El nuevo embajador de Colombia en Washington, Juan Esguerra, tendrá el reto de lograr la certificación del Congreso norteamericano en la lucha antidrogas, en un ambiente adverso a causa de las bajas penas aplicadas a los jefes del narcotraficante Cártel de Cali.
Esguerra, que asumió este lunes, consideró "un golpe muy duro para la certificación que persigue Colombia" las condenas dictadas contra los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, quienes en el peor de los casos pagarían algo más de cinco años de prisión por dos décadas de delincuencia.
Los dos hermanos, señalados como jefes del Cártel de Cali, que según la agencia estadounidense antidrogas DEA controlaba 80 por ciento del mercado mundial de la cocaína, fueron condenados el viernes 17 por delitos de narcotráfico y enriquecimiento ilícito.
El embajador de Estados Unidos en Bogotá, Myles Frechette, calificó este domingo de "inaceptable" el fallo judicial en un reportaje al influyente diario El Tiempo, aunque reconoció los avances logrados en 1996 por Colombia en su lucha contra el narcotráfico.
Igualmente, el general norteamericano Barry McCaffrey, jefe de la lucha antidrogas, afirmó que en la decisión del juez se advierte "el poder corrupptor de 30.000 millones de dólares en dinero de las drogas sobre las instituciones de un gobierno democrático".
En las actuales circunstancias, estimó Juan Tokatlián, analista de la Universidad Nacional (la principal del sector estatal), Esguerra marcha por "el camino certero de la descertificación"
El Congreso de Estados Unidos otorga todos los años su aval o "certificación" a los países que según sus parámetros han colaborado eficientemente en la lucha antidrogas. En caso contrario, les da un aval por razones de "interés nacional" o les quita totalmente el aval, los "descertifica".
La certificación por razones de "interés nacional" como la que se otorgó a Colombia en marzo de 1995, es una especie de llamado de atención, que indica que las autoridades norteamericanas consideran que el desempeño de ese país no ha sido satisfactorio.
Con la descertificación, Colombia perdió el aval estadounidense para tramitar créditos en los organismos multilaterales, recibió recortes en programas de cooperación y quedó sujeta a posibles sanciones comerciales por parte de Washington.
El cargo de embajador en Washington estaba vacante desde el 30 de julio, cuando renunció Carlos LLeras, quien debió enfrentar el difícil proceso en el que Colombia fue "descertificada".
Las relaciones bilaterales entre los dos países comenzaron a deteriorarse desde el comienzo del gobierno de Ernesto Samper, en 1994, por las denuncias de participación del narcotráfico en la financiación de la campaña electoral del mandatario.
El punto más bajo se alcanzó en 1996, con la descertificación en marzo y la cancelación de la visa de ingreso a Estados Unidos al mandatario en julio.
En el informe que Frechette envió para el proceso de certificación de 1996, que se realizará en marzo, se recogieron los avances en las leyes para expropiar los bienes de los narcotraficantes y el trabajo de Esguerra como ministro de Defensa y del equipo de gobierno para combatir el narcotráfico.
Estos avances, en opinión de Mauricio Echeverry, encargado de negocios de Colombia en Washington, deben servir para que este país sea evaluado positivamente en su lucha contra el tráfico de drogas.
"Colombia tiene hechos importantes y avances efectivos que mostrar en el marco de la agenda bilateral antinarcóticos", y que creemos tendrán que ser reconocidos en Washington, afirmó Echeverry.
El funcionario diplomático indicó que no quiere "pecar de ingenuo ni de optimista", pero en en el peor de los casos a Colombia habrá que otorgarle una certificación por razones de interés nacional".
El ex ministro de Relaciones Exteriores, Rodrigo Pardo, considera sin embargo que hay aspectos internos de la política estadounidense que podrían estar en su contra.
Los ataques se esperan, en opinión del experto, del lado republicano, con mayoría en el Congreso que iniciará sus sesiones el 5 de febrero.
Los republicanos, con el senador Hesse Helms, son quienes mayores críticas ha hecho a Colombia en su desempeño en la lucha contra el narcotráfico.
Según Pardo, el caso de Colombia, con anterioridad a la decisión sobre los Rodríguez, estaba siendo analizado "con moderado optimismo".
Para algunos analistas, Colombia aún cuenta con una oportunidad y es lograr que el Congreso apruebe en las sesiones extras para las que será convocado en febrero un paquete de leyes de aumento de penas a los narcotraficantes que ya superó un primer debate en diciembre.
Según Frechette, el resultado del examen que hará en marzo el gobierno estadounidense "está en manos de Colombia, en lo que se ha hecho y lo que está todavía por hacerse". (FIN/IPS/yf/jc/ip/97
