Los sindicatos de trabajadores, expertos financieros y amplios sectores del empresariado han transformado en objeto de duras críticas al severo plan de ajuste económico lanzado por el gobierno de Colombia, que ha ya generado expresiones de protesta social.
Todos los expertos convocados por el propio gobierno para exponer sus opiniones sobre el paquete fiscal coincidieron en que provocará serios efectos recesivos en la economía.
La administración del presidente Ernesto Samper emitió, amparado en una declaración de emergencia económica, varios decretos que limitan las exenciones tributarias, extienden la aplicación del impuesto al valor agregado (IVA), encarecen el crédito externo y disminuyen el gasto fiscal.
En los últimos decretos, anunciados el martes, se limitan para todos los efectos los beneficios tributarios con que contaban los contribuyentes, como exenciones, descuentos y deducciones, que reportarán al fisco más de 800 millones de dólares.
El gobierno amplió también la base tributaria extendiendo el cobro del impuesto al valor agregado (IVA) a servicios que no lo tenían, aplicó un impuesto de seis por ciento al crédito externo, recortó en 800 millones de dólares la deuda pública y redujo el gasto en otros 300 millones.
El plan económico está motivado en los desajustes en las cuentas fiscales, provocados por factores que van desde el error en los cálulos de los ingresos tributarios, hasta el exceso en el gasto público, que han llevado el déficit fiscal a 4.000 millones de dólares.
Estos desajustes, en opinión de contradictores del gobierno, eran previsibles por la incertidumbre económica desatada tras la denuncia de infiltración del narcotráfico en la financiación de la campaña electoral del presidente Ernesto Samper, y no justificaban una declaratoria de emergencia.
Sectores del empresariado pasaron de una reacción favorable con el anuncio de las primeras medidas relacionadas con la reducción del gasto público, a la preocupación por el aumento de impuestos y la incertidumbre que se crea para sus planes de inversión.
Para Armando Montenegro, presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (centro de investigaciones del sector privado), el impuesto al crédito externo "va a dificultar la importación de bienes de capital" y la extensión del IVA "va a deprimir la demanda y a estimular el contrabando".
En opinión del analista financiero Javier Fernández, las medidas tendrán también el efecto nefasto de detener la tendencia a la baja de las tasas de interés, con lo que se afectará la construcción de inmuebles, la demanda de bienes durables y la deuda del gobierno.
El sector en el que mejor acogida tuvieron las decisiones gubernamentales fue en el de los exportadores, que esperan con el freno a la entrada de dólares una recuperación de la tasa de cambio, y una mejora en su competitividad en el exterior.
Para el presidente de la Asociación Nacional de Exportadores (Analdex), Jorge Ramírez, las medidas que tomó el gobierno son "sanas y necesarias no sólo para el sector exportador sino para toda la economía".
Según el empresario, las perspectivas de la economía con el crecimiento de la inflación (21,6 por ciento en 1996) y el "dramático desajuste fiscal eran muy malas, al igual que las perspectivas cambiarias".
El impuesto al crédito externo en opinión del gobierno frenará la tendencia a la baja en el precio del dólar que se registró en 1996 por el ingreso masivo de esta divisa, lo que afectó los ingresos de los exportadores.
La polarización que se vivió en 1996 entre samperistas y anti- samperistas por la crisis política, se trasladó también al plano económico, en el que los contradictores del gobierno, con diferentes matices, expresaron sus críticas al plan económico.
Según el ex ministro de Comercio Exterior y aspirante a candidato presidencial por el Partido Liberal Juan Manuel Santos, la declaratoria de emergencia económica no es la solución para salir de la crisis.
Santos, quien sugirió a Samper su renuncia por considerarlo responsable de la crisis, piensa que "es muy raro justificar una emergencia por una situación que no sólo era previsible sino que fue responsabilidad del propio gobierno".
Para Santos, las medidas para reducir el gasto y combatir la evasión tributaria son buenas "pero el resto está lleno de veneno".
El aumento de impuestos, en su concepto, sólo afectará a los sectores de menos ingresos, que restringirán sus gastos, reducirá la demanda y también los ingresos fiscales.
Juan Restrepo, del opositor Partido Conservador y también opositor a Samper, opinó que lo que se decretó fue "una emergencia cosmética" que no toca el fondo del problema, que a su juicio fue la aprobación de un fondo de cofinanciación por 750 millones de dólares.
Restrepo y otros opositores a Samper sostienen que con este fondo de cofinanciación se beneficiaron los congresistas que absolvieron al mantadario de la investigación que se le siguió por narcocorrupción en 1996.
En el sector sindical, en el que Samper tenía importantes aliados en la crisis de 1996, el descontento llevó a aprobar un paro de los trabajadores estatales, que protestarán por el aumento de 13,5 por ciento, siete puntos por debajo de la inflación, a que los someterá el plan económico del gobierno.
El paro está programado para el 11 de febrero, y cuentan con el apoyo de las tres centrales obreras que tienen presencia en el país.
Igualmente, algunos analistas políticos piensan que el descontento que generarán los recortes en los planes de inversión social y el posible incumplimiento del gobierno con compromisos adquiridos en ese campo será capitalizado por la guerrilla para consolidar su control en las zonas donde tiene presecia. (FIN/IPS/yf/jc/if/97
