El enjuiciamiento de dos personas por vender productos químicos prohibidos puso de manifiesto el comienzo de una ofensiva de las autoridades de Estados Unidos contra el mercado negro de productos que afectan la capa de ozono.
Por vender freón a talleres de reparación de automóviles y refrigeradores en Miami, Casey Raja pasará un año en la cárcel y tendrá que pagar una multa de 100.000 dólares por violar la ley ambiental internacional.
El otro enjuiciado, Roland Wood, será acusado de cargos similares en una corte federal el 12 de mayo.
Los cargos refieren a la compra de neón -el clorofluorocarbono (CFC) de mayor uso- fuera de Estados Unidos para su reventa ilegal en el país.
Los CFC y otros productos químicos con cloro, utilizados como refrigerantes y solventes para computadores y otros equipos de alta tecnología, están prohibidos desde la década de 1980, cuando se supo que disminuían la capa de ozono que protege a la tierra de la radiación ultravioleta del sol.
El Protocolo de Montreal, fija el 2010 como plazo límite para eliminar por completo los CFC y otros productos similares que perjudiquen el ozono.
El acuerdo de 1987 fue modificado para prohibir su importación o producción para uso interno en Estados Unidos y otros países industrializados a partir de enero de 1996.
Pero el uso de los químicos almacenados por vía legal en Estados Unidos no ha sido prohibido.
Mientras tanto, la importación ilegal hacia Estados Unidos ha aumentado en forma dramática. La reducción de la oferta catapultó el precio de la garrafa de 13,5 kg de CFC a 500 dólares. Fuera de Estados Unidos, la garrafa cuesta menos de 35 dólares.
Para muchos, la tentación de aprovechar la diferencia de precios con fines de lucro ha sido irresistible.
"Pensamos que varias personas se beneficiaron sin pagar los impuestos", sostiene Tom Watts-Fitzgerald, fiscal en el caso de Raja y Wood.
Jim Valette, investigador ambiental de la organización Acción Ozono, con sede en Washington, sostiene que los traficantes de freón adquieren sus productos en países como China, India y Rusia y luego envían las garrafas vía Inglaterra y Estados Unidos hacia América Latina o el Caribe.
Cuando los cilindros llegan a Miami, se declaran en tránsito hacia Nueva York para su envío fuera del país. Pero muchos contenedores terminan en depósitos en Miami y su contenido se vende en el país, con pingües ganancias.
En los últimos tres años, el gobierno confiscó alrededor de 680 toneladas de CFC. El botín se redujo a cantidades mínimas en los últimos meses, pero las autoridades aduaneras piensan que ello se debe a un cambio de destinos. Se están investigando posibles destinos como California y Texas.
Valette tiene opiniones encontradas sobre la estrategia aduanera.
"Está bien que el gobierno de Estados Unidos persiga al mercado negro de los CFC. Pero sería mejor que el gobierno persiguiera a la fuente: la cadena de fábricas que producen CFC en el mundo", afirmó. (FIN/IPS/tra-en/pc/yjc/aq-jc/en/97
