Una asamblea indígena de la comunidad paez del sur de Colombia decidió aplazar hasta el 20 de febrero el castigo a 11 de sus miembros acusados de asesinato y reabrir el proceso, que denominan "revisión de la palabra".
La ejecución de la sentencia se aplazó "para demostrarle a la opinión pública y mundial que la investigación realizada por nuestro tribunal aportó pruebas contundentes" para condenar a estas personas, afirmó este sábado Manuel Potó, diputado paez.
El aplazamiento se resolvió este viernes, en una reunión en la que participaron representantes de 60 cabildos (localidades) del sureño departamento del Cauca, tras la polémica generada por un fallo de la justicia ordinaria que atendió un recurso de amparo de un acusado, que adujo falta de garantías en el proceso.
Para llegar el acuerdo los indígenas realizaron un prolongado debate en el que trataron temas como la injerencia de la "ley blanca", denominación que dan a la justicia ordinaria, y el respeto a la autonomía que les dio la Constitución de 1991 para aplicar en sus territorios sus propias leyes.
Las autoridades indígenas afirmaron que se hará la "revisión de la palabra" para "darle transparencia" al proceso ante organismos que criticaron la decisión.
La organización humanitaria Amnistía Internacional pidió que se suspendiera el castigo de 60 latigazos y destierro ordenado para los afectados, por considerar que el castigo físico lesiona la dignidad de las personas.
En la justicia indígena paez el castigo con latigazos que se aplica en las piernas de los condenados es una práctica ancestral, que consideran menos dañina que el encierro en cárceles, como ocurre en el resto de la sociedad.
Potó dijo que en la reapertura del proceso se realizarán nuevas indagatorias a los afectados, sus declaraciones serán enfrentadas a las de los testigos y revisadas por el Consejo de Gobernadores Indígenas, luego de lo cual ya no habrá posibilidades de una nueva reapertura del proceso.
Los 11 indígenas fueron señalados como autores intelectuales del asesinato del alcalde de Jambal, Marden Betancur, ocurrido el 19 de agosto pasado.
Según la investigación realizada, los indígenas acusaron a Betancur ante el guerrillero Ejército de Liberacin Nacional (ELN) de fomentar la creación de grupos paramilitares (de derecha) en el Cauca y le aportaron información para asesinarlo.
Autoridades indígenas informaron que el ELN envió un comunicado a la comunidad en el que reconocieron que el asesinato de Betancur fue un error.
Este sábado, otros siete indígenas paeces acusados de robo, entre los que se encontraba un menor de edad, fueron castigados con latigazos en la comunidad de Toribo, en el sur del Cauca. (FIN/IPS/yf/ag/pr-hd/97
