El gobierno de Sri Lanka anunció que su plan de paz para poner fin a la guerra étnica de 14 años con la minoría tamil darán resultado este año.
"Este será un año de acción, no un año de deliberaciones interminables", declaró el ministro de Justicia y Asuntos Institucionales, Gamini Lakshman Peiris, considerado el arquitecto de un plan presentado por la presidenta Chandrika Kumaratunga a fines de 1995.
"Llegó el tiempo de tomar decisiones", dijo el ministro, en respuesta a críticas según las cuales el plan, que ofrece delegar importantes poderes a los tamiles, está paralizado y no tiene futuro.
La minoría tamil constituye 17 por ciento de los 18 millones de la isla del Océano Indico.
El plan de paz propone potestades ejecutivas y legislativas de largo alcance para las regiones, y está siendo discutido por un selecto comité parlamentario, el cual hará los cambios definitivos al borrador.
El plan será parte de una nueva constitución, la cual también prevé la abolición de la presidencia ejecutiva, con reformas electorales y garantías a derechos fundamentales. Asimismo, sugiere convertir al país en una unión de regiones e introducir un carácter más federal.
Pero para entrar en vigor el plan debe ser aprobado por una mayoría parlamentaria de dos tercios y luego por un referendo nacional.
El gobierno sostiene que el plan es crucial para derrotar políticamente a los guerrilleros Tigres de Tamil (LTTE), que hace 14 años mantienen una sangrienta guerra contra el Estado, y establecer una zona autónoma para la minoría en el norte y este de la isla.
Más de 50.000 personas han muerto durante la guerra, según cifras oficiales, aunque los rebeldes afirman el número que es más alto, con una mayoría de tamiles muertos.
El plan presentado por la presidenta Kumaratunga, quien llegó al poder prometiendo un fin a la guerra, tuvo un comienzo tambaleante, con una fuerte oposición de monjes budistas y cingaleses, quienes afirman que llevará a la partición de la nación isleña.
Los cingaleses constituyen la mayoría en Sri Lanka, y en general son budistas, mientras los tamiles son hinduistas.
Los partidos políticos tamiles respaldan las propuestas de devolución y ven el plan como una alternativa al pueblo tamil, que sufre hace 14 años las consecuencias de la guerra.
"No queremos que el paquete sea derrotado y en la medida de lo posible persuadiremos a otros partidos a que lo acepten", dijo un dirigente del Frente Unido de Liberación Tamil, el cual tiene cinco representantes en el parlamento, de 225 escaños.
Políticos tamiles alertaron al gobierno de la Alianza Popular para que no sucumba ante los cingaleses de línea dura y diluya las propuestas del plan sobre una devolución significativa a la minoría.
La apatía inicial de la mayoría, seguida de una feroz lucha entre tropas del gobierno y guerrilla, dejó entrever que el plan debía enfrentar más escollos que los previstos inicialmente.
El comité parlamentario ha discutido el plan a puertas cerradas, y el gobierno no hizo públicos los resultados de las reuniones.
Pero el ministro Peiris reveló que el comité ya concluyó la mayoría de su trabajo, y anunció que presentará su decisión al parlamento "en algún momento en marzo".
Analistas políticos señalan que el plan podría no ver la luz del día debido a las diferencias entre el gobierno y el principal partido opositor, el Partido Nacional Unido, (PNU) que tiene 85 escaños en el parlamento, mientras el gobierno tiene 113.
El PNU ha acusado a Kumaratunga de lanzar una caza de brujas política. La presidenta designó varios comités para investigar supuestos actos de corrupción y violaciones de derechos humanos durante los 17 años en que tuvo el poder.
También se realizan investigaciones sobre el asesinato de el esposo Kumaratunga en 1988, supestamente ordenado por el entonces gobernante PNU. (FIN/IPS/tra-en/ms/an/lp/ip/97
