Los médicos empleados por el Estado en Venezuela decidieron oficialmente atender las emergencias de los hospitales por siete días, pero la tregua era aún incumplida hoy por buena parte de los residentes y el caos de la salud en el país sigue con su saldo de cerca de una veintena de muertos.
La mayoría de los 27.000 médicos en conflicto por mejoras salariales, han atendido desde el 27 de diciembre el retiro total de los 226 centros sanitarios públicos del país, y en una posición cada momento más radicalizada, desestiman los llamados de sus propios dirigentes a reintegrarse a las emergencias.
Pero el gobierno de Rafael Caldera anunció el reinicio inmediato de las negociaciones que mantuvo interrumpidas desde el 27 de diciembre, a fin de buscar una solución antes de que finalice la tregua, en un camino empedrado de obstáculos.
El patético peregrinar de los pacientes, algunos en estado crítico, por los diferentes hospitales de Caracas en busca de atención, o las parturientas que se agolpan en espera de ser ayudadas en su alumbramiento en una saturada Maternidad, son escenas comunes de estos días.
Más de 60 por ciento de los 22 millones de venezolanos dependen ahora de la sanidad pública, porque la drástica caida del ingreso impide acudir a los servicios privados, que siguieron rechazando a los pacientes que llegaron en los últimos días, si no tenían el depósito monetario requerido.
La respuesta del gobierno de iniciar acciones administrativas y judiciales contra los facultativos, así como su rechazo a negociar hasta el reintegro a las emergencias y la acusación de "acción criminal" contra los huelguistas, sólo contribuyó a crispar la situación, según médicos y analistas independientes.
La opinión casi unánime de los estamentos políticos y sociales del país es que son justas las demandas de los médicos del área pública, con salarios mínimos cercanos a los de trabajadoras en hogares, pero rechazan en términos muy duros su retiro de las emergencias, por ser "un crimen contra la vida y los pobres".
La madrugada de este jueves, en una asamblea extraordinaria, 104 delegados de 173, pertenecientes a los 23 colegios médicos del país, decidieron el reintegro por una semana a las estrictas emergencias, terapias intensivas, obstetricia e infantes.
Pero la directiva de la fracturada Federación Médica de Venezuela, con su presidente destitiuido por haber impuesto una desacatada tregua anterior, estuvo a punto de ser secuestrada por el sector más enardecido, y buena parte de los residentes reincorporados, actuaban "a reglamento y bajo protesta".
En tanto, los demás gremios profesionales del país amenazaron con un paro general, que podría ser decidido el lunes, en solidaridad con las reivindicaciones de los médicos del área pública.
Los médicos empleados en diferntes áreas del Estado demandan un salario de unos mil dólares, frente a la banda de entre 144 y 248 dólares en que se mantiene congelado su salario desde 1944, mientras la inflación en el trienio totalizó 238 por ciento.
El gobierno ofrece incrementos de más de cien por ciento en el ingreso, parte pagadero en bonos sin ser incorporado al salario, y el ministro de Planificación, Teodoro Petkoff, ha insistido en que no hay recursos para mayor aumento, y que alzas mayores dispararían la inflación, de 103,2 por ciento en 1996.
Petkoff indicó que detrás de los médicos hay 800.000 empleados públicos más, que de inmediato van a exigir que se le extiendan los beneficios salariales y adicionales que logren los facultativos, lo que fuerza a controlar las ofertas monetarias.
Maestros y profesores de secundaria de la educación estatal han advertido ya que exigirán los mismos beneficios que logren los médicos, en una posición apoyada por el ministro del ramo, Luis Cárdenas.
En tanto, prosiguen las acciones jurídicas contra los dirigentes médicos por una llamada "instigación a delinquir", así como expedientes abiertos por algunos tribunales y la Fiscalia General (garante de la legalidad), en los casos específicos de las muertes por desatención denunciadas.
Además del área metropolitana de Caracas, el estado más radicalizado es el noroccidental de Zulia, donde los médicos residentes rechazaron su retorno a los hospitales en tanto no tengan una instrucción personal de su dirigente, aún en Caracas.
En ese estado se concentra la actual emergencia de colera, que ha sumado desde fines de diciembre 308 personas afectadas, 13 de ellas muertas.
El elemento más positivo de la crisis inconclusa se dio en la drástica caída del número de pacientes que llegan a las emergencias con heridas de bala, según un reporte común de los directores de los mayores hospitales de Caracas, en una tregua, esta sí no decretada, de la delincuencia, ante la huelga total hospitalaria. (FIN/IPS/eg/dg/he-lb/97
