Altos funcionarios del gobierno de Nicaragua declararon que no establecerán ningún tipo de negociación con la oposición sandinista para solucionar el tema de las confiscaciones de propiedades efectuadas en los años 80.
Sin embargo, una comisión de juristas del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y oficialistas formada a pedido del presidente Roberto Alemán debe comenzar a discutir el punto este jueves.
El vicepresidente Enrique Bolaños dijo el martes que el tema de las confissaciones de tierras durante el gobierno de izquierda instalado tras el derrocamiento de la dictadura de Anastasio Somoza "jamás será negociado con los sandinistas".
Un signo de que el Ejecutivo mantiene una posición dura es que al frente de la comisión por la parte gubernamental fue designado el abogado Guillermo Argüello, a cuya familia los sandinistas confiscaron una finca de caña de azúcar y una residencia veraniega.
La primera, que estaba en manos del Ejército, le fue devuelta, pero por la residencia, que pertenece a su hija, "continúa peleando", según dijo.
Argüello, que fue funcionario durante la dictadura de Somoza, declaró no obstante que ni él ni su Partido Liberal son "revanchistas".
"El Partido Liberal no llega al poder para sacar revancha ni perseguir a nadie, sino para respetar y consolidar el Estado de Derecho", dijo.
Pese a ello, los sandinistas desconfían de la real voluntad negociadora del representante gubernamental al considerarlo parte interesada en el asunto.
En 1995, el parlamento aprobó una ley de "Punto Final de la Propiedad", que reconoce el derecho de propiedad a aquellos que fueron beneficiados con lotes otorgados por el gobierno sandinista hasta febrero de 1990.
No obstante, la ley establece que deberán pagar la propiedad al Estado aquellos que ocupan una vivienda mayor a los 100 metros cuadrados de construcción.
También determina que será la justicia la que deberá resolver los reclamos de parte de los dueños originales, así como dictaminar si hubo abusos o no en la concesión de los lotes confiscados.
Unos 28 recursos inconstitucionales fueron interpuestos contra esa ley ante la Corte Suprema de Justicia por los propietarios de fincas confiscadas.
El gobierno espera que la Corte resuelva a favor de los reclamantes y obligue al Parlamento a promulgar un nuevo marco jurídico.
"Vamos a someternos a las leyes vigentes porque, nos parezca bien o no, la ley es la ley y hay que respetarla", dijo Argüello. "Un funcionario no puede más que ajustarse a lo que disponen las instituciones", agregó.
Según datos oficiales, más de 5.500 personas se presentaron a reclamar casi dos millones de manzanas de tierra, 4.251 casas y unos 1.500 lotes.
Entre los reclamantes, organizados en la Asociación de Confiscados "Arges Sequeira", figura el propio Bolaños, quien demanda tres propiedades agrícolas.
Bolaños presentó este martes su Declaración de Probidad en la que estima su patrimonio personal en unos 2,5 millones de dólares, 500.000 de los cuales corresponden al valor de las propiedades que le fueron confiscadas. (FIN/IPS/rf/dg/ip/97
