El Tribunal Supremo de Justicia de España citó hoy a declarar a 25 dirigentes políticos próximos a la organización separatista vasca ETA, bajo amenaza de ordenar su detención por la policía si no se presentasen.
Los políticos están acusados de "apología del terrorismo" por haber difundido un vídeo producido por ETA en la campaña electoral del 3 de marzo de 1996.
Aunque las actuaciones judiciales se iniciaron de inmediato, los 25 miembros de la Mesa Nacional de la coalición Herri Batasuna (HB) se negaron a comparecer y a declarar ante el juez.
El juez del Tribunal Supremo advirtió que deben presentarse, entre el tres y el 18 de febrero, en Madrid, acompañados por un abogado, una precisión que en general significa que cuenta con elementos de juicio que le permiten prever que tras la declaración los citados pasarán a la categoría de acusados.
La decisión judicial se produce mientras continúan las condenas a ETA por haber matado, el miércoles pasado, al teniente coronel Jesús Cuesta Abril, frente a su domicilio en Madrid.
Cuesta Abril, quien comandó fuerzas de paz en la ex Yugoeslavia, fue muerto a balazos por un comando etarra que logró huir.
Este viernes el parlamento de la comunidad autónoma de Navarra condenó el atentado, en una declaración en la que sólo votó en contra HB. La posición de los parlamentarios de HB será la misma si se produce una votación similar en el parlamento vasco, en el que también tienen representación.
Precisamente el carácter de diputados ante los parlamentos vasco y navarro de varios integrantes de la mesa nacional de HB es lo que ha motivado que el caso del vídeo de ETA sea tratado por el Tribunal Supremo.
En España todos los parlamentarios, incluso los de los parlamentos regionales, tienen un foro especial en virtud del cual quedan fuera de la jurisdicción de los tribunales ordinarios.
A propósito del atentado, otro dirigente de HB, Juan Iribarren, puede ser procesado por "colaboración con banda armada".
Horas antes del asesinato de Cuesta Abril, Iribarren leyó en rueda de prensa un comunicado de HB, en el que advertía que en el caso de que el gobierno no acceda a reunir a los presos de ETA en una cárcel en el País Vasco, se producirían en un futuro inmediato un gran sufrimiento.
El secretario de Estado de Interior, Ricardo Martín Fluxá, se negó a comentar las palabras de Iribarren y sólo precisó que son inquietantes y que le gustaría no haberlas escuchado nunca en labios de un parlamentario.
No obstante, desde diversas posiciones se plantea la necesidad de actuar judicialmente contra los dirigentes de HB que defiendan las posiciones de ETA e, incluso, algunos plantean reformas legislativas que permitan cumplir mejor esa tarea.
El consejero (ministro) de Interior del Gobierno Autónomo Vasco y miembro del moderado Partido Nacionalista Vasco (PNV), Juan María Atutxa, es partidario de esa reforma legislativa.
Atutxa, bajo cuyo mando está la policía autónoma vasca, señaló que desde hace mucho tiempo se constata "la existencia de una apología clarísima del terrorismo". Palabras como las de Iribarren, añadió, volverán a producir "otro asesinato, otro secuestro u otro chantaje, en su momento".
Por ello consideró que debe ser enjuiciado y que si la ley "no es correcta para poner remedio a tanta barbaridad, debe modificarse la legislación", y prometió apoyar con todas sus fuerzas esa modificación.
Pero el gobernante Partido Popular (PP) y su ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, así como el ex ministro de Justicia e Interior del gobierno socialista Juan Alberto Belloch, están en contra de modificar la ley.
Mayor Oreja es partidario de que se haga cumplir mejor la ley vigente y para Belloch, el problema consiste en probar la vinculación de HB con ETA "de tal forma que los tribunales puedan iniciar procedimientos no ya por apología, sino por formar parte del mismo conglomerado terrorista".
En tanto, la Fiscalía General del Estado está estudiando las declaraciones de Iribarren para determinar si corresponde iniciar acciones en su contra.
Por otro lado, las manifestaciones de repulsa contra el atentado de ETA, que en el País Vasco y Navarra cuatro o cinco años atrás se producían en minoritarios recintos cerrados, han ido creciendo.
En esas dos comunidades se realizaron entre jueves y viernes unas 200 manifestaciones silenciosas contra la violencia de ETA. (FIN/IPS/td/ag/ip/97
