Abogados defensores de la derechos humanos denunciaron hoy que existe en Chile una "cohabitación" entre el poder civil y el militar que se traduce en un "blanqueo" de los crímenes represivos de la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-90).
Los juristas de la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (FASIC) dijeron que en 1996 el tema de los derechos humanos desapareció de la agenda política tanto del gobierno del presidente Eduardo Frei como de la oposición derechista.
La fuga de cuatro insurgentes desde una cárcel de alta seguridad el 30 de diciembre derivó en la imposición en el país un debate artificial sobre un supuesto "rebrote del terrorismo", advirtieron igualmente los abogados.
El equipo jurídico de FASIC reiteró así su rechazo a una eventual "militarización" de las políticas de seguridad pública mediante la intervención de las Fuerzas Armadas en los nuevas políticas y organismos de "lucha contra el terrorismo".
La conmoción causada por la espectacular evasión en un helicóptero de cuatro guerrilleros de la fracción autónoma del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR-A), reactivó las críticas a un doble estándar en materia de derechos humanos.
Los cinco abogados señalaron el contraste entre la acuciosidad con que se investigan y persiguen crímenes con ribetes políticos ocurridos tras el restablecimiento de la democracia en 1990 y la impunidad para los crímenes represivos de la dictadura.
El equipo jurídico, integrado por Verónica Reyna, Nelson Caucoto, Héctor Salazar, Alberto Espinoza y Sergio Concha, sostuvo que en el gobierno y la oposición derechista se percibe "la voluntad nítida de borrar forzadamente las violaciones de derechos humanos del debate nacional".
Los casos que se tramitan en los tribunales, dijeron, tienen como "horizonte final" la absolución mediante el decreto-ley de amnistía que la dictadura expidió en 1978 o por prescripción de la responsabilidad penal, como se está haciendo últimamente.
En los casi 17 años de régimen dictatorial se produjeron en Chile alrededor de 3.000 crímenes represivos, entre desapariciones forzadas y asesinatos por parte de agentes del Estado, según los últimos informes al respecto.
"En el terreno político existe una cohabitación entre el poder civil y el militar, que se traduce en una operación de 'blanqueo' (limpieza) de las responsabilidades penales de violaciones ocurridas bajo la dictadura", según FASIC.
Los abogados recordaron que a fines de 1996 se reactivaron más de 100 casos de desaparecidos y asesinados e inmediatamente el Ministerio Público Militar pidió el cierre de todos los procesos, lo cual fue rechazado por la Corte Suprema.
Los tribunales de primera instancia han demostrado su voluntad de investigar estos casos, que son reclamados también por la justicia militar, y la Corte Suprema ha fallado las competencias a favor de esta última, que sobresee (cierra) todos los procesos, indicó el balance de FASIC.
Estas contradictorias actitudes de la Corte Suprema, que rechaza el cierre de los juicios pero luego los entrega a los tribunales castrenses, aumenta de responsabilidad del máximo tribunal, sostuvieron los defensores de derechos humanos.
El tratamiento a los crímenes cometidos bajo la dictadura contrasta con la investigación realizada en torno al asesinato del senador derechista Jaime Guzmán, cometido el 1 de abril de 1991, en el gobierno de transición democrática de Patricio Aylwin (1990- 94).
Dos de los insurgentes fugados el 30 de diciembre, Mauricio Hernández y Ricardo Palma, estaban cumpliendo penas de presidio perpetuo por el crimen del senador, que es investigado actualmente por la jueza Raquel Camposano.
La magistrada inculpó en diciembre por obstrucción a la justicia al director de la Policía de Investigaciones, Nelson Mery, y al ex secretario ejecutivo del Consejo de Seguridad Pública, Marcelo Schilling, quienes fueron absueltos el viernes último por la Corte Suprema.
"Esta positiva vehemencia de parte de los tribunales para investigar situaciones delictuales con ribetes políticos en democracia no se reproduce con la misma intensidad tratándose de crímenes de la dictadura", señaló el abogado Salazar.
El jurista recordó a ese respecto el virtual congelamiento en que permanece la investigación por el homicidio en febrero de 1982 del líder sindical Tucapel Jiménez, atribuído a la Central Nacional de Informaciones, policía represiva de Pinochet.
Salazar y sus colegas insistieron igualmente en que a raíz de la fuga de los presos del FPMR-A "se ha impuesto un debate artificial, ya que Chile no vive un rebrote del terrorismo". (FIN/IPS/ggr/dg/ip-hd/97
