Las grandes empresas de Corea del Sur estiman que casi cuatro semanas de huelga les costaron 3.100 millones de dólares, pero para los trabajadores que realizan la protesta y los pequeños empresarios las pérdidas podrían ser aun mayores.
Los sindicalistas afirman que la ley laboral que motiva la protesta implica la pérdida de la seguridad laboral en un país donde las condiciones de trabajo son con frecuencia estresantes e incluso riesgosas.
Pero la huelga podría ser la perdición para los pequeños empresarios, que han estado tradicionalmente indefensos de los tentáculos de los gigantescos conglomerados que dominan la economía de Corea del Sur.
El gobernante Partido Nueva Corea también se arriesga a ser un perdedor en la huelga, pues podría sufrir una deserción masiva de votantes cuando falta un año para las elecciones generales.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), exclusivo club de los 29 países más industrializados del planeta que admitió este mes a Corea del Sur, también posa una mirada preocupada sobre los acontecimientos en Seúl.
Con tantas cosas, entre ellas la imagen internacional del país, en juego, el gobierno resolvió este lunes reabrir en el parlamento el diálogo sobre la ley cuestionada, que fue aprobada el 26 de diciembre en una sesión secreta en la cual no estuvo presente ni un solo legislador opositor.
Este proceder parlamentario provocó inmediatas protestas convocadas por un sindicato que no contará con reconocimiento oficial hasta el 2002 de acuerdo con la nueva ley.
Pero el presidente Kim Young Sam advirtió que la norma no será derogada ni enmendada, por lo que trabajadores y pequeños empresarios creen ser parte del precio que Corea del Sur paga para ganar competitividad en el mercado mundial.
Ambos sectores creen que pagarán el costo de las pérdidas de la economía nacional como resultado de la caída en la producción y las ventas a consecuencia de la huelga.
Muchos de los más de 1.000 proveedores de autopartes de las plantas de montaje en Ulsan, al sur de Corea, consideran la posibilidad de reducir sus planteles o incluso de cerrar la puerta como consecuencia directa de la protesta.
La huelga golpeó particularmente duro a la industria automotriz, que, según estimaciones del Ministerio de Comercio e Industria, sufrió 85 por ciento de las pérdidas totales, o sea 2.700 millones de dólares.
"Para los trabajadores de Hyundai, el problema es salarial y de derechos sindicales. Pero para nosotros es un problema de supervivencia", dijo el presidente de una pequeña empresa que suministra autopartes a esa gran compañía automotriz.
"Hyundai Motors jamás se derrumbará, no importa cuán fuerte sea la huelga, pero nuestra firma se hundirá a causa de la reducción de las operaciones", agregó el empresario.
En el sector manufacturero están en juego 4,65 millones de puestos de trabajo. Las encuestas sugieren que la amenaza de despidos masivos a raíz de la nueva ley es real.
Los grandes conglomerados se desemarazarían de sus empleados con el fin de trasladar sus plantas a países asiáticos o de otras regiones donde la mano de obra sea más barata, aunque eso signifique contratar empleados menos productivos y por horarios más reducidos.
En Vietnam, por ejemplo, los salarios son diez veces menores que en Corea del Sur.
Las empresas Daewoo, Hyundai y Samsumg ya trasladaron o consideran la mudanza de muchas de sus plantas de producción de semiconductores, electrodomésticos y autopartes a Asia meridional, Europa oriental y América Latina.
El sector manufacturero de Corea del Sur apenas emplea dentro del país a 21 por ciento de sus 12 millones de trabajadores. Ese porcentaje ascendía en 1990 a 26 por ciento.
De acuerdo con el Ministerio de Trabajo, alrededor de 120.000 trabajadores sudcoreanos, entre ellos 20.000 administrativos, perderán sus empleos este año. Eso elevará el desempleo a 2,5 por ciento de la población activa, o sea 532.000 personas.
Muchas de las pérdidas de empleo oficialmente proyectadas se producirá en los gigantescos conglomerados a los cuales el gobierno confió el liderazgo del desarrollo económico del país en un mercado mundial cada vez más competitivo.
Los principales 30 conglomerados contribuyeron con 16,2 por ciento del producto interno bruto, que sumó 348,2 billones de dólares en 1995, según el Instituto de Investigaciones Económicas, brazo académico de la Federación de Industrias de Corea.
Los sindicalistas sienten que se les ofrece un acuerdo peor, cuando Corea del Sur ingresó a la OCDE tras una reconstrucción nacional sumamente ardua a partir de la guerra de Corea (1950- 1953), proceso que, entienden, recayó sobre sus hombros.
Mientras en Japón, el otro país de Asia oriental que integra la OCDE, los trabajadores ganaron en 1995 en promedio 23,66 dólares por hora, en Corea del Sur obtieron 7,45. Pero la economía de Japón pasó por problemas ese año y Corea del Sur registró un crecimiento económico de nueve por ciento.
Las restricciones a la actividad sindical también significan que los trabajadores deberán afrontar peores y más inseguras condiciones de trabajo. Los sindicatos estiman que 100.000 obreros resultan heridos y 2.000 mueren por accidentes laborales cada año. (FIN/IPS/tra-en/amy/cpg/mj/if lb/97
