El gobierno del presidente de Ecuador Abdalá Bucaram debió enfrentar hoy las primeras protestas masivas, generadas por el alza del gas de uso doméstico.
Aunque había continuado con la política de su predecesor de aumentar mensualmente el precio de la gasolina y el diesel, Bucaram se había abstenido hasta ahora de decretar el aumento del gas licuado de petróleo.
El precio del combustible pasó de un poco más de medio centavo de dólar por kilo a cerca de 20 centavo.
Anunciada varias veces por el ministro de Energía y no concretada por decisión presidencial, la elevación del precio del gas no tomó por sorpresa a la población pero despertó protestas por ser la señal de que vendrán otras alzas de tarifas de servicios públicos.
Bucaram enfrenta un desfinanciamiento del presupuesto fiscal para 1997 de dos por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), incluso después de que el Congreso aprobara casi al concluir 1996 un paquete tributario enviado por el Ejecutivo.
Ese paquete fue el tercero que presentó Bucaram, tras rechazar el Congreso los dos anteriores, que buscaban alzas mucho mayores y generalizadas de varios impuestos.
Ello sólo permitió bajar el desfinanciamiento fiscal de cuatro por ciento del PIB a dos por ciento.
Ahora, sin deseos de rebajar los gastos fiscales, Bucaram está echando mano de otro arbitrio: el alza de las tarifas de los servicios públicos y del gas doméstico.
El alza de las tarifas de la electricidad y los teléfonos – ambos monopolios estatales- sería inminente.
La tarifa de la electricidad subirá 552 por ciento para los estratos medios bajos, el mayor grupo consumidor.
Las protestas se iniciaron con marchas en al menos ocho ciudades del país, de unos pocos miles de personas en cada caso. En general, no fueron reprimidas por la fuerza pública, salvo en Cuenca (450 kilómetros al sur de la capital), donde la policía utilizó gases lacrimógenos.
Las manifestaciones fueron organizadas por organizaciones afines al Movimiento Popular Democrático (MPD), un pequeño partido de izquierda, pero se esperan otras, incluso una de los periodistas de la capital, organizada por los gremios de prensa.
La oposición a Bucaram, dispersa incluso en el Congreso, se está aglutinando paulatinamente. En el parlamento, 42 diputados suscribieron este martes un acuerdo para oponerse a la anunciada Ley de Convertibilidad del sucre, unidad monetaria del país.
Bucaram anunció el 1 de diciembre que enviará cerca de 70 leyes, nuevas y reformatorias, a fin de introducir en el país la convertibilidad de la moneda, siguiendo el modelo aplicado en la Argentina.
La meta del presidente es quitar tres ceros al sucre el 1 de julio de 1997, cuando el tipo de cambio, conducido a través de las actuales bandas de flotación, llegará a 4.000 por dólar (la actual cotización es de 3.660 sucres por dólar).
A partir de esa fecha, la paridad de cuatro "nuevos sucres" por dólar quedará fija y el Banco Central se volverá una simple caja de convertibilidad, cambiando los sucres que se le presenten por dólares.
El plan de convertibilidad fue recibido con gran escepticismo en el país, que se ahondó ante la incapacidad política del gobierno para lograr la aprobación parlamentaria de su primera iniciativa legal: el paquete tributario.
Dirigentes opositores, empresariales, sindicales e indígenas se han manifestado casi unánimemente contra la convertibilidad. Otros la aceptan porque suponen que servirá para introducir reformas que consideran indispensables.
El equilibrio fiscal es precisamente una condición sine qua non para la anunciada convertibilidad, pero el paquete tributario más el alza del gas y de las tarifas eléctricas y telefónicas no alcanzan a balancear las cifras.
Según el economista Fidel Jaramillo, director de la consultora Multiplica, aún queda una brecha sin financiar equivalente a un poco más de uno por ciento del PIB.
Alberto Acosta, del Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales, cree a su vez que finalmente Bucaram desistirá de proceder a la convertibilidad.
Jaramillo consideró además que las tasas de interés en sucres están mucho más altas que lo que deberían estar si los agentes económicos estuvieran convencidos de que la convertibilidad va a aplicarse. (FIN/IPS/goc/dg/ip-if/97)