La espectacular fuga en helicóptero de cuatro insurgentes desde un penal de alta seguridad desató en Chile un aluvión de dudas, críticas, autocríticas y ataques que incluso alcanzan a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.
El dirigente empresarial Pedro Lizana puso una nueva nota polémica este jueves al afirmar que si el Ejército tuviera a su cargo la vigilancia del penal no se habría producido la evasión de los cuatro militantes del ala autónoma del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR-A).
El escape el lunes último de Ricardo Palma y Mauricio Hernández, miembros de la cúpula del FPMR-A, y de Pablo Muñoz y Patricio Ortiz, fue un balde de agua fría para el gobierno del presidente Eduardo Frei.
El mandatario se aprestaba a cerrar un año exitoso en materias económicas, con un balance promisorio en lo social y un clima de estabilidad política en el cual el propio Frei destacaba, en alusión al Perú, que Chile habia erradicado el terrorismo en la primera mitad de esta década.
La fuga de los cuatro "frentistas" alteró la imagen de consolidada paz social, elevó de tono la polémica interna gobierno- oposición, llevó a comparaciones con la larga dictadura del general Augusto Pinochet (1973-90) y creó temores sobre el prestigio internacional de Chile.
El espectacular escape alimentó la hoguera de confrontación política en torno al proceso por el asesinato en 1991 del senador derechista Jaime Guzmán, ya que Palma y Hernández cumplían presidio perpetuo por ese homicidio.
La Unión Demócrata Independiente (UDI), el partido de Guzmán, y Renovación Nacional, la otra colectividad de la oposición derechista, insistieron este jueves en las renuncias de los ministros del Interior, Carlos Figueroa, Justicia, Soledad Alvear, y Defensa, Edmundo Pérez.
Figueroa y Alvear pusieron el mismo lunes sus cargos a disposición de Frei, quien los ratificó y dio curso sólo a la renuncia que le presentara Claudio Martínez, director del Servicio de Gendarmería, encargado de la vigilancia carcelaria.
La tormenta política se extenderá seguramente y generará nuevos cuestionamientos al carácter y los métodos de la acción con que se buscó desarticular a los grupos insurgentes bajo el gobierno de transición del presidente Patricio Aylwin (1990-94).
Gracias a esa acción, hay 83 militantes de grupos subversivos en la cárcel de alta seguridad anexa a la Penitenciaría de Santiago, desde donde se fugaron el lunes los cuatro frentistas en un canastillo blindado que colgaba de un helicóptero que atacó el penal.
El carácter audaz y altamente profesional de la operación de escape sugiere que sus autores disponen no sólo de grandes recursos, sino también de una numerosa base de apoyo, con probables vínculos internacionales.
Supuestos portavoces del FPMR aseguraron que esta acción marca el inicio la recomposición de este grupo armado, creado en 1982 bajo el alero del entonces proscrito Partido Comunista, que en septiembre de 1986 fracasó en un intento de emboscar y matar a Pinochet.
El FPMR-A fue la expresión del sector "duro" de esa agrupación, que en 1989 se negó a abandonar las armas para reinsertarse en la vida política tras la derrota de Pinochet en el plebiscito presidencial de octubre de 1988.
En medios gubernamentales se considera improbable un retorno en gran escala de la insurgencia de extrema izquierda, pero al mismo tiempo se reconoce una amenaza cierta de "rebrote de focos de terrorismo".
Frei, en su mensaje de Año Nuevo al país en la noche del martes, exhortó a asumir "la lucha contra el terrorismo" como una política de Estado, con la colaboración de todos los sectores y de toda la ciudadanía.
El mandatario y los dirigentes de la gobernante Concertación por la Democracia fustigaron a la UDI, acusándola de "erosionar" la capacidad de los organismos de inteligencia al "politizar" el juicio por el asesinato de Guzmán.
El ministro de Relaciones Exteriores, José Miguel Insulza, del Partido Socialista, dijo que hubo errores en la "lucha antiterrorista", derivados de una "autocomplacencia" que a su juicio no afectó sólo al gobierno sino a todo el país.
Insulza y el ministro de Economía, Alvaro García, descartaron que la evasión de los militantes del FPMR-A vaya a tener por ahora incuidencias negativas para Chile en los mercados internacionales y en los círculos de inversionistas.
Distinta es la visión de Lizana, presidente de los empresarios industriales, quien sostuvo que la fuga "puso en ridículo" a Chile "como país". "Nos presentamos como modelo de modernidad y no podemos impedir que los terroristas se escapen como ángeles por el aire", dijo.
Lizana coincidió con el depuesto director de Gendarmería en cuanto a que la acción de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, de reclamar mejores condiciones en la cárcel de alta seguridad, debilitó los sistemas de vigilancia.
Estas aseveraciones, así como al afirmación de que el Ejército habría impedido el escape, fueron refutadas por el diputado demócrata cristiano Andrés Aylwin, miembro de la comisión y hermano del ex presidente Patricio Aylwin.
El parlamentario rechazó que se pretenda vincular el resguardo de las normas humanitarias en las prisiones con una fuga que significó costosos y sofisticados preparativos y señaló que continuará su labor en defensa de los derechos humanos.
Con respecto al Ejército, que comanda Pinochet, Andrés Aylwin recordó que bajo la dictadura se produjeron también espectaculares evasiones, como la de 49 presos del FPMR en febrero de 1990. (FIN/IPS/ggr/dg/ip-hd/97
