El juez especial Lamberto Cisternas calificó hoy de altamente probables las versiones sobre la huída hacia Argentina del comando que hace 10 días rescató de una cárcel de alta seguridad en Chile a cuatro insurgentes.
El magistrado puntualizó que, en cambio, tienen menos asidero los informes que plantean el escape por la frontera terrestre con Bolivia, de los protagonistas de la audaz fuga que tuvo lugar en Santiago en la tarde del 30 de diciembre.
Las investigaciones se concentran en los cuatro fugados y en el grupo de dos mujeres y dos hombres que alquilaron a una empresa particular el helicóptero que asaltó el penal y rescató en un canastillo colgante a los presos del ala autónoma del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR-A).
Dos mujeres y uno de los hombres habrían viajado en un taxi hasta la ciudad argentina de Mendoza, distante unos 200 kilómetros al oeste de Santiago, por la ruta del paso fronterizo de Los Libertadores.
El grupo habría aprovechado la confusión lógica de las primeras horas tras el audaz operativo, para viajar el mismo 30 de diciembre, según los informes que la policía recogió en una empresa de taxis que hace regularmente el trayecto a Mendoza.
Uno de los choferes recordó que ese día llevó hasta la ciudad fronteriza argentina a dos mujeres y un hombre cuyas características físicas coinciden con los retratos hablados que distribuyó la policía hace una semana.
Cisternas reconoció que el tiempo está jugando a favor de los "frentistas", mientras la justicia y la policía se ven abocadas a investigar todas las pistas e hipótesis surgidas en torno al "gran escape".
Ricardo Palma y Mauricio Hernández, dos de los miembros de la cúpula del FPMR-A fugados, cumplían condena de presidio perpetuo por el asesinato el 1 de abril de 1991 del senador derechista Jaime Guzmán, ex asesor de la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-90).
En el frente político, el tema sigue generando roces entre el gobierno y la oposición derechista, que integran los partidos Renovación Nacional (PRN) y la Unión Demócrata Independiente (UDI), fundada por Guzmán.
Diputados de ambos partidos anunciaron que reunieron 40 firmas para realizar el próximo martes una sesión pública de su cámara sobre la fuga de los "frentistas" y escuchar un informe del ministro del Interior, Carlos Figueroa.
El miércoles los diputados del PRN y la UDI se retiraron de la sesión secreta pedida por el gobierno para informar sobre su política de seguridad pública y lucha contra el terrorismo, aduciendo que Figueroa no dijo nada nuevo en su informe.
Figueroa y la ministra de Justicia, Soledad Alvear, tuvieron en cambio su sesión secreta con el Senado, en la sede del Poder Legislativo en Valparaíso, 120 kilómetros al oeste de Santiago.
El diputado Alberto Espina, del PRN, dijo que el propósito de la sesión pública es que el ministro Figueroa tenga la oportunidad de contestar antes de que la derecha resuelva una eventual acusación constitucional contra él y Alvear.
Según la oposición, ambos ministros deben asumir la responsabilidad política por la fuga que, según la derecha, fue posibilitada por la falta de una política clara del gobierno contra los grupos calificados de terroristas.
El ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Juan Villarzú, acusó a los derechistas de desatar una "pequeña guerrilla" en torno a la evasión del FPMR-A con fines de aprovechamiento político.
Villarzú insistió en el planteamiento del presidente Eduardo Frei en el sentido de que "la única manera de acabar con el terrorismo es generando una gran unidad nacional". (FIN/IPS/ggr/ag/ip/96
