La organización separatista ETA volvió a matar hoy, cuando todavía no se apagan los ecos de voces – entre otras la suya- que piden una solución negociada al conflicto vasco.
Un teniente coronel del ejército español, Jesús Cuesta Abril, quien comandó fuerzas de paz en la ex Yugoeslavia, fue muerto a balazos por un comando etarra cuando descendía de un automóvil sin identificación oficial, frente a su domicilio en un populoso barrio de esta ciudad.
El nuevo año comenzó con dos requerimientos autorizados para que se busque una salida política al conflicto del País Vasco. Al mismo tiempo se conocieron las circunstancias en que fracasó una acción mediadora del premio Nobel argentino, Adolfo Pérez Esquivel.
La jueza y ex viceministra del Interior Margarita Robles recordó la semana pasada que "en treinta años se ha demostrado que las respuestas policiales son insuficientes".
Robles también admitió que durante el gobierno del socialista Felipe González y siendo ella la responsable del Interior, Pérez Esquivel inició contactos para una negociación entre el Gobierno y ETA.
Esos contactos no fracasaron sino que el actual gobierno, presidido por el centroderechista José María Aznar, decidió no continuarlos, dijos.
Por otro lado, el presidente del gobierno autónomo vasco, José Antonio Ardanza, en su mensaje de fin de año aseguró que la oferta de diálogo a ETA sigue vigente.
Pero, advirtió, "la minoría violenta tiene que demostrar su voluntad de renunciar al uso de las armas".
Ardanza subrayó que 17 años después de haber recuperado las instituciones vascas y de haberlas avalado en innumerables consultas electorales, "todavía persiste en Euskadi (País Vasco) una minoría obstinada en torcer por la fuerza el rumbo" que su población "libremente" se trazó.
Tanto desde el gobierno central como del vasco se insiste en que para dialogar ETA debe dar primero muestras de que está dispuesta a renunciar a la violencia.
La organización separatista mantiene en su poder a dos personas secuestradas, el funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara, quien este mes cumplirá un año de cautiverio, y el joven empresrio Cosme Delclaux, secuestrado hace dos meses.
Pérez Esquivel entregó en julio de 1996 en la embajada española en Buenos Aires una carta, escrita sobre papel membrete de la Fundación Servicio Paz y Justicia y dirigida a Aznar.
Un alto funcionario del Ministerio de Asuntos Exteriores, Enrique Iranzo, confirmó que el mensaje fue entregado en la presidencia del gobierno, pero en ésta se niega haberla recibido.
En la carta, Pérez Esquivel se lamenta de que sin responsabilidad de su parte se hubieran hecho públicas sus gestiones, ofrece una explicación a Aznar y se propone para continuar en su tarea.
Su intervención, señaló, "se da dentro de la solidaridad y el deseo de aportar en la búsqueda de caminos de paz y diálogo".
Pérez Esquivel fue contactado por ETA en junio de 1995 para oficiar de mediador. En agosto de ese año el premio Nóbel se dirigió con esa misión al entonces ministro del Interior, Juan Alberto Belloch, a través siempre de la embajada española en Buenos Aires.
La actitud de la presidencia de negar haber recibido la carta dirigida a Aznar obedece, según fuentes oficiales citadas por el semanario Tiempo, a la decisión gubernamental de ni siquiera hablar acerca de una negociación mientras ETA no deje de matar y no libere a los dos secuestrados.
Entre tanto, Floren Aoiz, portavoz de la coalición independentista vasca Herri Batasuna (HB), próxima a ETA, realizó un "llamamiento explícito" a todas las fuerzas políticas para encontrar vías de consenso que lleven "a un final de la violencia".
En rueda de prensa realizada el 20 de diciembre, Aoiz, dijo que esas conversaciones "deben ser sin límites, a todos los niveles y sin condiciones previas", tendientes a crear "un escenario político diferente cuanto antes".
Ese mismo día ETA intimó al gobierno a que negocie con los interlocutores que designó en distintas prisiones.
"Si el gobierno español da un fin satisfactorio a la dispersión de los presos vascos actuaremos en consecuencia" y los concentra en una sola cárcel en Euskadi, decía el comunicado, aludiendo a una posible liberación de José Antonio Ortega Lara.
De no aceptarse sus condiciones, ETA amenazó con prolongar la retención de Ortega y seguir atentando contra los funcionarios de prisiones, que "en numerosas ocasiones han acudido a intentar chantajear a los presos y ahora tienen la oportunidad de dialogar con los interlocutores señalados para superar ese conflicto".
Karmelo Landa, parlamentario de HB, coincidió con Aoiz al precisar que el futuro de Ortega Lara depende de que el gobierno español "cumpla la legalidad y respete los derechos humanos de los presos vascos".
Landa recordó que el traslado de esos presos al País Vasco "es algo demandado de forma democrática y mayoritaria desde las instituciones y la sociedad vasca".
Sin coincidir con ETA, los socialistas vascos también se pronunciaron por que el gobierno de José María Aznar flexibilice su postura sobre el acercamiento de los presos de ETA al País Vasco.
Ese acercamiento es también solicitado por los nacionalistas vascos moderados, la coalición Izquierda Unida y HB.
También se ha prinunciado en ese sentido Joaquín Giménez García, presidente de la Audiencia Provincial (tribunal jurídico) de la ciudad de Bilbao.
"Un efectivo acercamiento, compatible con la dispersión, es hoy no sólo una política posible sino una mejor política porque profundiza en la normalidad democrática, robusteciendo el Estado de derecho", dijo.
Pero esos llamamientos no han tenido eco en el ministerio del Interior.
Su titular, Jaime Mayor Oreja, se ha limitado a asegurar que la violencia callejera realizada por sectores próximos a ETA en el País Vasco "es la muestra más palpable de la degradación que vive esa organización". (FIN/IPS/af/dg/ip/97
