Bajo fuertes presiones de la Iglesia Católica la Cámara de Diputados de Chile inició hoy un histórico debate acerca de la autorización del divorcio.
Las discusiones parlamentarias comenzaron en la mañana de este miércoles y fueron transmitidos por un canal de televisión por cable pero se estima que la votación será secreta a pedido de algunos parlamentarios que denunciaron presiones ilegítimas de la jerarquía de la Iglesia Católica.
El diputado Ignacio Walker, de la gobernante Democracia Cristiana, se mostró partidario de legislar sobre el divorcio para superar la situación actual, en la que los casados que quieren separarse legalmente deben acudir a un fraude con la anulación del matrimonio aprovechándose de un resquicio legal.
Los obispos católicos se han mantenido, como bloque, en una posición de absoluto rechazo al divorcio, señalando que autorizarlo terminaría por "destruir la familia chilena, pilar de la sociedad".
Arturo Longton, diputado por la derechista Renovación Nacional, fue uno de los que dijo saber acerca de "presiones que han estado ejerciendo ciertos sectores de la Iglesia Católica".
Mientras los parlamentarios hacían sus intervenciones en el plenario de la Cámara, entre el público se podía observar a un solitario y no identificado sacerdote que vestido con el típico traje negro escuchaba los debates.
Durante todo el miércoles los diputados discutieron un proyecto de ley que pretende aumentar las causales para la anulación del matrimonio, presentado por el diputado democristiano Zarko Luksic, quien se opone al divorcio vincular.
Otro proyecto que permitiría esa figura, elaborado por diputados del también oficialista Partido Socialista, será puesto en discusión y sometido a votación el jueves.
Los legisladores progresistas desean que su proyecto de ley sea votado en marzo, cuando se estima podría haber una manifestación mayor de las organizaciones sociales a favor de tal legislación.
Los partidarios de la legalización del divorcio se muestran, en todo caso, a favor de una votación abierta en la Cámara de modo que los electores sepan cómo se pronunciarán los parlamentarios sobre ambos proyectos.
En Chile, donde 70 por ciento de la población se reconoce como católica, un porcentaje similar se muestra a favor de una legislación que permita el divorcio.
Aparte de las miles de anulaciones, miles de matrimonios viven separados de hecho y no han podido anular su vínculo legal porque carecen de los recursos para pagar abogados que realicen esa gestión ante los tribunales.
Chile es el único país occidental que no contempla el divorcio en su legislación. (FIN/IPS/gcm/dg/pr-hd/97
