Estados Unidos continúa sin dar señales claras sobre la descontaminación de unas 9.000 hectáreas de tierra usadas para sus "juegos de guerra" en las bases militares que posee en Panamá desde inicios del siglo.
Las áreas contaminadas por minas y otros explosivos sin detonar forman parte de una red de polígonos de tiro y campos de entrenamiento utilizado por el ejército estadounidense para adiestrar a sus soldados en escenarios tropicales.
Por otra parte, en Nicaragua y El Salvador, habrían quedado más de 170.000 minas y municiones vivas sin detonar.
Los tratados canaleros de 1977 establecieron la obligación de Estados Unidos de descontaminar las tierras que debe devolver a Panamá el 31 de diciembre de 1999.
Pero en febrero de 1995 el Congreso de Estados Unidos expidió una ley que liberó a ese país de la responsabilidad de descontaminar las bases y sitios de entrenamiento militar en el extranjero, aunque no especificó si incluye las áreas contempladas en los tratados canaleros de 1977.
A fines de enero pasado un vocero del ejército estadounidense advirtió que lo más conveniente para ambos países es destinar las 9.000 hectáreas de tierras ocupadas por los actuales polígonos militares a reservas forestales.
Rogelio Preciado, ingeniero ambiental que trabaja para el Comando Sur del ejército estadounidense radicado en las riberas del canal, indicó que en los tres años que restan para que las bases militares reviertan a Panamá es prácticamente imposible su saneamiento.
Además del alto costo que implica una tarea de tal magnitud, el retiro de la capa de tierra necesaria para eliminar los explosivos "ocasionaría daños a la reserva natural selvática", subrayó Preciado al justificar la propuesta del Comando Sur.
"La única manera de proteger a la población de la contaminación y las explosiones fortuitas es cercar el área y dedicarla como reserva forestal, ya que al ser entregada por Estados Unidos todo queda bajo la responsabilidad del gobierno panameño", indicó.
El ex negociador panameño de los tratados del canal Carlos López Guevara afirmó en cambio que la obligación de Estados Unidos "no tiene límite de tiempo y no culmina al devolver las bases".
"El tratado del canal de Panamá señala con toda claridad la obligación de Estados Unidos de entregar el área del canal y las bases militares limpias de todo peligro para la seguridad de la vida humana", destacó.
"Ese es un derecho de los panameños y es responsabilidad del gobierno exigir el cumplimiento estricto de la norma", agregó.
De acuerdo con estudios realizados en Estados Unidos, sólo el saneamiento del material tóxico existente en las bases militares que Washington está cerrando en su propio territorio cuesta unos 100 millones de dólares por instalación.
En Panamá Estados Unidos debe reintegrar cuatro políganos de tiro y cinco grandes bases militares en los próximos tres años.
El biólogo y ex diputado opositor panameño Carlos Arellano Lennox indicó que en las bases militares estadounidenses en el área canalera existen otros contaminantes más peligrosos que los explosivos.
Entre ellos señaló los compuestos de fósforo y matamalezas como los utilizados en la guerra de Vietnam, así como toda una gama de productos químicos almacenados.
Aseguró que esos productos, entre los que se encuentran el pentaclorofenol y otros "que producen en los humanos alteración de la visión, cáncer e infertilidad", forman para de los residuos que Estados Unidos planea dejar en sus actuales bases del canal cuando se retire de Panamá. (FIN/IPS/sh/dg/ip-en/97)
