El tribunal internacional de la Organización de las Naciones Unidas creado para investigar el genocidio de 1994 en Ruanda reabrió brevemente hoy en Tanzania con un interrogatorio al ex militar Jean-Paul Akayesu, acusado de genocidio y crímenes contra la humanidad.
Pero la audiencia fue cerrada este mismo jueves, ya que algunos testigos de la parte acusadora no lograron llegar a la corte desde Ruanda. Autoridades ruandesas responsabilizaron al personal del tribunal por no solicitar documentación de viaje para los testigos hasta hace dos días.
Las quejas sobre los funcionarios del tribunal son sólo las últimas en una serie de cargos de mala administración y corrupción.
Según informaciones recibidas en Europa, el fiscal Yacob Haile Mariam anunció este jueves a la corte en Arusha, Tanzania, que detallará varios ejemplos de tortura y asesinato cometidos por Akayesu cuando se reabra el caso.
El fiscal dijo a la corte que "Akayesu llevó a 15 niños a la muerte en una ruta en Taba, diciéndoles que sus padres los esperaban, pero cuando llegaron un grupo les partió el cráneo con machetes".
El abogado defensor de Akayesu, Nicolas Tiangaye, de República Centroafricana, dijo a la audiencia que su equipo se propone "verificar la credibilidad o la falta de credibilidad" de unos 31 testigos en las próximas seis semanas.
Akayesu, un hutu de 43 años y ex alcalde del distrito central de Taba, niega los cargos, pero de ser procesado se enfrentará a prisión perpetua. Tiangaye, abogado defensor de República Centroafricana, representó en una ocasión al dictador del país Jean-Bedel Bokassa.
El caso de Akayesu se pospuso en octubre, despúes de que su anterior abogado, el fiscal estadounidense Michael Karnavas, lograra un retraso de 10 semanas tras alegar que no había tenido acceso a los archivos de las acusaciones.
El Tribunal Penal Internacional para Ruanda, creado por el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en noviembre de 1994, acusó a 22 personas, incluyendo a Akayesu.
Aún hay ocho sospechosos prófugos, siete acusados están detenidos en Arusha, cuatro en Camerún y dos en Estados Unidos y Suiza. Todos son acusados de crímenes cometidos durante el genocidio en Ruanda, que siguió al asesinato del presidente hutu Juvenal Habyarimana, en abril de 1994.
El gobierno de Camerún acordó este jueves entregar a los cuatro sospechosos en custodia, entre ellos el coronel Theoneste Bagosora, ex director del Ministerio de Defensa ruandés, considerado uno de los principales coordinadores del genocidio.
"El acuerdo ya fue firmado y los sospechosos serán transferidos a Arusha", confirmó a la prensa la portavoz del tribunal Beatrice Lacoste antes de la audiencia de este jueves, sin entrar en detalles.
Entre 500.000 y 800.000 tutsis y hutus moderados ruandeses murieron a manos de extremistas hutu entre abril y julio de 1994. Bagosora huyó al vecino Zaire cuando los rebeldes tutsi tomaron el poder y luego a Camerún, en 1995, debido al aumento de la presión internacional para su detención.
El progreso en el caso de Bagosora coincide con acusaciones de irregularidades contra los responsables del Tribunal en Arusha.
En octubre, la ONU ordenó al inspector general Karl Paschke el envío a Arusha de un equipo de auditores e investigadores para examinar la situación.
Ningún juez fue acusado. Las objeciones se centran en el trabajo del encargado del registro del Tribunal, Andronico Adede de Kenya; el suplente del fiscal, Honore Rakotomanana de Madagascar, y el jefe interino de la administración, Mohammed Said de Etiopía.
Estados Unidos, que aportó más de 21 millones de dólares al presupuesto del Tribunal y le asignó 10 expertos, realizó su propia investigación, pero probablemente sólo se publique dentro de varias semanas.
"El tiempo es crucial", declaró al periódico The New York Times el fiscal principal de los tribunales de Ruanda y Bosnia- Herzegovina, el canadiense Louise Arbour.
"Cuanto antes se publique el informe, antes podré dar a mi propia oficina la dirección que me gustaría darle", agregó.
De acuerdo con el diario neoyorquino, funcionarios del tribunal afirmaron que sus jefes dieron empleo a familiares y amigos sin tener en cuenta las calificaciones, discriminaron a no africanos y utilizaron de forma cuestionable bienes del tribunal, por ejemplo aviones.
Además, responsables del Tribunal habrían cometido acoso sexual y otras intimidaciones e interferido con el proceso judicial, controlando la correspondencia y las llamadas telefónicas de los jueces.
En su defensa, Adele negó enfáticamente a The New York Times haber abusado del poder o mal utilizado los fondos y manifestó estar "abrumado" por el trabajo. (FIN/IPS/tra-en/gp/mom/rj/ml/ip/97
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