Las operaciones de la aerolínea de bandera de Venezuela VIASA cesaron hoy, inicialmente en forma preventiva, mientras una asamblea general decide el destino de la empresa, controlada por la compañía española Iberia.
La medida fue adoptada por la Junta Directiva de Venezolana Internacional de Aviación (VIASA), en medio de la tensión creada por la retención por la policía política de dos ejecutivos de Iberia cuando se disponían a viajar a Madrid, el miércoles.
El presidente de VIASA, José Campins, dijo que el cierre temporal de operaciones durará hasta que el viernes 31 se realice una asamblea de accionistas, encargada de decidir la recapitalización de la compañía, su cierre ordenado o la quiebra.
El ministro del Interior, José Andueza, afirmó este jueves que todos los directivos de Iberia "pueden salir en cualquier momento" de Venezuela, mientras adujo que el problema con los dos ejecutivos fue "que perdieron el vuelo".
Campins calificó la retención de los dos funcionarios de Iberia como un acto de "terrorismo" y "un atropello", así haya sido fruto de una confusión.
Campins presidió durante toda la jornada la reunión de la Junta Directiva de VIASA, privatizada en 1991, para ver cómo enfrentar una crisis financiera de la empresa que la llevó al aterrizaje forzoso de este jueves, que podría suponer la liquidación si no se encuentran rutas para su decolaje.
La cancelación de las operaciones comenzó a hacerse efectiva a las 20:00 gmt de este jueves (16:00 locales), después que se había comenzado a operar un virtual cierre de reservaciones, horas antes, según confirmaron a IPS directivos de la empresa.
La idea previa era diferir decisiones determinantes hasta una nueva reunión de la asamblea general, a fines de febrero, pero la "politización" del litigio sobre la responsabilidad de la crisis y sus salidas forzó a convocar la reunión dentro de una semana.
Los dos ejecutivos retenidos, Javier Abollado y Juan Vergara, fueron "interceptados" -según la versión que suministró Andueza en Puerto Ordaz, en el sureste del país-, por efectivos de la policía política (Disip) cuando el miércoles esperaban el momento de abordar un vuelo de Iberia con destino a Madrid.
El argumento fue que estaba al llegar una orden judicial de prohibición de salida del país para todos los ejecutivos españoles de Iberia y VIASA. También registraron la identidad de todos los pasajeros de ese vuelo, porque creyeron que en él viajaba Campins, cuando quien lo hacía era su esposa.
Ninguno de los dos ejecutivos, con apenas unos meses en el país, y que dirigen el mantenimiento de la flota y operaciones terrestres de VIASA, forma parte de la directiva de la compañía española, que pudiera llegar a tener responsabilidad en una eventual comisión de algún delito en la empresa.
Detrás de este episodio está una creciente crispación entre Iberia y su personal destinado en VIASA, por un lado, y los trabajadores de la compañia y el gobierno de Venezuela, que mantiene 40 por ciento de sus acciones, por otra.
La razón es una pérdida acumulada de VIASA del orden de entre 144 y 188 millones de dólares dependiendo de las fuentes, que ni Iberia ni el estatal Fondo de Inversiones de Venezuela (FIV) quieren enjugar con nuevos aportes de capital.
En 1991, Iberia adquirió 45 por ciento de las acciones de VIASA al frente de un consorcio en que el local banco Provincial compró otro 15 por ciento. La cotización por el paquete fue de 145 millones de dólares y lo controla Iberia plenamente.
El FIV no volvió a aportar capital desde que llegó al poder en 1994 el presidente Rafael Caldera y en la práctica se desentendió de VIASA, sin atender presuntas irregularidades y "expoliación" de la empresa, que ahora denuncian los sindicatos y el gobierno.
En la actualidad, VIASA tiene cinco aviones DC-10 y cinco 727, de una flota de 12 aeroplanos con que operaba hace dos años, y una nómina de trabajadores de 2.666 personas, con costos laborales que representan 18 por ciento de los totales de la empresa.
Iberia presentó en noviembre un plan de recuperación de VIASA con el que aseguraba que se obtendrían 14 millones de dólares en beneficios en 1997, frente a los 30 millones de pérdidas de 1996.
El plan, retirado hace una semana sin ofrecer alternativas después que fue rechazado por el FIV y los sindicatos, se basaba en un ahorro de costos de nueve millones de dólares, corte de rutas y congelación salarial y reducción de 18 por ciento del personal.
Iberia también separó en los últimos días todas sus oficinas y operaciones de VIASA, con la que compartía su edificio central y sus instalaciones en el aeropuerto internacional que surte a Caracas.
Antes del episodio de la retención de los dos ejecutivos sin base legal alguna, miembros del gobierno venezolano habían colocado el problema de VIASA en un plano político, al asegurar que se trató de una privatización "chimba" (mal hecha) que entregó la empresa a los peores gestores posibles.
Además, el ministro de Planificación, Teodoro Petkoff, demandó que el gobierno de España intervenga en la crisis, para promover una solución de gobierno a gobierno, algo rechazado en Madrid y también por el titular del FIV, Alberto Poletto, quien insiste en que no se aportará un dólar a VIASA sin un plan viable.
Iberia subraya que estuvo dispuesta a adquirir todas las acciones de VIASA al FIV, lo que éste quería, pero que cuando finalmente se modificó aquí una ley que impedia que las compañías áereas tuvieran capital mayoritario extranjero, ya no estaba en condiciones de hacerlo.
Para ese momento, Iberia estaba sometida a un plan de salvataje bajo supervisión de la Unión Europea, que le impide realizar cualquier ampliación de capital en VIASA y la argentina Aerolíneas, las dos empresas que mantiene de su "aventura americana". (FIN/IPS/eg/jc/if/97
