El rescate sin vida de la anciana Isabel Botrán, secuestrada hace casi tres meses, causó preocupación al gobierno de Guatemala y temor a los empresarios, que creen que casos como éste ahuyentarán las inversiones extranjeras.
Botrán, una anciana de 71 años perteneciente a una de las más acaudaladas familias de Guatemala, que controla la fabricación de bebidas alcohólicas y es propietaria de ingenios azucareros, hoteles y restaurantes, fue secuestrada el 9 de noviembre pasado cuando asistía a un salón de belleza.
El intento de rescate de la víctima se produjo el martes, luego de un confuso incidente en el que un helicóptero descendió en el estacionamiento de un centro comercial en el este de la capital guatemalteca y se produjo la movilización de hombres armados que viajaban en lujosos vehículos.
Fuentes cercanas a la Aeronáutica Civil indicaron al matutino El Periódico que la acción estaba coordinada por la la Fuerza Aérea Guatemalteca, que persiguió a los secuestradores y logró capturar a uno de ellos, que en su huída habrían dejado en un vehículo el dinero del rescate.
El secuestrador capturado habría delatado el lugar donde se encontraba Botrán, lo que permitió el allanamiento de una casa ubicada en el vecino municipio de Villanueva.
Al ingresar a la vivienda encontraron el cadáver de la secuestrada y tres personas que en un principio amenazaron a los policías con una granada, pero fueron sometidas. Más tarde fueron capturadas otras dos personas que habían logrado huir.
El fiscal Héctor Pérez Aguilera informó que, según el exámen médico forense practicado a Botrán, su muerte se produjo por estrangulamiento y mostraba signos de desnutrición, así como numerosos hematomas y evidencias de que la cautiva permaneció amordazada y atada de pies y manos.
Sin embargo, existe otra versión según la cual la anciana habría fallecido de un paro cardíaco antes de ser estrangulada, unas 10 horas antes de que la policía practicara el allanamiento.
Los secuestradores al parecer exigían tres millones de dólares para liberarla.
El ministro de Gobernación (Interior), Rodolfo Mendoza, dijo a la prensa que los secuestradores de Botrán tendrían vínculos con las bandas "Los Pasaco" y "AR-15" a las que se le atribuyen 18 secuestros.
Indicó también que la Policía investiga en estos momentos cinco casos de secuestro, pero se estima que un número mayor no ha sido denunciado a las autoridades.
El presidente Alvaro Arzú, quien asistió este jueves al sepelio de Botrán, dijo que "la seguridad ciudadana mejorará, porque ahora se contará con mayores recursos económicos", ya que los recursos que antes se destinaban para la guerra ahora se aplicarán a las fuerzas civiles de seguridad.
El vicepresidente Luis Flores pidió la pena de muerte para los secuestradores, "no importando a que clase social pertenezca la víctima".
La familia Botrán ya había sido víctima anteriormente de la violencia. En febrero de 1996, los guardaespaldas de Felipe, uno de los hijos de la anciana fallecida, lograron evitar que lo secuestraran.
Los secuestros han sido un permanente dolor de cabeza para las fuerzas de seguridad en los últimos años, máxime cuando se ha denunciado que dentro de sus propias filas existen secuestradores.
El tercer jefe del Comando Antisecuestros de la Policía, fue destituído el viernes y sometido a la justicia junto con cuatro agentes que, según las investigaciones, son responsables del secuestro de una joven en diciembre, informó el ministro de Gobernación.
Por su parte, el fiscal Joel García, destinado a la investigación de este caso, informó que existen más funcionarios policiales en secuestros.
El grupo humanitario Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Guatemala (Famdegua), expresó su preocupación por el incremento de la violencia en los últimos días y destacó que en este mes, según sus datos, se han cometido 22 secuestros.
Mientras, el sector empresarial ha expresado su preocupación ante la ola de secuestros, pues hechos como el ocurrido a Botrán hace que los empresarios nacionales y extranjeros piensen dos veces antes de traer sus capitales al país.
El propio gobierno, al evaluar su primer año en el poder, reconoció por primera vez que la delincuencia había sido determinante en la desaceleración de la actividad productiva producida en 1996. (FIN/IPS/cz/ag/ip/97
