenguaje y ese mensaje ha llegado a la opinión pública con consecuencias a veces negativas".
De acuerdo a la ONG, encuestas de opinión efectuadas en al menos tres de los cuatro socios (que no identifica) revelan miedo al aumento del desempleo en el plano nacional como consecuencia de los procesos de integración, sobre todo en los casos de los dos países pequeños, Paraguay y Uruguay.
"Control Ciudadano" aboga por un "Mercosur solidario" y por la definición de políticas públicas en el plano social y de la participación de la sociedad civil, con el fin de que este proceso integrador sea "vivo y no un mero acuerdo entre gobiernos". (FIN/IPS/dg/jc/pr-if/97
