El nuevo año comenzó en España con dos requerimientos autorizados para que se busque una salida política y no sólo policial al conflicto del País Vasco, donde la organización separatista ETA continúa apelando a la violencia.
La juez y ex viceministra de Interior Margarita Robles dijo que las soluciones policiales no van a acabar con el problema (de ETA) y recordó que "en 30 años se ha demostrado que las respuestas policiales son insuficientes", en declaraciones publicadas este jueves por el diario El Mundo de Madrid.
Por otro lado, el presidente del gobierno autónomo vasco, José Antonio Ardanza, aseguró en su mensaje de fin de año que la oferta de diálogo a ETA sigue vigente, pero advirtió que "la minoría violenta tiene que demostrar su voluntad de renunciar al uso de las armas".
A 17 años de haber recuperado las instituciones vascas "todavía persiste en Euskadi (País Vasco) una minoría obstinada en torcer por la fuerza el rumbo que nosotros libremente nos hemos trazado", subrayó Ardanza.
Ardanza pertenece al moderado y mayoritario Partido Nacionalista Vasco (PNV), que gobierna aquella región en coalición con el Partido Socialista Obrero Español (PSOE). En el plano nacional, el PNV apoya en el parlamento al gobierno presidido por el centroderechista José María Aznar.
Desde que ETA surgió hace tres décadas, bajo la dictadura de Francisco Franco (1939-75), se han producido varias negociaciones y dos amnistías (1977), que llevaron a la disolución de una de las ramas de la organización.
Pero la que subsiste se niega a deponer las armas antes de iniciar una negociación, en tanto que el gobierno subraya que sólo aceptará el diálogo "cuando ETA deje de matar".
Robles tuvo bajo su mando a las fuerzas de seguridad del Estado durante los dos últimos años del gobierno que presidió el socialista Felipe González (1995-96).
Por orden expresa suya la policía investigó actos de la "guerra sucia" contra el independentismo vasco entre 1983 y 1987, los primeros años del gobierno de González.
Sobre esa guerra, librada desde el Ministerio del Interior, Robles dijo que el Estado "tendrá legitimidad frente a ETA cuando se vea que el peso de la ley recae sobre las personas que cometieron los hechos del GAL (Grupos Antiterroristas de Liberación)", que reivindicó atentados que causaron 28 muertes.
Ardanza tienden a destacar que los vascos disponen ahora de la mayor autonomía de gobierno en toda su historia, superior a la de las regiones y comunidades autónomas en otros países europeos, por lo que asegura que la violencia es totalmente innecesaria para apoyar reivindicaciones nacionalistas e independentistas.
Tanto desde el gobierno central como del vasco se insiste en que para dialogar primero ETA debe dar muestras de que está dispuesta a renunciar a la violencia.
Pero la organización separatista mantiene en su poder a dos personas secuestradas: el funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara, quien este mes cumplirá un año sin ningún contacto con el exterior, y el joven empresario vasco Cosme Delcalux, secuestrado hace dos meses.
Además, ETA ha realizado atentados con bombas, matado a tiros a personas desarmadas y bombardeado con lanzagranadas a cuarteles de las fuerzas de seguridad.
En los últimos tiempos, sus simpatizantes jóvenes han llevado la violencia a las ciudades del País Vasco, agrediendo a personas de todas las edades que portan el lazo azul de la concordia y piden la liberación de los dos secuestrados.
Entre el 30 y el 31 de diciembre la policía detuvo en la comunidad autónoma de Navarra, región que los independentistas consideran parte del País Vasco, a cinco jóvenes, tres de ellos menores, acusados de pertenecer a comandos de apoyo a ETA.
La delegación del gobierno central en Navarra les atribuye la comisión de 20 atentados.
La respuesta del entorno de ETA fue inmediata. En la madrugada del día 1 ardieron dos estaciones de ferrocarril en la provincia vasca de Alava y también fueron atacadas con artefactos incendarios la sede de una compañía de seguros y dos comisarías de la policía autónoma vasca.
Floren Aoiz, portavoz de Herri Batasuna (HB), coalición cercana a ETA, aseguró este jueves que la izquierda independentista vasca "apuesta porque 1997 sea un año para abrir caminos hacia la paz", pero advirtió que "será conflictivo si el gobierno así lo quiere".
Aoiz lamentó que el conflicto vasco se encuentre en una situación de bloqueo, al no existir diálogo entre el gobierno y ETA.
Robles admitió que en los últimos meses del gobierno de González, que concluyó el 2 de mayo pasado, se inició un diálogo con ETA, que tuvo como intermediario al argentino Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz.
Pero ese diálogo se suspendió al asumir el gobierno Aznar, por entender que para dialogar una condición expresa "es que ETA deje de matar", una posición que apoyan todos los partidos con representación parlamentaria salvo HB. (FIN/IPS/af/ag/ip/96
