Cerca de 800.000 trabajadores estatales de Colombia realizarán el 11 de febrero un paro nacional en demanda de mayores salarios y contra las medidas económicas de emergencia adoptadas por el gobierno.
La huelga fue apoyada por las tres centrales obreras del país, pues "llegó el momento de que los trabajadores se unan y dejen de realizar acciones dispersas y sin ninguna eficacia", dijo Luis Garzón, presidente de la mayoritaria Central Unitaria de Trabajadores (CUT).
La medida afectará a los sectores de la enseñanza, la salud, el petróleo, las empresas de acueductos, telecomunicaciones y energía eléctrica y al Distrito Central de Bogotá.
La política social anunciada por el presidente Ernesto Samper ha fracasado y la "mayor cuota de sacrificio la están aportando los trabajadores", declaró Garzón.
El sector laboral "se siente traicionado" porque esperó un mejor tratamiento de este gobierno, que se hizo llamar "el gobierno de la gente".
El gobierno decretó un incremento salarial de 13,5 por ciento, siete puntos por debajo de la inflación registrada hasta diciembre (21,63 por ciento), como parte del plan de ajuste con el que busca reducir un déficit fiscal de 4.000 millones de dólares.
Para otros cuatro millones de trabajadores del sector privado que devengan salario mínimo se aprobó en diciembre un incremento de 21 por ciento.
En opinión del ministro del Trabajo Orlando Obregón, con el reajuste aprobado para el sector estatal era previsible que se decretara el paro. El gobierno está dispuesto a dialogar con los sindicalistas, señaló.
Obregón destacó que para compensar la pérdida del valor real del salario de los trabajadores, se himplementarán planes de vivienda, capacitación y bienestar social.
Garzón se mostró escéptico ante ese anuncio, porque según los planes de ajuste del gobierno no hay fonfos para grandes inversiones en el sector social.
El malestar social existente se reflejó esta semana en la Justicia, cuyos trabajadores decidieron paralizar sus actividades desde este lunes en rechazo a las medidas económicas.
El paro fue declarado ilegal por el gobierno, mientras Samper estimó que se trata de una "rebelión del Estado de Derecho contra sí mismo".
Es una medida de fuerza "inaceptable y contraria a la ética que debe guiar el espíritu de servicio" de quienes por disposición constitucional "son guardianes del orden jurídico de la nación", dijo el presidente.
Para Boris Montes de Oca, presidente de la Federación Colombiana de Educadores, la protesta de los funcionarios públicos fue estimulada por el gobierno, "que no midió las consecuencias que traerá afectar de manera considerable los ingresos de los trabajadores".
Alejo Vargas, catedrático de la Universidad Nacional, sostuvo que más allá de que las medidas económicas del gobierno sean buenas o malas, "van a tener repercusiones sociales y políticas relevantes".
El descontento social "no sólo va a causar traumatismos en el funcionamiento de ciertos servicios públicos" sino que afectará la situación de Samper, cuya imagen sufrió un profundo deterioro el año pasado tras la denunciada infiltración de dinero del narcotráfico en su campaña electoral de 1994. (FIN/IPS/yf/dg/lb-ip/97
