En Venezuela, un país que eliminó la pena de muerte en 1863, fueron asesinados en las cárceles el año pasado 207 presos y otros 1.133 resultaron heridos, según cifras oficiales que confirman la crisis humanitaria en el sector.
El director general de Prisiones del Ministerio de Justicia, Antonio Marval, detalló que en el país hay 24.765 reclusos en 32 penitenciarías, de los que sólo 26 por ciento tienen sentencia.
Marval consideró una mejora el número de muertos dentro de las prisiones, porque en 1995 hubo 239 muertes violentas en las hacinadas instalaciones, en lo que para activistas humanitarios representa un peligroso acostumbramiento a una realidad inhumana.
El funcionario destacó que 188 muertes se produjeron en 1996 por armas de fuego o armas blancas, durante riñas y motines entre los presos, que los reclusos no podrían tener si no fuera por la corrupción dentro del sistema penitenciario, que permite el ingreso tanto de drogas como de armas en las instalaciones.
Los otros 25 muertos resultaron calcinados en un penal de Caracas durante un incendio en una minúscula celda, donde fueron encerrados por custodios militares y se les arrojó después bombas lacrimógenas, lo que originó la tragedia.
Por ese hecho, que conmovió al mundo en octubre, no hay un proceso adelantado, porque se suscitó un problema de competencia entre la jurisdicción cívil y militar, aún no resuelto dentro de la extremadamente lenta justicia venezolana, otro elemento que alimenta la crisis carcelaria.
Marino Alvarado, coordinador jurídico del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), dijo a IPS que parte de los reclusos muertos en lo que se presenta como riñas internas, fueron víctimas en realidad de atropellos cometidos por fuerzas de seguridad.
Alvarado criticó que las autoridades y la sociedad en general asuman como "un hecho normal" la violencia dentro de las prisiones y opinó que hay "cierta intencionalidad" en mantener la situación, porque "el terror y el miedo parecieran formar parte de una política de prevención, entre comillas".
"El infierno" carcelario, un término que se ha generalizado para describir la situación penitenciaria, actúa como una suerte de "mcanismo disuasivo" para la delincuencia, después que los sucesivos gobiernos han fracasado en instrumentar una política de prevención del delito en Venezuela, consideró el activista.
Marval admitió que en las penitenciarías hay 1.787 menores de 18 años, cuando en Venezuela por debajo de esa edad las personas no son imputables y no pueden padecer prisión.
El director ministerial precisó que desde hace seis meses no se reciben menores de edad en los penales y éstos son llevados a los albergues juveniles o quedan en las instalaciones policiales.
Marval insistió en que en el Ministerio de Justicia se hacen esfuerzos para controlar "el negocio carcelario", en que todo tiene su tarifa, desde ser enviado a una prisión más segura, hasta el traslado al juzgado, tener visita íntima o ser excarcelado, según denuncias de activistas y criminólogos.
El funcionario dijo qeu fueron recogidas del interior de los penales 2.689 armas blancas y 528 armas de fuego, junto con otros 2.155 objetos peligrosos.
Además, fueron destituidos 350 funcionarios, entre directores de penales y vigilantes, mientras se dieron 800 beneficios de libertad condicional o régimen abierto y 166 indultos, mientras 13.854 reclusos participaron en diferentes programas educativos.
Marval indicó como hecho positivo la inauguración de nuevos anexos en dos penitenciarías, mientras el 9 de febrero será derrumbado el Retén de Catia, en Caracas, emblema del oprobio carcelario, que fue visitada por el Papa Juan Pablo II, hará entonces un año.
Para Alvarado y otros activistas humantiarios, el gesto de derribar el Retén de Catia es "simplemente circo" y parte del "maquillaje" con que los poderes del Estado afrontan los problemas relativos al sistema de justicia, la delincuencia y las cárceles.
Marval destacó que el delito no tiene rostro de mujer en Venezuela, ya que el número de presas es de 1.155, de las que sólo 383 tienen sentencia.
Alvarado precisó que algunas de estas mujeres están presas por haberse practicado un aborto, lo que es un delito penal en Venezuela, en una de las muchas evidencias de un sistema de justicia que incorpora en exceso la punición de prisión, contrariando la tendencia universal actual. (FIN/IPS/eg/ff/hd/96
