El Parlamento de Honduras comenzó hoy a revisar el sistema de inmunidad que protege a políticos y funcionarios públicos acusados de corrupción.
La Fiscalía del Estado denunció los privilegios de que gozan numerosos políticos que la justicia no puede investigar al estar protegidos por la ley.
El caso más obvio, según la Fiscalía, es el del ex presidente Rafael Callejas (1990-94), sobre quien pesan acusaciones de corrupción, abuso de autoridad, desvío de fondos y venta de la nacionalidad.
El mandatario, quien alega que es objeto de una "persecución política", no ha podido explicar en forma coherente cómo destinó 28 millones de dólares pertenecientes a un fondo de subsidio petrolero a gastos personales, paseos y regalos a su familia y amigos cercanos.
Este martes, la Corte Suprema de Justicia remitió a la Cámara Legislativa una petición para suspender la inmunidad política de Callejas y su ex ministro de Comunicaciones Mauro Membreño, a fin de responder a las acusaciones de la Fiscalía.
Carlos Flores, presidente del Congreso y aspirante presidencial por el gobernante Partido Liberal, afirmó que la petición será analizada por una Comisión de Dictamen del parlamento.
"En todo caso saldré libre con sólo pagar 1.400 lempiras de fianza", el equivalente a 120 dólares, señaló Callejas.
"Ya era tiempo de que se tomara la decisión de revisar el sistema de inmunidades porque como está concebido ningún diputado o funcionario público puede ser llamado a los tribunales por delitos comunes y de otra índole", afirmó este viernes el fiscal del Estado Edmundo Orellana.
"Todos los hondureños estamos convencidos de que la institución de la inmunidad, tal como está conceptuada en la Constitución, tiene problemas y sería correcto fijarle límites", agregó.
Orellana sostuvo que muchos candidatos a diputados de los partidos tradicionales, el Liberal (en el poder) y el Nacional, que competirán en las elecciones generales del 30 de noviembre, tienen cuentas pendientes con la justicia.
"Esto indica que buscaron ser incluídos en las candidaturas para evadir en el futuro la acción de la justicia, al gozar de inmunidad", dijo.
El presidente Carlos Roberto Reina consideró por su parte que la inmunidad es una "cosa sagrada que en ningún país del mundo sirve para proteger delincuentes".
De acuerdo a las leyes hondureñas, toda reforma de la Constitución debe ser aprobada por las dos terceras partes de los 128 diputados y luego ser ratificada por la siguiente legislatura. (FIN/IPS/tm/dg/ip/97
