El Gobierno de Bolivia colocó a Uruguay en una situación diplomática incómoda al responsabilizarlo de eventuales perjuicios para su embajador en Perú, Jorge Gamucio, rehén desde el 17 de diciembre del Movimiento Revolucionario Tupac Amarú (MRTA).
El "malestar" boliviano surge de un documento del Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia cuyo texto adelantó este viernes el diario local "El Observador".
La nota boliviana, que ingresó este viernes a la cancillería uruguaya, reactiva una situación que el gobierno uruguayo pretende sepultar desde el 24 de diciembre, cuando fue acusado desde varios ámbitos de canjear prisioneros con los guerrilleros que ocupan la residencia del embajador de Japón en Lima.
Ese día, una sentencia de la justicia ordenó liberar a dos presuntos integrantes del MRTA cuya extradición había sido solicitada a Uruguay por Perú y Bolivia.
La sorpresiva liberación de Luis Miguel Samaniego y Silvia Gora Rivero en Montevideo fue seguida pocas horas más tarde por la del embajador uruguayo en Perú, Tabaré Bocalandro, rehén del MRTA en la residencia diplomática tomada.
Gustavo Puig, abogado de Samaniego y Rivero, recibió la notificación judicial de la liberación en su contestador telefónico, dada la premura del trámite.
"El gobierno de Bolivia en reiteradas oportuniadades ha manifestado que ha recibido y se atiene a las explicaciones dadas por el gobierno de Uruguay en torno a la liberación por parte del Poder Judicial uruguayo de los presuntos miembros del MRTA", dice la nota de La Paz.
El texto diplomático alude a explicaciones telefónicas que el presidente uruguayo Julio Sanguinetti dio a su colega boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada sobre la "coincidencia" de ambas liberaciones y sobre la independencia del Poder Judicial en Uruguay.
Pese a que Bolivia dijo aceptar esas explicaciones, la nota señala que "la liberación (de Samaniego y Rivero) ha perjudicado notoriamente la situación del embajador de Bolivia en Lima", que aún continúa cautivo del MRTA junto a otras 73 personas.
Cuatro presuntos integrantes del MRTA son juzgados por la justicia de Bolivia, acusados de participar del secuestro del ex ministro Samuel Doria Medina en noviembre de 1995.
La nota diplomática indica que el embajador boliviano en Uruguay, Antonio Céspedes, fue convocado por el canciller de su país, Antonio Araníbar, para "una evaluación" de los hechos en Perú "y especialmente, para analizar la situación del embajador de Bolivia retenido como rehén", transcribió El Observador.
Céspedes y Aranibar se reunieron el jueves y, luego, el canciller dijo que Céspedes no regresará a Montevideo "por ahora" y sólo retomará sus funciones en "la fecha oportuna".
Aranibar comentó que en la reunión se calificó de "lamentable" la reacción de la justicia uruguaya ante "las presiones y exigencias del MRTA".
Dardo Preza, ministro del Tribunal de Apelaciones, que resolvió con su voto el rechazo del pedido de extradición de Samaniego y Rivero, se pronunció apenas 72 horas después de ser notificado de que debía integrar el tribubunal.
El mismo día de la sentencia, el 24 de diciembre, se iniciaba en Uruguay la feria judicial, que se extiende hasta el 1 de febrero.
El 23 de diciembre, en entrevista con los ministros de la Suprema Corte de Justicia, Sanguinetti expresó su preocupación por la situación del embajador Bocanaldro y la demora del Tribunal de Apelaciones en expedirse sobre la solicitud de extradición de los dos supuestos guerrilleros peruanos.
En esa reunión también se consideró la imposibilidad jurídica de que el Tribunal de Apelaciones de turno en la feria judicial se pronunciara sobre las extradiciones.
Varias fuentes diplomáticas locales consultadas por IPS se negaron a comentar la nota boliviana "hasta que sea analizada oficialmente, porque el lenguaje diplomático es diferente de otros", y una interpretación errónea "podría perjudicar al país".
Las fuentes recordaron que Bolivia está asociada al Mercosur (Mercado Común del Sur), la zona de libre comercio que integran Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay y a la que también se asoció Chile.
El embajador de Perú en Montevideo, Guillermo del Solar Rojas, también se encuentra en su país, donde fue llamado en consulta por su cancillería.
Sin embargo, el viceministro de Turismo de Perú, Juan Manuel Echevarría, presente en Uruguay en un encuentro de autoridades de turismo de América del Sur, descartó problemas en las relaciones entre ambos países.
"Nuestra presencia aquí avala la afirmación de que no existe ningún inconveniente en las relaciones entre Uruguay Perú", dijo Etchevarría al diario El País, el de mayor circulación nacional.
En su editorial de este viernes, El País exhortó al gobierno a publicar un "libro blanco" para explicar los hechos que lesionaron la imagen del Uruguay.
"No podemos ignorar que la solidez internacional de nuestro gobierno ha sido vulnerada. Su prestigio es distinto, antes y después de este hecho. Estamos sentados en el banquillo de los acusados", dice el artículo.
El matutino argumenta que "no podemos permitir que cunda la creencia de que el Uruguay puede convertirse en un santuario para los terroristas. Nos afectaría moral y económicamente (…) y nos alejaría de los inversionistas extranjeros". (FIN/IPS/rr/ff/ip/97
