La aplicación de los programas de ajuste económico ha profundizado la brecha social y aumentado indirectamente el problema de la sobrepoblación carcelaria en América Latina, concluyeron expertos reunidos en Costa Rica.
"No se puede aislar el tema de la criminalidad de la grave crisis económica que viven nuestros países", dijo el ministro costarricense de Justicia, Juan Diego Castro.
Expertos en derecho penal, derechos humanos y directores de centros penitenciarios de América Latina, Europa, Estados Unidos y Canadá revisaron estos temas durante un seminario de evaluación acerca de la sobrepoblación carcelaria efectuado en esta capital.
"El problema de la criminalidad es el hambre, la falta de educación, la realidad de la miseria, el incremento de la corrupcción, que ha generado una cultura del delito", dijo Castro.
Se estima que en América Latina unos 250 millones de personas están golpeadas por la pobreza extrema.
Elías Carranza, director del Proyecto de Justicia Penal del Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención y Tratamiento del Delito (Ilanud), coordinador del encuentro, dijo que "a menor ingreso per cápita, mayor pobreza y por tanto, mayores delitos".
Las políticas de globalización y apertura económica aplicadas en los países de la región han aumentado la brecha social, la miseria y reducido la capacidad adquisitiva de la población, sostuvo.
Aclaró, que aun cuando existe delincuencia en los estratos altos de la sociedad, la "criminalidad" afecta en mayor medida a los sectores más vulnerables.
"Las cárceles están hechas para los infelices de la sociedad", estimó a su vez Eugenio Zaffaroni, director del Departamento de Derecho Penal y Criminología de la Universidad de Buenos Aires.
Por otra parte, los analistas argumentaron que tras el incremento de la criminalidad, los gobiernos de América Latina se enfrentan al drama de la sobrepoblación en los centros penales.
Según datos del Ilanud, la delincuencia y la sobrepoblación carcelaria superan las capacidades de manejo de los gobiernos. Países como Brasil, El Salvador y Honduras tienen un excedente de presos superior al 100 por ciento.
Costa Rica (63 por ciento), Nicaragua (60), Ecuador (31) y Panamá (21) son otros de los países que registran altos índices de sobrepoblación en las cárceles.
"Las condiciones de salud, alimentación, higiene, de visitas, de seguridad personal se han visto notablemente deterioradas y los porcentajes de hacinamiento alcanzan niveles alarmantes", manifestaron los especialistas.
Recordaron que en el mundo no existe "ningua cárcel con espacio ocioso" pero instaron a los gobiernos a que "no se dejen llevar por la demagogia de la inseguridad ciudadana" y establezcan nuevas penas "no carcelarias".
En Costa Rica, de acuerdo a datos del Ministerio de Justicia, 40 por ciento de los delitos corresponden a contravenciones menores, lo que a juicio de Castro, puede ser penalizado con otros mecanismos que no sean la privación de libertad.
"Esto ayudaría mucho a desocupar nuestras cárceles", dijo. Además, consideró que los países del continente deben definir con claridad "cuál es el papel de las prisiones".
"¿Son centros de reclusión, de castigo o de reeducación terapéutica?", cuestionó.
"La sobrepoblación ha producido un deterioro en los centros penitenciarios y a veces los reduce a campos de concentración, hoteles dos estrellas o simplemente ghettos", expresó Zaffaroni.
El ministro propuso como una de las soluciones al exceso de presos, la construcción de cárceles especiales para albergar delincuentes juveniles y a "capos" del crimen transnacional.
"No se puede poner en la misma celda a un delincuente común y a otros que son graduados universitarios, manejan dos o tres idiomas y tienen grandes dotes de convencimiento", sostuvo.
Costa Rica está revisando modelos aplicados en otros países, como México, Argentina y Estados Unidos.
Según los expertos, a partir de las conclusiones del seminario se formularán recomendaciones de política criminal y penitenciaria que contribuyan a una efectiva prevención del delito y promuevan "celosamente el respeto a los derechos fundamentales de víctimas y victimarios". (FIN/IPS/yo/dg/ip-pr/97
