La imagen del Tribunal Penal Internacional para Ruanda empeora, poniendo en duda la efectividad de la institución, creada en noviembre de 1994 para investigar el genocidio en el que murieron hasta medio millón de personas.
Seth Kamanzi, asesor de relaciones exteriores y diplomacia del presidente de Ruanda, Pasteur Bizimungu, dijo a IPS que los problemas que afectan al tribunal cuestionan seriamente su integridad.
Una investigación sobre acusaciones de corrupción finalizada el mes pasado ya produjo cambios en el organismo, según el portavoz de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) Fred Eckhard, quien la semana pasada anunció en Nueva York que la revisión continuará.
Según Eckhard, estos cambios incluyen la designación de un nuevo jefe, Mario Cianci, quien deberá llegar esta semana a la sede del tribunal, en Arusha.
La designación de Cianci se produjo tras acusaciones sobre el nombramiento de miembros de la familia y allegados al personal de puestos claves en el tribunal.
Las acusaciones añadieron leña al fuego de la disconformidad de los ruandeses, quienes ya se habían quejado del lento ritmo de los juicios tras el genocidio, en 1994, de más de medio millón de personas, en su mayoría tutsis.
El tribunal debía iniciar sus audiencias hace casi un año, pero la primera se llevó a cabo recién el viernes, con el juicio a Jean- Paul Akayesu, ex mayor acusado de planificar el asesinato de unos 2.000 tutsis.
El caso de Akayesu se pospuso hasta el 30 de octubre, después que su abogado se quejara de que no tenía acceso a los archivos de la acusación.
"Lo que tiene lugar en Arusha ahora es una burla de la justicia. Estamos extremadamente desilusionados", dijo Kamanzi.
Privat Rutazibwa, clérigo involucrado en la promoción de la justicia social en el país, alabó la posición sobre el tribunal tomada por el nuevo secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Kofi Annan, pero dijo sentir que el daño a su imagen ya es irreparable.
"La iniciativa de Annan hacia el tema es estimulante, pero no creo que sea suficiente para restaurar la confiabilidad del tribunal", dijo Rutazibwa.
Njuguna Mutahi, coordinador de publicaciones de la Comisión de Derechos Humanos de Kenia, dijo que el tribunal "es sólo otra inútil iniciativa de la ONU, porque sus manos están atadas por varios factores, incluido la lucha entre el gobierno de Estados Unidos y Francia y el gobierno de Bélgica".
Washington es considerado cercano al gobierno de Ruanda, cuyas relaciones con Francia, aliado de anteriores regímenes de Ruanda, son muy poco cordiales.
"El tribunal parece favorecer la junta del RPF instalada en Kigali, lo cual por extensión significa que Estados Unidos tiene un papel de peso", dijo Mutahi.
"Si se compara el tribunal instalado en Kigali con el de Arusha, el último parece haber hecho más, a pesar del hecho de que los derechos humanos son a menudo olvidados", agregó.
El Tribunal Penal Internacional para Ruanda, creado en noviembre en 1994, inició procesos contra 22 personas, incluido Akayesu.
Ocho sospechosos están fugitivos, siete están detenidos en Arusha, cuatro en Camerún y otros dos en Estados Unidos y Suiza.
Las autoridades de Ruanda detuvieron a 90.000 sospechosos hutu, pero han sido criticadas por la ONU y grupos de defensa de los derechos humanos. Sus cortes alcanzaron los primeros veredictos en casos de genocidio el 3 de enero, sentenciando a muerte a dos hombres. (FIN/IPS/tra-en/jbk/cw/kb/lp/hd-ip/97
