El presidente de Honduras, Carlos Roberto Reina, cumple hoy su tercer año de gobierno, en medio de protestas populares y lo que sus funcionarios y asesores llaman una administración de "logros mixtos".
Ese juego de palabras, acuñado por los rectores de la política económica, intenta evadir la responsabilidad por el descontrol de la inflación, que asciende a 26 por ciento anual, la depreciación de la moneda local y los constantes aumentos del precio del combustible y la canasta de productos básicos.
Por tercer año consecutivo, el gobierno de Reina no ha podido cumplir su ansiada meta inflacionaria de 12 por ciento anual, ni exportar más de 1.200 millones de dólares, cifra que se reitera en la balanza comercial hace más de un decenio.
Si bien en lo macroeconómico la economía local presenta un crecimiento anual de 3,5 por ciento y el déficit fiscal se mantiene en tres por ciento del producto interno bruto, equivalente a 150 millones de dólares, esas hazañas no son visibles con facilidad.
Para el presidente del Banco Central, Hugo Noé Pino, el llamado "efecto derrame", que las medidas de ajuste económico deben, en teoría, trasladar a la población, no se percibe porque la especulación e intransigencia de los organismos financieros internacionales constituyen un obstáculo.
"Los organismos multilaterales de crédito a veces se muestran reacios a aceptar algunas realidades propias del país, y resulta imposible aplicar a rajatabla lo que ellos piden o sugieren", dijo el funcionario.
El rector de la política bancaria se refirió así a la decisión del Fondo Monetario Internacional de suspender la firma de una carta de intención con Tegucigalpa, por considerar que no se cumplieron los requisitos de liberalización de los combustibles y privatización de las principales empresas del Estado.
Esa decisión valió para que Honduras no recibiera en 1996 recursos por 200 millones de dólares y se bloqueara un perdón de de la mitad de la deuda de 1.200 millones que el país tiene con el Club de París.
A estos fracasos económicos del gobierno de Reina se suma una deuda externa de 4.300 millones de dólares que absorbe 35 por ciento del presupuesto nacional.
"Creemos que hablar de un fracaso del gobierno no es justo, porque hemos tenido logros mixtos en materia económica y política, partiendo del proyecto de modernización estatal y las reformas financieras que estamos impulsando", dijo Pino.
Pero las tres principales centrales sindicales del país piensan lo contrario, al ver como se concretan nuevos incrementos a las tarifas de electricidad, teléfono y transporte urbano.
En un comunicado conjunto emitido hace una semana, las centrales de trabajadores piden una "rectificación" de la política económica y amenazaron con fuertes movilizaciones que podrían complicar el panorama social.
En lo que va del enero, se registraron cerca de ocho pequeñas movilizaciones de protesta en los barrios pobres de Tegucigalpa, cuyos habitantes allanaron las instalaciones de los ministerios de Economía y Finanzas.
Estas mismas personas se aprestan a dejar sus pancartas y cacerolas por palos, machetes y piedras, si se concreta un incremento de 25 centavos de dólar al precio del transporte urbano.
Los dueños de las empresas de transporte, que acordaron encerrar sus vehículos a partir de este martes, sostienen que debe incrementarse la tarifa por las pérdidas que les acarrea el elevado precio del combustible y los repuestos.
A este panorama social se agrega el hecho de que Reina no cumplió su promesa de dar "rostro humano" al ajuste económico a través de proyectos de vivienda y otros dirigidos a combatir la pobreza.
Jorge Arturo Reina, vicepresidente de la Cámara Legislativa y hermano del presidente, dijo este lunes que la mayoría de las críticas carecen de fundamento, porque el gobierno ha hecho "cosas que pueden avizorarse desde una colina".
Dentro de estas acciones, mencionó la abolición del servicio militar obligatorio por uno voluntario, el traspaso este año de la policía a manos civiles, el adecentamiento de la justicia y el respeto a los derechos humanos.
"Estamos haciendo grandes esfuerzos por bajar la deuda externa, reducir el aparato del Estado y estructurar un modelo de país. Si nadie lo quiere reconocer, es porque están ciegos y llenos de envidia", dijo Reina.
El presidente, quien entregará el poder en enero de 1998, dijo en la campaña electoral que le llevó al poder que haría una "revolución moral" de combate a la corrupción, que hasta ahora no ha dado frutos y amenaza con quedarse en la mera promesa.
Las elecciones generales en las que se elegirá un nuevo presidente, diputados y alcaldes se celebrarán el 27 de noviembre. Las encuestas pronostican un alto abstencionismo. (FIN/IPS/tm/mj/ip if/97
