La tensión reina en Chiapas y Guerrero, dos estados del sur de México donde tienen base dos grupos guerrilleros, ante un amplio despliegue militar y una serie de detenciones arbitrarias, aseguraron organizaciones humanitarias.
Las autoridades informaron el lunes la detención en la capital de Beningno Guzmán, un dirigente campesino del estado de Guerrero que fue identificado oficialmente como "cabecilla del EPR" (Ejército Popular Revolucionario).
Por su parte, el EPR acusó al ejército de hostigar a campesinos y dijo que mantiene una campaña de "propaganda armada" para dar a conocer sus propuestas políticas.
La organización insurgente no hizo referencia a la detención de Guzmán, quien ha negado todo vínculo con grupos armados, y afirmó en cambio que su combatiente "Rafael" fue aprehendido hace más de 90 días por los militares y el gobierno no recomoce ese hecho.
"No hay ningún mexicano bien nacido que crea que los problemas se puedan resolver con violencia", dijo hace poco el presidente Ernesto Zedillo, luego de reiterar su propósito de solucionar los conflictos sociales y políticos a través del diálogo.
Mientras el mandatario hablaba, se registraban movimientos de tropas en Chiapas, reducto del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), en Guerrero se reforzaban las patrullas y en la ciudad de México y en otras localidades, oficiales del ejército se hacían cargo del mando de fuerzas policiales.
México, un país que fue refugio de guerrilleros y líderes políticos de izquierda de América Latina, es escenario hoy de dos grupos insurgentes: el EZLN, surgido en Chiapas al comenzar el año 1994, y el EPR, que actúa desde junio de 1996 y cuyo discurso radical recuerda la etapa de la guerra fría.
Según el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, el ejército lleva adelante en Chiapas una "guerra de baja intensidad" apoyada por la presencia de paramilitares. Unas 240 personas murieron en el estado en los dos últimos años en acciones violentas, afirmó el Centro.
Portavoces del organismo, que en 1996 fueron amenazados y aún atacados por desconocidos, aseguran junto a sacerdotes e indígenas que en las dos últimas semanas, el ejército realizó un "inusitado" despliegue en las zonas zapatistas.
El movimiento de tropas se produjo al agudizarse las diferencias que impiden la reanudación del diálogo que el gobierno y el EZLN interrumpieron en septiembre, según las fuentes.
Las Fuerzas Armadas sostienen que se trata de "movientos normales" y niegan tener el proósito de abonar la tensión en Chiapas. Pero el EZLN cree que el ejército recibió ya la orden de atacar y ensaya el golpe final.
En tanto, informes oficiales indican que desde el surgimiento del EPR, al que el gobierno califica de grupo de delincuentes, 50 personas han sido detenidas, unas 20 han muerto y 23 resultaron heridas en Guerrero.
La Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del estado de Guerrero, uno de los de mayor pobreza y presencia indígena, junto a Chiapas y Oaxaca, comenzó la semana última la investigación de torturas, desapariciones y encarcelamientos injustificados atribuidos a los militares.
Varias personas acusadas de integrar las guerrillas realizaron ayuno de protesta en cárceles de Guerrero y pidieron apoyo internacional por considerarse detenidos injustamente y haber sido torturados.
"Todo lo que es moreno y bajito es sospechoso y sujeto a investigación. Y como aqui (Guerrero y Chiapas) todos son bajitos y morenos, pues todos estan sujetos a investigación policiaca. Aqui el delito es vivir", escribió el subcomandante Marcos, líder del EZLN, en comunicado difundido el 24.
Según el gobierno, que no ha informado la cantidad de efectivos movilizados, el despligue militar en el sur del país tiene el prooósito de combatir el narcotráfico, realizar acciones sociales y garantizar la seguridad pública. (FIN/IPS/dc/ff/ip/97
