La pugna política desatada en Chile por la fuga de cuatro insurgentes recrudeció hoy cuando la oposición derechista abandonó una sesión secreta de la Cámara de Diputados, en que el gobierno informaba sobre la lucha contra el terrorismo.
El incidente tuvo lugar en la sede del Poder Legislativo en Valparaíso, 120 kilómetros al oeste de Santiago, y ambas partes se acusaron de propósitos de manipular la virtual crisis creada por la espectacular evasión del 30 de diciembre desde una cárcel de alta seguridad.
El ministro del Interior, Carlos Figueroa, pudo exponer sólo ante los parlamentarios de los cuatro partidos oficialistas el informe del gobierno sobre las implicaciones de la fuga de los insurgentes del ala autónoma del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR-A).
En Santiago, mientras tanto, el gobierno pidió al juez especial Lamberto Cisternas, quien investiga la evasión, que establezca si hubo delito en polémicas declaraciones formuladas esta semana por un abogado defensor de derechos humanos.
El abogado Jorge Pavez sostuvo que el FPMR-A volverá a realizar acciones armadas "para tomar justicia por sus manos", en tanto persista la impunidad que protege a violadores de derechos humanos durante la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-90).
Luis Toro, abogado del Ministerio del Interior, pidió igualmente a Cisternas que amplíe su investigación a asaltos bancarios ocurridos durante 1996, con cuyos botines se habría financiado la espectacular operación de fuga.
Se estima que el comando del FPMR-A que rescató a los insurgentes en un helicóptero gastó un millón de dólares en los preparativos de la fuga, que se habrían prolongado por un año, y en la evasión misma.
A nueve días del "gran escape" continúan prófugos los cuatro insurgente, entre los cuales están Ricardo Palma y Mauricio Hernández, condenados a presidio perpetuo por el asesinato en 1991 del senador derechista Jaime Guzmán.
Cisternas confirmó versiones policiales en cuanto a que el comando autor del rescate, conformado por dos hombres y dos mujeres, habría salido de Chile hacia Argentina por tierra, a través del paso Los Libertadores, el principal nexo fronterizo entre los dos países.
La sesión secreta de este miércoles en la Cámara de Diputados fue pedida por el gobierno, luego de que el presidente Eduardo Frei finalizara el martes una ronda de consultas en busca de un consenso nacional para "la lucha contra el terrorismo".
Frei se reunió entre lunes y martes con dirigentes políticos, sindicales, empresariales y dignatarios eclesiásticos, así como con Pinochet, actual comandante del Ejército, y los demás jefes militares en el Consejo de Seguridad Nacional.
El propósito de los informes a los legisladores era ganar el respaldo parlamentario para nuevas leyes relativas a la seguridad pública y el control de acciones armadas, pero la actitud de la oposición podría frustrar ese objetivo.
Víctor Pérez, jefe de la bancada de diputados de la opositora Unión Demócrata Independiente (UDI), dijo que no se justificaba una sesión secreta, ya que los antecedentes que estaba entregando Figueroa son ampliamente conocidos a través de la prensa.
"Lo que el gobierno busca son fines comunicacionales", afirmó Pérez, quien reiteró la posición de la derecha en el sentido de que la administración de Frei "carece de decisión política para combatir el terrorismo".
El ministro de la Secretaría General de Gobierno, José Joaquín Brunner, calificó de lamentable el retiro de los diputados opositores y sostuvo que "a la derecha sólo le interesa el aprovechamiento político de esta situación".
Roberto León, jefe de los diputados de la Democracia Cristiana, principal fuerza del gobierno, expresó que la oposición derechista "no cree en una vía democrática para la lucha contra el terrorismo".
El ministro del Interior subrayó que los antecedentes incluidos en su informe obligaban a que la sesión de la Cámara de Diputados fuera secreta. (FIN/IPS/ggr/ag/ip/96
