PERU: Gobierno uruguayo sigue en el centro de las polémicas

Versiones según las cuales el asalto de un comando del guerrillero Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA) a la residencia del embajador japonés en Perú se habría financiado desde Uruguay, volvieron a poner a este país en el centro de la tormenta.

Las versiones tuvieron un rotundo desmentido de parte de portavoces del gobierno uruguayo. No existe una "conexión Uruguay" a través de la cual se haya remitido dinero al MRTA para financiar el copamiento de la residencia diplomática nipona, aseguraron.

El diario "El Expreso" de Lima informó el domingo que la policía peruana investiga la financiacion del asalto con dinero procedente de Uruguay.

Según el periódico, el dinero fue retirado de bancos uruguayos en donde el MRTA tenía depositado el producido del secuestro del ex ministro boliviano Samuel Doria Medina, en noviembre de 1995.

La investigación de la policía peruana surgió tras capturar a una mujer que trataba de introducir en una cárcel limeña una carta dirigida a un jefe del MRTA preso y a la cual se le habrían incautado documentos y dinero procedentes de Montevideo.

"Se pretende nuevamente implicar a Uruguay con el MRTA por razones subterráneas que no es posible comprender", dijo a IPS una fuente del gobierno uruguayo que pidió no ser identificada.

Sin embargo, funcionarios de los servicios de inteligencia de la policía uruguaya y de Interpol investigan lo sucedido.

La plaza financiera uruguaya se caracteriza por una amplia libertad y un rígido secreto bancario que sólo puede ser levantado por la justicia mediante razones fundadas.

Uruguay ha recibido críticas por la rigidez de su secreto bancario, en particular de Estados Unidos, que en algunos casos ha señalado que los bancos uruguayos son utilizados para lavar dinero proveniente del narcotráfico.

El gobierno y la justicia de Uruguay recibieron una ola de críticas cuando el 24 de diciembre pasado, con pocas horas de diferencia, se produjeron las liberaciones en Montevideo de dos presuntos integrantes del MRTA, y en Lima la del embajador uruguayo Tabaré Bocalandro, rehén de los guerrilleros.

Tanto Perú como Bolivia habían solicitado la extradición de Luis Alberto Miguel Samaniego y de Silvia Gora Rivero, que estaba pendiente del voto de uno de los integrantes de un Tribunal de Apelaciones, que lo formuló, en forma sorpresiva, en la víspera de Navidad.

El embajador de Bolivia en Uruguay, Antonio Céspedes, se trasladó a su país. De este periplo han surgido versiones diferentes que se manejan con prudencia teniendo en cuenta que el embajador boliviano en Lima, Jorge Gumucio, continúa en poder del MRTA.

El ministro de Comunicación de Bolivia, Mauricio Balcázar, dijo en La Paz que su gobierno llamó a Céspedes para que informe personalmente sobre la liberación de Miguel y Gora.

Balcázar añadió que su gobierno tiene presente que tras esos hechos Perú retiró a su embajador de Montevideo y que "en el mundo diplomático esa actitud es una señal de muy fuerte disgusto".

En Bolivia continúa un juicio contra cuatro presuntos integrantes del MRTA acusados de estar implicados en el secuestro de Doria Medina, un grupo al que la justicia boliviana vinculó a Miguel y Gora.

Sin embargo, la cancillería uruguaya salió al cruce de la versión de Balcázar y desmintió al funcionario boliviano a través de la Dirección de Protocolo, según consigna este miércoles el diario "El País", el de mayor circulación nacional.

La información oficial uruguaya establece que Céspedes ya había informado el 20 de diciembre que se ausentaría de Montevideo para una breves vacaciones el 23 de ese mes, antes de producidas las liberaciones de Miguel, Gora y Bocalandro.

Tras los hechos del 24 de diciembre, el gobierno uruguayo se embarcó en una fuerte campaña destinada a limpiar su imagen internacional y desmentir la existencia de un supuesto canje de prisioneros.

El canciller, Alvaro Ramos, regresó este martes de Tokio, hacia donde viajó el día 1 para explicar la posición de su gobierno, después que el primer ministro de Japón, Ryutaro Hashimoto, fustigó a Uruguay por "dificultar" las negociaciones entre el gobierno peruano y el MRTA.

A su regreso Ramos expresó satisfacción por el resultado de su visita a Japón.

En una columna publicada en el diario español "El País", el presidente uruguayo Julio Sanguinetti dijo que su gobierno "no negoció la liberación de su embajador en Perú" y sostuvo que la liberación de Bocalandro y de Miguel y Gora "fue una coincidencia en el tiempo". (FIN/IPS/rr/jc/ip/96

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