Organizaciones no gubernamentales (ONG) de Malasia sostienen que sus actividades son injustamente censuradas por el gobierno, mientras éste acusa a los activistas de servir intereses individuales a expensas de la imagen internacional del país.
Un activista de los derechos humanos acusado de calumniar a las autoridades ya fue sometido a la justicia, mientras las autoridades realizaron la semana pasada una redada en las oficinas de una ONG, al menos, en lo que algunos activistas calificaron de "un ataque a la sociedad civil".
Las últimas acciones contra ONG "demuestran que el gobierno tiene muy poco respeto por los derechos civiles de la población malasia", declaró un portavoz de SUARAM, un grupo defensor de los derechos humanos.
El "ataque" del gobierno coincidió con un incremento del activismo de las ONG sobre temas de interés nacional e internacional.
El pasado noviembre, varias ONG locales organizaron una conferencia internacional en Kuala Lumpur para discutir la ocupación indonesia de Timor Oriental, pero las autoridades malasias cancelaron el encuentro, argumentando que Jakarta se ofendería si el gobierno permitiera su celebración.
Los organizadores ignoraron la cancelación e iniciaron el encuentro, pero a poco de comenzado fue interrumpido por un grupo violento relacionado con el gobierno.
Varios activistas locales fueron detenidos y posteriormente liberados, mientras los delegados extranjeros que habían viajado para asistir a la conferencia fueron deportados sin miramientos.
Luego, en diciembre, un grupo local de derechos humanos planeó un "tribunal popular" para atender casos de supuesto abuso policial, pero el encuentro se pospuso indefinidamente luego de que el primer ministro Mahathir Mohamad amenazó con aplicar medidas internas de seguridad.
La preocupación del gobierno por las actividades de las ONG quedó probada en el mensaje de año nuevo del primer ministro, en el que acusó a las ONG de actuar en colaboración con extranjeros para perjudicar la imagen internacional de Malasia.
El pasado fin de semana, tras un encuentro del Consejo Supremo de la Organización Nacional de Malayos Unidos, el partido dominante en la coalición de gobierno, varios miembros declararon a la prensa que las actividades de las ONG fueron el principal tema de discusión.
Tras la reunión, algunos ministros anunciaron la realización de una investigación oficial sobre organizaciones no gubernamentales de Malasia para asegurar que "no sean explotadas por ciertos partidos".
También informaron que todas las ONG (sin importar si están registradas actualmente) pasarán a regirse por la estricta Ley de Sociedades.
"No queremos que se abuse del término ONG", ni que "algunos grupos digan representar a las masas cuando en realidad sirven a los intereses de unos pocos individuos", declaró Mahathir a un grupo de periodistas.
Mientras, el viceministro del Interior, Megat Ayob, afirmó que "las ONG han sido explotadas por algunos individuos para criticar a la policía y desgraciar al país, sin pensar en las consecuencias", y agregó que, como grupos voluntarios, las ONG deberían servir al público.
Los activistas reaccionaron enérgicamente. "Tales declaraciones son gratuitas", sostuvo P. Ramakrishnan, presidente del grupo de reforma social Aliran, y agregó que el primer ministro debería dar los nombres de las personas que habrían utilizado ONG para su propio beneficio.
Así mismo, Ramakrishnan negó que las ONG hayan dañado la imagen del país. "Si las acciones de las autoridades son transparentes, entonces no tienen nada que temer", manifestó.
Elizabeth Wong, coordinadora de SUARAM, también defendió las acciones de las ONG al sostener que éstas simplemente cumplen su función proveyendo "un canal alternativo para la crítica constructiva". (FIN/IPS/tra-en/ann/cpg/ml/ip/97
