La destrucción de la frágil selva Lacandona de México, reserva natural y refugio de la guerrilla zapatista, es alentada por efectivos militares, quienes participan en el tráfico de flora y fauna, denuncian comunidades campesinas.
Indígenas lacandones y representantes de los poblados de Frontera Corozal y Nueva Palestina, cerca de la frontera con Guatemala, señalaron que militares de alto rango incursionan periódicamente en la reserva para, violando leyes y acuerdos, cortar árboles y cazar animales.
"Solicitamos a Mario Renán Castillo (jefe de la zona militar de Chiapas) se sancione a dicho personal y se le comunique a las personas destacamentadas en la región que existen reglamentos y leyes cuyo objetivo es preservar el medio ambiente", señala una carta enviada por los pobladores de la zona.
Hasta fines del siglo pasado, la selva Lacandona, que ocupa el extremo oriente del estado de Chiapas, fronterizo con Guatemala, tenía alrededor de 1,3 millones de hectáreas y en ella habitaban unas 2.000 personas.
Actualmente su extensión es de menos de 500.000 hectáreas y su población de alrededor de 300.000 personas.
Tras la irrupción del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), a inicios de 1994, llegaron a la selva Lacandona miles de militares con equipo pesado. Grupos ecologistas sostienen que con el tránsito de tanquetas y el constante sobrevuelo de aeronaves se alteró la fauna de la zona.
Los pobladores de la Lacandona, donde se encuentra la mayoría de los árboles tropicales de México, 33 por ciento de los reptiles, 80 por ciento de las especies de mariposas y 32 por ciento de las aves, acusaron a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente de permitir la destrucción de la selva.
El saqueo continúa y no hay control, en ciertas zonas los militares impiden las inspecciones y es por ahí por donde se trafica flora y fauna, señalan los denunciantes, tras indicar que analizan las medidas que podrían tomar para evitar que prosiga el deterioro ambiental.
Organizaciones ecologistas como Greenpeace y el Grupo de los Cien advierten que de no aplicarse correctivos urgentes, en los primeros años del nuevo milenio la selva entratará en un proceso de destrucción irreversible.
Desde la década de los 50 indígenas de las zonas de los altos de Chiapas comenzaron a emigrar a la selva Lacandona ante la falta de tierras o la explotación de hacendados. Poco después llegaron ganaderos y empresas forestales que en menos de 30 años arrasaron con más de 600.000 hectáreas de vegetación.
El arribo de los nuevos habitantes determinó que se comenzara a sembrar con el antiguo método de "tumba y quema", mientras el crecimiento demográfico impactó en el hábitat de la selva y los problemas sociales y económicos fueron en aumento.
Además de ser un de las más importantes reservas naturales de México, la Lacandona y sus alrededores es una de las regiones con mayores problemas de pobreza.
Cifras oficiales indican que el analfabetismo en el lugar es de 30 por ciento, 2,5 veces el promedio nacional.
A la zona -donde los cordones montañosos proyectan tonos azulados y existen decenas de ruinas de la antigua cultura maya, así como ríos y lagos de agua cristalina- llegan cada año centenares de turistas.
"El conflicto armado en Chiapas agudizó los problemas de devastación", sostiene Jeffrey Wilkerson, investigador del Centro de Ecología Cultural del Trópico.
"Si la crisis continúa se estaría permitiendo la desaparición de una de las zonas más importantes del mundo, para cuya recuperación tendrían que transcurrir por lo menos 400 años", advierte el experto.
El Grupo de los Cien sostiene que el crecimiento de los asentamientos humanos, la introducción de ganado, el conflicto armado y el tráfico de animales amenazan destruir la selva Lacandona antes de que termine la primera década del próximo siglo.
Para financiar la defensa de la Lacandona, así como de otras áreas naturales protegidas, en junio de 1996 el gobierno del presidente Ernesto Zedillo presentó un programa que incluye planes de ecoturismo, ecoloterías y bonos de inversión del sector privado, con financiación del Banco Mundial.
Las áreas protegidas en México abarcan actualmente 11,7 millones de hectáreas -alrededor de seis por ciento del terrritorio nacional- y tan sólo disponen de una millón de dólares anuales para su manejo, cuando, según estudios, se necesitarían más de 60. (FIN/IPS/dc/dg/en-ip/97)
