La Fiscalía de Colombia criticó este jueves al gobierno por las leves condenas que aplicó un juez de Colombia a los jefes del Cártel de Cali, pues lo consideró responsable por no presentar a tiempo un proyecto para impedir los castigos leves contra los narcotraficantes.
"Yo creo que al país le ha quedado claro que nunca hubo la real voluntad ni la convicción necesaria" para combatir estas organizaciones del narcotráfico, afirmó el vicefiscal Adolfo Salamanca.
En opinión del funcionario, "salvo ahora, que los hechos a través de la acción de la justicia han demostrado que eso es posible y necesario", el gobierno ha entrado a intervenir.
Asimismo, Salamanca respaldó a la comisión de fiscales que investigó el caso de los jefes del Cártel de Cali, Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, y calificó como "un esfuerzo casi titánico el trabajo de ese grupo para consolidar pruebas en contra de la delinciuencia organizada".
La Fiscalía (con funciones de acusador) tiene a su cargo la investigación y la obtención de pruebas en los procesos judiciales.
Para Salamanca, las declaraciones de condena por parte del Ejecutivo al juez que falló en el caso de los Rodríguez Orejuela obedecen a una táctica que ha utilizado el gobierno en los últimos tiempos "para tratar de desviar la atención de los verdaderos problemas del país como el de la corrpción".
Según el funcionario, las reacciones del gobierno obedecen "más a presiones muy fuertes para actuar en ese sentido", que a un verdadero interés de que se apliquen sanciones a los delincuentes.
Carlos Gaviria, presidente de la Corte Constitucional, organismo que tutela el cumplimiento de la Constitución, coincidió con la Fiscalía al afirmar que el gobierno pudo evitar a tiempo la aplicación de estas penas bajas a los narcotraficantes.
El 16 de agosto de 1995, al amparo del estado de excepción, el gobierno dictó un decreto destinado a establecer medidas contra la delincuencia organizada, que incluían entre otros temas el aumento de pena de prisión y multas a los narcotraficantes, que fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema.
En el segundo período de sesiones ordinarias de 1996, el gobierno presentó al Congreso un proyecto de aumento de penas, que fue apobado en primera instancia y será sometido a debates en las sesiones extraordinarias convocadas para el 14 de febrero.
El juez que aplicó el viernes 17 penas de 10 y nueve años de prisión respectivamente a los dos jefes del narcotráfico lo hizo con base en las leyes de sometimiento a la justicia vigentes desde 1994.
Según esta ley, los delincuentes que acepten la pena anticipada, confiesen sus delitos y cooperen con la justicia, reciben rebajas de hasta una tercera parte de sus condenas.
El juez, que está siendo investigado por la Procuraduría, aplicó estos beneficios, pero adems partió de una pena máxima de 21 años para el delito de narcotráfico cuando la ley fija para este delito 25 años.
En opinión del ministro de Justicia, Carlos Medellín, las conductas valoradas por el juez en el caso de los Rodríguez se refieren a hechos ocurridos entre 1982 y 1985.
Esa situación, según el funcionario "excluía la aplicación retroactiva de una ley de aumento de penas que juzgue de una manera más severa los delitos cometidos por éstos". (FIN/IPS/yf/jc/ip/97
