La destitución o reemplazo de los ministros, altos funcionarios y jefes militares y policiales que siguen en manos del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA) evidencian que el gobierno de Perú considera que las negociaciones para obtener la libertad de los 74 rehenes serán prolongadas.
Hasta el 31 de diciembre, las relaciones entre el gobierno del presidente Alberto Fujimori y Néstor Cerpa, jefe del comando guerrillero que asaltó la embajada de Japón en Lima el 17 de ese mes, parecían avanzar hacia una pronta solución política.
Pero Cerpa planteó nuevamente el último día del año pasado la demanda de la libertad de los 458 miembros del MRTA presos en distintas cárceles de Perú, una exigencia que había abandonado a los tres días del copamiento de la embajada.
En una señal que reveló un nuevo endurecimiento de las relaciones entre el gobierno y los secuestradores, volvieron a cortarse los suministros de energía eléctrica y agua corriente a la sede diplomática, que fueron reanudados la semana pasada.
"El país no puede paralizarse porque un minúsculo grupo terrorista secuestre con fines de extorsión a distinguidas personalidades", manifestó Fujimori, quien añadió que la toma de rehenes no afecta la economía nacional ni a la administración pública".
El comentario fue una referencia a la designación de nuevos encargados de las jefaturas que ejercían los 17 generales y coroneles de la policía capturados por los emerretistas en la embajada de Japón, cuando asistían a una recepción con motivo del cumpleaños del emperador Akihito.
A algunos de ellos les espera, cuando salgan en libertad, una investigación para deslindar su responsabilidad por negligencia de funciones, pues supuestamente debían haber anticipado y evitado el asalto de la embajada.
También están considerados "fuera de cuadros", es decir suspendidos en sus funciones, un capitán de Fragata de la Marina, dos coroneles de la Fuerza Aérea y un comandante del Ejército igualmente en situacion de cautiverio.
Con caracter provisional fueron reemplazados este jueves cuatro jueces de la Corte Suprema de Justicia -el quinto se jubiló el 31 de diciembre- y seis funcionarios con rango de viceministros o secretarios de ministerio.
En tanto que las carteras que ejercían el canciller Francisco Tudela y Rodolfo Muñante, ministro de Agricultura, fueron asignadas interinamente a otros miembros del gabinete.
En el Congreso se siguen considerando "presentes moralmente" a los cinco parlamentarios, todos ellos del oficialista partido Cambio 90, que figuran entre los rehenes.
El gobierno central rechazó una gestión efectuada la semana pasada por la Cruz Roja Internacional para levantar la medida que suspendió las visitas de esa institucion humanitaria a las cárceles en donde se encuentran presos los 458 miembros del MRTA.
La suspensión de las visitas de la Cruz Roja se adoptó después que se produjo el copamiento de la embajada de Japón y nunca se dio una explicación oficial de la medida, pero según fuentes policiales trata de impedir que alguno de sus miembros transporte mensajes entre los secuestradores y sus dirigentes encarcelados.
El incidente del 31 de diciembre, cuando una veintena de periodistas desbordó la "línea amarilla de seguridad" e ingresó a la embajada donde Cerpa ofreció una rueda de prensa, reforzó la suspicacia de los jefes policiales en torno de algunos miembros de la Cruz Roja.
Los mandos policiales sostienen que uno de los miembros japoneses de la Cruz Roja dejó abierta la puerta exterior del jardín de la embajada, lo que fue aprovechado por el corresponsal de una cadena de televisión del país asiático, que ingresó corriendo al interior y fue seguido por los demás.
"El camarógrafo tenía preparado un cartel escrito en japonés escondido entre las ropas, que desplegó para avisar a los del MRTA que iba a ingresar. De modo que sabía que encontraría la puerta abierta", comentó la fuente.
La misma fuente aclaró que las dudas sobre la actuación de algunos de los miembros de la Cruz Roja Internacional no involucran a los directivos de su representación en Lima, que inclusive desaconsejaron que se permitiera acercarse a los periodistas a la sede diplomática. (FIN/IPS/al/ag/ip/96
