Los conflictos laborales en Corea del Sur enseñan a los países de rápido crecimiento de Asia que los atajos que conducen al poder económico pueden suponer, como pago de peaje, un alto costo social.
Considerada la más exitosa entre las economías de reciente industrialización de Asia, Corea del Sur se apresta a ingresar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), exclusivo club que afilia a los países más industrializados del mundo.
Arrasado por la guerra de Corea (1950-1953), el ingreso por persona del país se disparó de 103 dólares en 1963 a más de 10.000 en la actualidad y ocupa el lugar 13 en la lista de potencias comerciales del planeta.
Pero las huelgas del mes pasado demostraron que los cimientos sociales de Corea del Sur siguen quebradizos tras el crecimiento económico sin aliento experimentado en los últimos años.
Para los analistas, esto se debe en parte al autoritarismo que permitió el despegue económico hace tres decenios y dejó poco espacio para la disidencia política o el diálogo entre las empresas, el gobierno y los sindicatos.
Los trabajadores sienten sobre sus espaldas todo el peso del dinamismo económico coreano, mientras el gobierno pretende mantener los salarios bajos y facilitar las cosas al sector empresarial para continuar ganando competitividad respecto del resto del mundo.
El legado del autoritarismo, al que los analistas coreanos suelen denominar "dictadura del desarrollo", y el proceso de "globalización" de la economía sembraron la inquietud entre los trabajadores.
"Esto demuestra que el autoritarismo político en la primera etapa del desarrollo no paga. Corea del Sur logró altas tasas de crecimiento mientras controlaba con severidad a su fuerza de trabajo", sostuvo Walden Bello, de la no gubernamental Focus on the Global South con sede en Bangkok.
En ese esquema, "un país puede tener altas tasas de crecimiento al principio, pero lo pagará más tarde". Corea del Sur "es un caso clásico" y "está pagando ahora", dijo Bello.
Desde que el hombre fuerte del ejército Park Chung Hee se embarcó en la década del 60 en una estrategia denominada "crecimiento económico primero", el crecimiento económico de Corea del Sur fue impulsado por la industrialización orientada a la exportación.
Esta política fue desarrollada por conglomerados empresariales que recibían incentivos del estado para establecer su base económica.
Pero en el proceso, "todas las actividades colectivas, entre ellas las sindicales, fueron prohibidas porque se estimó que podrían mellar a las industrias exportadoras", explicó Kang Moon Kyu, director del no gubernamental Instituto Asiático para los Movimientos de la Sociedad Civil.
En poco tiempo, la brecha entre la alianza de gobierno y empresariado y los trabajadores se amplió en tal grado que "los sindicatos sintieron que no tenían un lenguaje común con sus contrapartes y que la única forma de resolver las cosas era en las calles", dijo Bello.
Sin diálogo suficiente entre sindicalistas, empresarios y gobierno para generar un consenso nacional sobre las metas económicas de Corea del Sur, "estas huelgas no son nada nuevo", agregó.
"En las últimas dos décadas, las acciones sindicales en Corea del Sur se ubicaron en la frontera de la insurrección", sostuvo el experto.
Hoy, los trabajadores dan rienda suelta a su furia, lo cual es ahora posible en un ambiente más democrático. Los sindicatos creen que la mayor parte del costo social de la globalización es pagado por ellos exclusivamente, sin sufrimientos por parte de los grandes empresarios o los inversores.
Los trabajadores se sienten sacrificados por un gobierno que procura una fuerza laboral "flexible" que permita a las empresas recortar costos y elevar la competitividad en un momento en que las exportaciones pierden brillo.
Durante casi un mes, trabajadores furiosos en huelga enfrentaron a la policía en Seúl y otras ciudades para protestar contra una nueva ley laboral.
El gobierno del presidente Kim Young Sam afirma que la nueva norma, aprobada por el parlamento el 26 de diciembre en ausencia de la oposición, es clave para mejorar la competitividad del país y cumplir los requisitos que permitan la asociación a la OCDE.
El gobierno respalda firmemente el mantenimiento de la ley, que permite a las empresas prescindir de trabajadores y reemplazar a los huelguistas, al tiempo que facilita los contratos temporarios. Mientras tanto, la creación de nuevos sindicatos independientes está prohibida hasta el 2000.
La ley rompe la cultura de trabajo vitalicio que existía hasta ahora en Corea del Sur, país cuyo desempleo se ubica debajo de dos por ciento. Los críticos también la consideran un retroceso en el proceso de democratización en curso desde fines de la década del 80.
El gobierno ordenó el arresto de los dirigentes sindicales huelguistas, pues las protestas costaron a la economía del país más de 400 millones de dólares por exportaciones no cumplidas.
Las economías de Asia progresaron notoriamente en los últimos 30 años, pero "países como Corea del Sur pueden regresar al Tercer Mundo a causa de la insostenibilidad de su crecimiento", afirmó Bello.
Corea del Sur no alentó inversiones para mejorar la calidad de la mano de obra a medida que se abandonaban prácticas de trabajo intensivo y los salarios tendían a subir.
En lugar de invertir en su trabajo, la industria del país buscó en el extranjero costos más bajos y mejores márgenes de ganancia.
Bello alertó que "muchos países, de Taiwan a Indonesia, no están haciendo los ajustes necesarios para mejorar su fuerza de trabajo y su tecnología de producción", pues "los salarios bajos son aún la base de su competitividad".
"Estamos experimentando el dilema de la globalización", manifestó Choi Sang Tong, profesor de la Universidad de Corea del Sur.
"Por una parte, la globalización difunde el principio de economía del mercado en todo el mundo y promueve la eficiencia y la responsabilidad en la administración del estado", explicó Choi.
"Por otro lado, la globalización puede promover los derechos de las empresas más que los de la soberanía popular en un mundo sin fronteras, lo que puede profundizar la desigualdad entre clases, regiones y grupos y amenaza la base social de la democracia", agregó.
De cualquier manera, "si nos dedicamos a proteger la estabilidad política e ignoramos la globalización, nos marginaríamos rápidamente del mundo y quedaríamos a merced del mercado mundial", según Choi.
"Este es el doloroso dilema que enfrentan los líderes políticos en su búsqueda de una consolidación exitosa de la democracia en Corea del Sur", afirmó el experto.
Para los analistas, el caso de Corea del Sur demuestra que la forma más acertada de afrontar la globalización es un "contrato social" entre trabajadores, por un lado, y empresarios y gobiernos, por el otro. Y debe sellarse rápido, antes de que enojados sindicalistas tomen las calles. (FIN/IPS/tra- en/js/cpg/mj/dv lb if ip/97
