Un amplio frente de organizaciones sociales y no gubernamentales anunció en Ecuador un paro cívico contra las medidas de ajuste económico dispuestas por la administración de Abdalá Bucaram, que han desencadenado una ola de protestas.
El paro se realizará el 5 de febrero en las ocho principales ciudades del país, con apoyo de sindicatos, estudiantes de 100 colegios públicos, organismos no gubernamentales, amas de casa, artesanos e indígenas.
La jornada prevista dará lugar a "una de las movilizaciones más significativas y numerosas de la sociedad civil en toda la historia del país", aseguró Iván Narváez, presidente de la Federación de Trabajadores de la empresa estatal Petróleos de Ecuador.
El paro cívico fue propuesto por el Frente Unitario de Trabajadores, la organización obrera más importante, y tendrá participación de numerosos sectores de la sociedad, pues "las políticas del gobierno afectan a todos los ecuatorianos", dijo Mayté Noriega, una dirigente estudiantil.
Cada uno de los grupos sumados a la convocatoria "tiene demandas específicas contra el gobierno, pero todos coincidimos en que sus propuestas económicas son un atentado contra toda la población", explicó Narváez.
La protesta contra el ajuste económico comenzó hace dos semanas en las calles de Quito, Guayaquil y Cuenca y se ha extendido prácticamente a todo el país. Una persona murió, alcanzada por una bala perdida, y 470 fueron detenidas, según comunicó la policía.
El Poder Ejecutivo resolvió la eliminación parcial de los subsidios al gas de uso doméstico y al transporte y el aumento de las tarifas de electricidad y de los impuestos por uso de suelo.
El ministro de Defensa, Víctor Bayas, informó que el gobierno recurrirá al ejército para "garantizar la tranquilidad ciudadana y el control público" en la jornada del 5 de febrero.
Las autoridades monetarias creen que el ajuste es necesario para combatir el déficit fiscal heredado de la pasada administración, que equivale a dos por ciento del producto interno bruto.
El saneamiento de las finanzas públicas permitiría al gobierno aplicar un programa de libre convertibilidad monetaria, inspirado en el modelo que se implementó en Argentina para reducir a cerca de cero una inflación de cuatro dígitos.
La convertibilidad, tal como fue aplicada en Argentina, exige el estricto respaldo en reservas internacionales del circulante, impone un tipo de cambio fijo y limita el papel del Banco Central al de caja de conversión. Ese modelo comenzará a regir el 1 de julio en Ecuador.
Mientras, unas 4.500 estudiantes de los colegios femeninos de Quito encabezaron el martes una marcha frente a la sede del parlamento para pedir la destitución de la ministra de Educación, Sandra Correa.
Correa había ordenado la suspensión de clases en 42 centros de enseñanza del Estado que intervinieron en movilizaciones contra el gobierno. (FIN/IPS/mg/ff/if lb/97
