La Convención de Armas Químicas y una propuesta prohibición internacional de las minas antipersonal son prioritarias en la agenda de desarme del gobierno del presidente Bill Clinton y el nuevo Congreso de Estados Unidos.
Decisiones sobre ambos temas deberán ser tomadas relativamente temprano en 1997. La Covención de Armas Químicas entrará en vigor el 29 de abril.
Si Washington pretende ganar influencia sobre la ejecución del tratado como miembro de la carta, el senado de mayoría republicana deberá ratificarlo antes de esa fecha.
En cuanto a la prohibición de las minas, se espera que Clinton decida este mes si firmará o no un esfuerzo para que la mayor cantidad posible de países apruebe un pacto que prohibiría el uso, la exportación, la producción y la acumulación de estas armas.
Rusia y China descartaron las negociaciones de Ottawa, las cuales deberán comenzar el mes próximo en Viena. Gran Bretaña y Francia, al igual que Estados Unidos, se inclinan por el foro de Ginebra, de proceso más lento.
Clinton debe decidir si la "Conferencia de Ottawa", como se denomina la iniciativa, logrará asegurar una prohibición mundial más efectiva que la Conferencia de Desarme de la Organización de las Naciones Unidas en Ginebra, donde los tratados pueden ser aprobados por consenso de todos los participantes.
La lógica tras el enfoque de Ottawa es utilizar las condiciones creadas por la campaña antiminas de los últimos años para redactar una prohibición amplia que la mayoría de los países pueda firmar. Estados Unidos, visto como la última superpotencia, tiene un papel crítico en ese esfuerzo.
Pero el gobierno está dividido sobre la cuestión. Mientras Clinton recibió consejos de generales en el Pentágono que prefieren la propuesta de Ginebra, activistas contra las minas esperan que el nuevo equipo de política exterior, encabezado por la secretaria de Estado designada, Madeleine Albright, aporte una nueva perspectiva.
Como embajadora ante la ONU, Albright presionó a Estados Unidos para que se pronunciara por una prohibición, señaló Stephen Goose, director en Washington del proyecto de control de armamento de la organización internacional Human Rights Watch.
Clinton seguirá un enfoque "doble", tomando parte en la iniciativa de Ottawa pero centrándose diplomáticamente en Ginebra, lo cual le dará cobertura política con el movimiento antiminas mientras el peso real será ubicado en un proceso que tardará años en dar sus frutos, alega Goose.
Por ahora, no obstante, la Casa Blanca tiene toda la atención centrada en la ratificación del Tratado de Armas Químicas. Mientras el nuevo Congreso prestaba juramento este martes, Clinton hizo un llamado público al Senado para que ratifique el tratado.
El pacto, dijo, "hará más difícil que los estados resistentes adquieran armas químicas en el futuro, y protegerá a los soldados de Estados Unidos y nuestros aliados en Europa", aseveró Clinton.
El tratado, que fue negociado bajo los gobiernos republicanos de los ex presidentes Ronald Reagan y George Bush, requiere que los países miembros declaren y destruyan las armas químicas y las plantas de fabricación.
Ratificado hasta ahora por 69 países, incluyendo la mayoría de los aliados de Washington, también requiere que cada país presente informes anuales sobre la producción de ciertas armas químicas que podrían ser utilizadas para fabricar armas.
Asimismo, instaura un régimen internacional de verificación, basado en La Haya, permitiendo inspecciones cortas de sitios sospechosos.
Un pequeño grupo de senadores de derecha, liderados por el presidente del Comité de Relaciones Exteriores, Jesse Helms, y respaldado por varios columnistas políticos ha luchado contra el tratado.
Los argumentos son que países como Siria, Libia, Corea del Norte e Iraq no serán obligados por sus disposiciones y los mecanismos de inspección violarán garantías constitucionales perjudicando a empresas estadounidenses y arriesgando el "espionaje industrial" infiltrado en los equipos de inspección.
Pero la industria química rechaza estas ideas. La Asociación de Manufactureros Químicos (CMA), cuyos miembros serán los más afectados por la convención, prepara una campaña a favor del tratado.
La CMA, cuyos miembros vendieron 60.000 millones de dólares en productos químicos a compradores extranjeros el año pasado, teme que las sanciones comerciales, que podrían ser aplicadas en su contra si Washington no ratifica el tratado, podría tener un costo para los productores de hasta 600 millones de dólares al año.
Mucho dependerá del líder de la mayoría en el Senado, Trent Lott, quien se ha opuesto a la convención. La CMA ya comenzó su campaña con el senador, el cual, pese a haber mantenido posiciones similares a Helms, es más pragmático.
De todos modos, el gobierno parece más decidido que nunca a lograr la ratificación que el año pasado, y planifica para la semana próxima un foro con la participación de Reagan, Bush y otras figuras como el ex secretario de Estado James Maker, quienes respaldan el tratado. (FIN/IPS/tra-en/jl/yjc/lp/ip/96
