En tres años de vigencia del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC) se agudizaron los conflictos que afectan al campo mexicano, donde la desesperanza frente a la pobreza creciente es caldo de cultivo para respuestas sociopolíticas extremas.
Los problemas más graves son la falta de competitividad de los productos agropecuarios de México ante sus competidores de Canadá y Estados Unidos, así como la pobreza y la reforma constitucional que permite la compraventa de tierras ejidales (cooperativas).
Al impulsarse el nuevo mercado inmobiliario de tierras corren riesgo de desaparecer las explotaciones colectivas rurales, que cubren la mayor parte de la superficie aprovechable del país desde la reforma agraria derivada de la revolución mexicana de 1910-17.
Al permitirse la compraventa de las tierras antes entregadas en usufructo se desató, en condiciones de virtual bancarrota para la mayoría de los ejidos, un proceso que en la práctica, según los expertos, constituye "una expropiación por vía económica".
El cambio constitucional formó parte de las negociaciones del TLC, que creó una zona libre mercantil de 375 millones de habitantes con un producto anual de siete billones de dólares.
Alvaro López, dirigente de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) considera que "los modernos latifundios pueden llegar a provocar una insurrección campesina similar a la que se dio en la segunda década del siglo".
López sostuvo que si la rebelión zapatista estalló en el sureño estado de Chiapas el día inaugural del TLC, "tres años de redoblada marginación y miseria en el campo, sumadas a la destrucción del ejido y las comunidades, agravaron la crisis".
Según el dirigente rural ello está ocasionando "la irrupción de un número cada vez mayor de grupos armados de campesinos que, desesperados, le apuestan todo a la guerrilla".
Además del zapatismo en México apareció en junio pasado el Ejército Popular Revolucionario (EPR) y este fin de semana surgió en el estado de Guerrero, sobre el Pacífico, un denominado Ejército Justiciero del Campesinado Indefenso.
Luis Hernández, director del Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano (Ceccam), se preguntó "cuántos levantamientos más harán falta para que se entienda que no hay desarrollo viable sin agricultura fuerte".
Hernández señaló que es imposible impulsar la economía rural marginando a los campesinos, mayoritariamente de origen indígena y mestizo, ya que se trata precisamente de su hábitat.
Dijo que "a nadie puede sorprender que el día que entró en vigor el TLC miles de campesinos indígenas se hayan levantado en armas, y que otros lo hagan ahora bajo consignas similares".
El experto aseguró que el primer día de 1994 la agricultura mexicana se encontraba, como hoy, "descapitalizada, estancada, sin integración en sus fases, con instituciones gubernamentales desmanteladas y con una drástica reducción de subsidios".
Agregó que "en esas condiciones fue puesta a competir, prácticamente de un día para otro -sin gradualidad, sin políticas de reconversión y sin fondos compensatorios- con dos de las agriculturas más fuertes del mundo".
Víctor Suárez, director de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC), sostuvo que en los últimos tres años la dependencia alimentaria mexicana llegó a niveles sin precedentes.
Según Suárez, en 1996 México importó 14 millones de toneladas de granos básicos con un valor aproximado a 3.000 millones de dólares.
Fueron en total seis millones de toneladas de maíz, dos millones de trigo, 2,5 millones de sorgo, 2,5 de soya y 750.000 toneladas, divididas en partes iguales, de arroz, frijol y cebada.
El dirigente empresario puso el acento en que dichas cifras representan una dependencia cercana a 50 por ciento del consumo alimentario mexicano.
"Además significa que no se cultivaron 5 millones de hectáreas y que se dejó sin empleo ni ingreso a un millón y medio de campesinos", añadió.
Sostuvo que en 1996 el valor de las importaciones agropecuarias mexicanas se triplicó respecto del promedio del lustro 1990-1995, y representó 1,5 veces el total del presupuesto federal asignado para el año al sector agropecuario, forestal y pesquero.
El secretario (ministro) de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Francisco Labastida, recordó que al asumir su cargo, en enero de 1995, advirtió sobre los riesgos en el agro.
"Procuraré por lo pronto, le dije, que los problemas no se agraven, sumar voluntades y estrategias, identificar la forma en que se pueden superar los conflictos, y ver hacia dónde caminar en el futuro", declaró.
Y admitió: "Pero lo primero que tenemos que hacer es que no se incendie el campo, y eso tomará algún tiempo". (FIN/IPS/emv/jc/if- pr-dv/97
