El parlamento de Italia debatirá un proyecto de ley que pretende dar agilidad a una justicia que llegó a una parálisis casi total, con procesos que duran en promedio cuatro años y medio, pero también podría beneficiar a responsables de corrupción política.
Se trata de la más controvertida iniciativa aprobada por el gobierno de centroizquierda desde que asumió en mayo de 1996. Sus críticos temen que, en el fondo, se trata de darle una mano a los más de 5.000 procesados por "Tangentópoli".
"Tangentópoli" (ciudad de las comisiones ilegales) es la denominación de un difundido sistema de corrupción política que dejó al descubierto una investigación judicial iniciada en febrero de 1992 y destrozó a la clase dirigente que dominaba el gobierno de Italia desde el fin de la segunda guerra mundial.
En particular, la investigación provocó la debacle de la Democracia Cristiana y el Partido Socialista, los sectores que se alternaron en los gobiernos que rigieron durante ese extenso período.
Los encargados de descubrir esta "ciudad sumergida" fueron los fiscales de la gigantesca operación judicial "Manos Limpias", iniciada en Milán, cuya figura más emblemática fue el ex ministro de Obras Públicas del actual gobierno, Antonio Di Pietro.
El gobierno jura que el proyecto no es para ayudar a los corruptos, quienes, sin embargo, podrán aprovecharlo si se convierte en ley.
Se prevé que el aún no comenzado debate parlamentario de la iniciativa aprobada por el Consejo de Ministros este fin de semana será lento (insumirá al menos un año) y accidentado.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ferdinando Zucconi Galli Fonseca, reveló el día 10 en la ceremonia de apertura del año judicial que las sentencias definitivas en 1996 alcanzaron apenas a 0,03 por ciento de los procesos pendientes.
La iniciativa prevé la posibilidad de que los acusados abrevien el proceso judicial y logren con los magistrados un acuerdo sobre la condena que supone una acumulación de descuentos en las penas.
De ese modo, los acusados podrán, si renuncian a los largos procesos y se acogen a todos los vericuetos de la ley, gozar de grandes descuentos de pena por los que una condena podría reducirse de a 12 años a apenas dos y medio.
El proyecto se aplica a un gran número de delitos, y no solo a los que se refieren a la "Tangentópoli", como la corrupción y la concusión, sino también al robo, la extorsión, la usura, la violación de domicilio, el lavado de dinero, la revelación de secretos de Estado y el falso testimonio.
Se excluyen, por el contrario, el homicidio, los atentados terroristas, la asociación mafiosa, el secuestro, el tráfico de drogas y la violencia sexual.
De acuerdo con la inciciativa, no será siquiera necesario que el acusado admita su responsabilidad, pues sería suficiente que el juez considere que existen las condiciones para acordar la pena en base a los elementos de prueba en posesión del fiscal.
Si, en cambio, el juez considera que los elementos son insuficientes, el imputado puede decidir la confesión para ofrecerle así el elemento decisivo de la condena.
El acuerdo aseguraría al acusado rebajas al menos equivalentes a una tercera parte de la pena. Pero como el proyecto de ley prevé un total de cuatro descuentos de hasta un tercio cada uno, la condena de 12 años puede reducirse a dos y medio.
El trámite abreviado se aplicaría a todos los delitos, incluidos aquellos para los que se prevé cadena perpetua, y lo debería solicitar el acusado al juez, según la iniciativa legislativa.
Si se concediera la petición, el imputado obtendría una rebaja de hasta un tercio de la pena, que, en el caso de la cadena perpetua, reduciría la condena a 30 años de cárcel.
El coordinador de la operación judicial "Manos Limpias", Gerardo D'Ambrosio, se declaró contrario a la iniciativa porque, a su juicio, "ayudará a los corruptos de Tangentópoli".
El proyecto parece un traje confeccionado a medida para los imputados por la Tangentópoli, pues ni siquiera exige la confesión como base para acceder a los descuentos de pena.
De esta manera, la iniciativa concedería a los imputados un atenuante que no le costará nada, pues, si solicita la abreviación del trámite judicial, obtendrá, en el peor de los casos, una rebaja de un tercio de la pena, y, en la mejor de las posibilidades, la absolución.
D'Ambrosio también criticó la disminución de un tercio de la condena para quien indemnice "la ofensa al interés público", porque "genera una discriminación entre quienes tienen dinero para hacerlo y el pobre desgraciado que no podrá obtener el descuento de la pena".
De ese modo, quien robó millones de dólares y los conserva en bancos extranjeros, obtendría la reducción de la condena tras retirar un poco de ese dinero, lo cual "parece escrito a medida para los imputados de Tangentópoli".
El presidente de la Asociación de Abogados Penalistas, Gaetano Pecorella, también manifestó su desacuerdo con el proyecto porque, dijo, "se define un tipo de justicia penal en la cual no existirá más la búsqueda de la verdad a través de la prueba".
Hasta ahora, agregó Pecorella, la confesión ha llegado a ser el criterio base de todos los procesos.
En cambio, el jefe del gobierno, Romano Prodi, sostuvo que el proyecto establece medios indispensables para evitar riesgos mayores, como la amnistía o la prescripción de los delitos.
La iniciativa es uno de "los desafíos más importantes de mi gobierno", afirmó Prodi.
El "padre" del proyecto, el ministro de la Justicia, Giovanni María Flick, precisó que la norma en discusión no está destinada a Tangentópoli, sino a la justicia en su globalidad.
Flick se declaró abierto a introducir cambios al proyecto en el parlamento, pero advirtió que la única cosa que el gobierno no está dispuesto a aceptar es que se transfome en un debate sobre un supuesto borrón y cuenta nueva de Tangentópoli. (FIN/IPS/jp/mj/ip/97
