Superando un vacío de más de un siglo en la legislación chilena, la Cámara de Diputados acaba de aprobar la posibilidad de que exista en el país una ley de divorcio.
Desde 1983, cuando se discutió la ley del matrimonio civil y se rechazó por primera vez la posibilidad del divorcio legal, otros siete proyectos en tal sentido fueron descartados, poniendo a Chile como el único país occidental sin ley de divorcio.
En una "decisión histórica", en la noche del jueves, luego de agitados debates, un proyecto de ley que permitiría el divorcio fue inicialmente aprobado por 53 votos a favor y 40 en contra, sin ninguna abstención.
La votación no significa que en Chile se haya aprobado una ley de divorcio sino simplemente que los legisladores aceptaron la idea de discutir sobre el tema y someter un proyecto a las dos cámaras del parlamento.
El proyecto está "sólo en los trámites iniciales y, seguramente, pasará todo este año antes que el pleno (de la Cámara de Diutados) vuelva a votarla y la envíe al Senado", explicó Gutenberg Martínez, presidente de la Cámara baja.
Luis Ferrada, diputado por el derechista partido Renovación Nacional, encabeza una acción ante el Tribunal Constitucional y afirma contar con el apoyo de 40 diputados (de un total de 120) para impedir que ese proyecto, aun siendo aprobado, pueda aplicarse.
Los analista prevén que en los próximos meses se desatem fuertes presiones sociales sobre los legisladores en favor o en contra de la ley de divorcio.
La Iglesia Católica, gran derrotada en la jornada del jueves, tendrá que volver a la carga con más fuerza si quiere impedir el divorcio legal.
Como un "traspié que no representa la pérdida definitiva de la familia" calificó este viernes la decisión de la Cámara de Diputados el secretario general de la Conferencia Episcopal, Javier Prado.
La votación de los diputados no significa que el país se esté descristianizando, como había afirmado un parlamentario católico, sino que se trata de "algo puntual", estimó.
La votación del jueves unió, en ambos bandos, a parlamentarios de diversas corrientes políticas y el proyecto de ley sobre el divorcio fue inicialmente aceptado por legisladores de todos los partidos aunque con mayoría (46 de los 53) oficialista.
Entre 74 y 85 por ciento de los chilenos quiere que exista una ley de divocio, según encuestas realizadas en los últimos años que además muestran que los favorables a esa legislación están en aumento.
Así se han prinunciado líderes de diversos sectores sociales, incluídos los principales dirigentes de partidos políticos, salvo la derechista Unión Democrata Independiente y la jerarquía católica.
Uno de los argumentos más usados para aprobar tal ley se refiere a que los divorcios existen, en base a un resquicio legal, pero que a esa posibilidad sólo acceden quienes tienen recursos para pagar abogados que tramiten la anulación.
Cerca de 6.000 anulaciones se aprueban anualmente en Chile pero otros varios miles de parejas no pueden hacerlo por falta de dinero. Para superar esa carencia recurren a una "anulación de los pobres" que consiste en declarar la "muerte presunta" del cónyuge.
La directora del Registro Civil, Berta Belmar, denuncia que la "bigamia es otra solución" para enfrentar la falta de una ley de divorcio.
No se trata de personas que mantengan dos matrimonios realmente sino que simplemente se casan legalmente por segunda vez sin haberse divorciado.
"Estamos detectando seis bigamias por día y son más mujeres que hombrtes que lo hacen para resolver problemas económicos", sostiene Belmar.
La imposibilidad de divorciarse lleva a que miles de parejas convivan sin vínculo legal como matrimonios de hecho, lo que explica la alta tasa de hijos nacidos fuera del matrimonio (legal).
En 1996, de un total de 236.000 niños nacidos, 41,2 por ciento (97.000) fueron concebidos fuera del matrimonio, de acuerdo con las estadísticas del Registro civil.
"El 75 por ciento de esos niños está reconocido por ambos padres y muchos de ellos tienen hermanos y forman parte de una familia estable" aunque no legalizada, sostiene Belmar.
En Chile, a pesar de que el gobierno ha firmado diversos convenios internacionales en favor del niño, aun existe una legislación que discrimina a los hijos "ilegítimos", que tienen menos derechos (de herencia, entre otros) que los nacidos dentro del matrimonio. (FIN/IPS/gcm/dg/pr-hd/97
