Personalidades civiles y militares de alto rango se sentarán este año en el banquillo de los acusados en España, al culminar una serie de procesos por corrupción y guerra sucia.
Generales, jefes y comisarios de policía, oficiales del Ejército, ex ministros, banqueros, empresarios, parlamentarios y dirigentes políticos —en su mayoría socialistas— están procesados y casi todos ellos en libertad bajo fianza, a la espera de juicio.
España ha sido la principal impulsora de la Cumbre Iberoamericana, que se celebra anualmente desde 1991. No deja de ser una ironía que la reunión de 1997, a realizarse en Venezuela, tenga de tema central "la ética en democracia", precisamente cuando se llevarán a cabo en este país los anunciados juicios.
Se destaca, sobre todo, que en la mayoría de los sumarios por corrupción están implicados políticos y ex gobernantes, y lo mismo ocurre en las causas por la guerra sucia perpetrada contra los independentistas vascos entre 1983 y 1986.
Aunque por lo general "contaminados" por la política, entre los acusados hay personas de todos los sectores sociales. En la cúspide quizás se pueda ubicar al ex banquero Mario Conde, un abogado que en pocos años amasó una inmensa fortuna y tomó el control de Banesto, uno de los cinco grandes de la banca española.
La meteórica carrera bancaria de Conde, iniciada en 1986, tuvo momentos de gloria, como en junio de 1993, cuando recibió el título de doctor honoris causa de la Universidad Complutense de Madrid, en un acto presidido por el rey Juan Carlos y que congregó a lo más selecto del gran mundo español.
Era la época en que Banesto tenía paquetes de acciones en diarios, radios y emisoras de televisión y financiaba organizaciones benéficas, exposiciones, ferias y congresos de todo tipo.
Pero el espectacular y fastuoso modo de vida de Conde se frustró bruscamente el 28 de diciembre de 1994 (día de los Santos Inocentes), cuando el Banco de España, máxima autoridad monetaria del país, dispuso la intervención de Banesto, de acuerdo con el gobierno que entonces encabezaba el socialista Felipe González.
Banesto fue finalmente fue comprado por otro grande, el Banco Santander, y Conde, tras pasar varias semanas en la cárcel y salir en libertad condicional, espera para este año varios juicios por corrupción y estafa.
Otro gran juicio por corrupción, el "caso Filesa", llevará al banquillo a 24 imputados, a quienes se acusa de recaudar fondos ilegalmente para el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), de González.
Según las constancias del sumario, el PSOE montó una red de empresas encabezada por Filesa para cobrar comisiones a grandes proveedores del Estado a cambio de favores políticos.
Entre los acusados figuran el entonces secretario de finanzas del PSOE, Guillermo Galeote, y el todavía senador Josep María Sala.
Por la guerra sucia contra la organización armada ETA ya está prácticamente terminada la instrucción de dos sumarios, de los más de veinte posibles.
La justicia investiga más de 40 atentados, que ocasionaron 28 muertes, de lo que en su conjunto se conoce como "el caso GAL". Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) fue la firma utilizada para reivindicar esos hechos, cometidos desde el Ministerio del Interior.
El Tribunal Supremo de Justicia decidirá antes de marzo si el gobierno debe levantar el secreto que protege documentos de los servicios de inteligencia reclamados por los jueces y que podrían involucrar a González, además de confirmar la actuación del Ministerio del Interior.
En cualquier caso, ya existe evidencia en los sumarios instruidos hasta el momento contra el ex ministro del Interior José Barrionuevo, el ex secretario de Seguridad del Estado José Vera, el general Enrique Galindo y dos decenas de mandos y oficiales de los cuerpos de seguridad, la mayoría de ellos en libertad bajo fianza.
Todos los implicados en la "guerra sucia" están acusados además de haber cobrado altos sobresueldos con dinero de los fondos reservados del Ministerio del Interior, hecho que varios de ellos reconocieron ante los jueces instructores.
También son investigados por la misma razón otros políticos ajenos al caso GAL, como el ex ministro del Interior José Luis Corcuera.
Una jueza citó para los próximos días a Corcuera, Vera y a otros ex funcionarios para que expliquen el origen de los fondos con los que compraron ciertos inmuebles a precios que no justifican los sueldos que percibían ni sus antecedentes patrimoniales.
Uno de los casos más notorios de corrupción es el de Luis Roldán, hoy encarcelado y expulsado del PSOE y en su momento Director General de la Guardia Civil, la poderosa policía militarizada española.
Roldán está acusado de apropiarse aproximadamente de 12 millones de dólares, sumando gastos reservados y el cobro ilegal de comisiones por adjudicación de obras.
Además se espera otro juicio por corrupción y tráfico de estupefacientes, aunque desprovisto de relaciones políticas. Se trata de varios oficiales de la Unidad Central de Investigación Fiscal y Antidroga de la Guardia Civil, que se enfrentan a la acusación de narcotráfico, por haber pagado con droga a confidentes. (FIN/IPS/td/ff/ips/97
