La firma de una paz definitiva entre gobierno y guerrilla de Guatemala, este domingo, reactualizó en América Latina el tema de la impunidad de que gozan los culpables de violaciones a los derechos humanos en décadas pasadas.
Organizaciones sociales y humanitarias guatemaltecas expresaron su "repudio y decepción" ante la aprobación por el Congreso de una "ley de reconciliación nacional" que determina la extinción de la responsabilidad penal de guerrilleros y militares por crímenes ocurridos durante el conflicto armado.
El texto legal es una suerte de "solapada amnistía general" que equipara de hecho los delitos cometidos por uno y otro bando durante un enfrentamiento armado que duró alrededor de 35 años y en el que murieron más de 150.000 personas y hubo un millón de desplazados.
"No es lo mismo lo que hicieron los militares, que secuestraron, torturaron, ejecutaron y asesinaron a sangre fría que lo que hicieron los guerrilleros", declaró un representante del izquierdista Frente Democrático Nueva Guatemala, el único partido que rechazó la ley.
Nineth Montenegro, diputada de ese partido, consideró a su vez que "esta amnistía general disfrazada no permitirá recomponer el tejido social ni sanar las heridas de las víctimas y viudas del conflicto armado interno".
"Imponer el derecho de los victimarios sobre el de las víctimas equivale a impunidad", dijo Hellen Hack, directora de la fundación humanitaria Myrna Hack. "La Ley de Reconciliación destruye el espíritu de la paz firme y duradera", agregó.
Un debate similar se dio años atrás en países de América del Sur sometidos a dictaduras militares en la década de los 70 y los 80, como Argentina y Uruguay, donde fueron adoptadas leyes de "punto final" y "obediencia debida" en el primer caso y de "caducidad de la pretensión punitiva del Estado" en el segundo.
Pese a la vigencia de esas leyes, el debate resurge periódicamente y organizaciones humanitarias reclaman que, aún si ya no es posible "castigar", por lo menos se conozca la verdad de lo sucedido y los culpables de violaciones a los derechos humanos no continúen gozando de "impunidad social".
En los mismos términos se plantea la situación en Chile, donde sin embargo algunos militares han marchado a prisión aún cuando rige una amnistía promulgada en 1978 en tiempos en que el país era gobernado por el general Augusto Pinochet.
En todos los casos en que se plantearon leyes de este tipo, quienes las defienden sostienen que "se debe dejar atrás los rencores y enfrentamientos del pasado y mirar hacia el futuro, dando vuelta la página".
Sus adversarios opinan en cambio que ningún país puede construir un futuro distinto si no salda su pasado condenando lOS crímenes cometidos anteriormente para fundar nuevos lazos sociales.
Destacan en ese sentido la necesidad de un "deber de memoria" para evitar que situaciones similares puedan repetirse.
"Los crímenes de una y otra parte no pueden ser igualados y debe dejarse a las familias de las víctimas el derecho de elegir si perdonar o castigar", subrayó Nineth Montenegro.
Organizaciones no gubernamentales (ONG) de América Latina, Europa, Asia y Africa reunidas en Chile aprobaron el día 22 una declaración en la que demandan acciones para combatir la impunidad de crímenes contra los derechos humanos.
La impunidad es un fenómeno que viola un conjunto de derechos civiles, políticos, económicos y sociales y que en tal sentido impide la realización de la democracia y atenta contra la paz, indica el documento.
Fabiola Letelier, presidenta del Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo, de Chile, recordó que en las últimas décadas se produjeron en América Latina al menos 120.000 casos de desapariciones por motivos políticos y que la mayoría de ellos han quedado sin castigo.
Las ONG decidieron promover la adopción de leyes contra la impunidad en el Parlamento Latinoamericano y apoyar los juicios que son llevados a cabo actualmente contra militares sudamericanos en España e Italia.
Pero a pesar de que el castigo penal de los crímenes del "terrorismo de Estado" no es ya posible, desde la sociedad civil siguen operando movimientos que reclaman ejercer el derecho a "no olvidar" y a "aislar" a quienes torturaron, secuestraon y asesinaron bajo los gobiernos militares.
Un marino uruguayo, el capitán de navío Jorge Troccoli, lo sintió en carne propia a mediados de 1996 cuando confesó haber participado en violaciones de los derechos humanos en la época dictatorial y justificó veladamente el uso de la tortura.
Troccoli, que en los últimos años cursaba estudios de antropología en la universidad estatal, fue declarado "persona non grata" por sus compañeros de facultad como forma de "marcar un territorio ético".
En Argentina, otro marino, Alfredo Astiz, fue atacado en la calle en varias oportunidades por gente que lo reconoció e incluso por una persona que afirma haber sido su víctima.
Astiz no puede abandonar Argentina porque se encuentra bajo mandato de arresto internacional luego que la justicia francesa lo condenara a cadena perpetua por el secuestro y asesinato de dos monjas de esa nacionalidad ocurrido en Buenos Aires en 1977.
A su vez, médicos argentinos están promoviendo el "aislamiento" profesional de su colega José Luis Magnacco, ginecólogo acusado de haber atendido a 28 mujeres embarazadas secuestradas en campos de concentración en los años 70.
Magnacco, que ejerce actualmente en el privado Sanatorio Mitre y en el Hospital Naval, atendía a las parturientas, que luego de dar a luz eran asesinadas. Los niños eran "cedidos" a parejas de militares que no podían tener hijos.
"No podemos hacer que los genocidas vayan a prisión pero por lo menos sí podemos lograr que no duerman tranquilos y que sepan que no olvidamos lo que hicieron", afirmó uno de las decenas de miembros de la organización HIJOS, que agrupa a hijos de desaparecidos en Argentina.
Un paso hacia la futura sanción penal de crímenes como las desapariciones o torturas fue dado en los últimos años en el marco de la Organización de Estados Americanos (OEA) con el planteo de una Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada de Personas.
Pero ese instrumento ha sido hasta ahora ratificado por sólo tres de los 34 países miembros de la OEA, Argentina, Bolivia y Uruguay.
El gobierno de Chile tiene a estudio actualmente la ratificación del convenio.
La ministra de Justicia de ese país, Soledad Alvear, declinó pronunciarse sobre si la Convención Interamericana entraría en contradicción con la amnistía promulgada bajo la dictadura de Pinochet, que dejó impunes unos 3.000 crímenes represivos. (FIN/IPS/dg/jc/ip-hd/96
